¿Son suficientes las ayudas públicas ante las nuevas restricciones? Los expertos piden salarios de emergencia y alivios fiscales

Inmerso el país en la segunda ola del coronavirus tras la que golpeó con tremenda virulencia la pasada primavera, el gran debate en España está entre si no confinar con dureza (caso de la Comunidad de Madrid) o si sí hacerlo (caso de prácticamente el resto de autonomías). Pero cada vez más, en público y en redes sociales, atruena un segundo interrogante: ¿por qué mientras Alemania, Francia o Italia anuncian nuevas ayudas masivas a sus pequeñas y medianas empresas, en España el tejido productivo más vulnerable, el cual emplea al 75% de los trabajadores nacionales, no ha recibido transferencias directas más allá de las medidas adoptadas por ayuntamientos, diputaciones y Comunidades Autónomas?

La respuesta es desoladora y pone en común a economistas heterodoxos situados en la izquierda política y a patronales de empresarios como Cepyme: en España hasta ahora se ha hecho mucho por los trabajadores y muy poco por las empresas, sobre todo las de menos ingresos y trabajadores. Solo los ERTE costarán al final de año 17.840 millones de euros, según el plan presupuestario remitido a Bruselas por parte del Gobierno antes del anuncio de los Presupuestos Generales del Estado. La inquietud por bares, restaurantes y cualquier tipo de comercio abocado a cerrar ha corrido como la pólvora por Twitter, caso del ex presidente de Red Eléctrica Española Jordi Sevilla.

Los expertos consultados responden al unísono: se necesitan más beneficios fiscales y ayudas públicas inmediatas ante un nuevo confinamiento. Entre esas ayudas hay quien defiende una suerte de "salario de emergencia" que vendría a mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) hasta que llegue la vacuna.   

"Todo se ha planteado muy mal", opina el economista de izquierdas Juan Carlos Barba. "Aquí no se puede actuar de manera asimétrica por mucho que el país esté descentralizado. Hay que abordar el capítulo de las ayudas directas sin ambages, porque solo se ha recurrido a avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las firmas con problemas de liquidez y a la exoneración de cotizaciones sociales para empresas en ERTE". 

De momento, el Estado ha abonado entre marzo y septiembre 5.218 millones de euros al exonerar el pago de cotizaciones sociales a las empresas en ERTE (y es importante resaltar la situación de ERTE) y 4.138 millones por las prestaciones para autónomos afectados por la pandemia, según reveló hace un mes el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso.

"¿Interesa que reabran los mismos bares que antes?"

Los ejemplos que revelan que España está muy lejos de las principales potencias europeas saltan a la vista. Alemania ha cerrado sus servicios de hostelería y restauración durante al menos un mes pero pagará el 75% de la facturación de noviembre de 2019 a los comercios de menos de 50 trabajadores, una medida que todo el mundo cree que se ampliará; Francia ha diseñado un ambicioso plan de ayudas, con partidas de hasta 10.000 euros al mes por pyme, para el confinamiento severo de un mes que ha decretado Emmanuel Macron. Italia, por su parte, también ha aprobado un paquete de ayudas directas de 5.400 millones tras el cierre de negocios no esenciales. España solo ha destinado el 5% de su munición multimillonaria contra el covid-19 a las empresas por más del 50% en Alemania, si bien es verdad que la dependencia del sector turístico y de los servicios priorizaron la protección de los asalariados vía ERTE, que al fin y al cabo también es un alivio para los empresarios.

"Soy partidario a corto plazo de un ingreso de emergencia", opina el ex ministro de Industria Miguel Sebastián. "Que todos los empresarios vean cubiertas sus necesidades si vuelve a haber otro cierre. ¿Y por qué estos salarios urgentes? Porque a lo mejor no nos interesa que vuelvan a abrir los mismos bares que había antes de la pandemia y apostar por otro modelo productivo. Con ese ingreso, la decisión de si cerrar o no puede recaer sobre el empresario". 

Otro ex alto cargo gubernamental pide desde el anonimato adoptar dos medidas: "Condonar impuestos y fórmulas de transferencias directas a las empresas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado". Esta fuente asegura que es peor la quiebra de miles de empresas a posteriori que engordar coyunturalmente la deuda y el déficit. "Es el mejor momento para endeudarse", y añade que el Gobierno ha defendido más a las grandes empresas que a las pequeñas y medianas con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que ha rescatado a Air Europa con un crédito participativo, a la vez que otra gran empresa, Duro Felguera, condiciona su superviviencia a la obtención de otro crédito de 100 millones.

Gastar, la mejor opción

El economista Eduardo Garzón –hermano menor del ministro de Consumo y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid– se manifiesta "totalmente de acuerdo" con el desagravio a las pymes frente a las grandes. "Más allá de las causas del parón, en otros países como Alemania o Francia las ayudas directas a las pymes que han tenido que cerrar han sido infinitamente más cuantiosas". Garzón cree que en la primera ola del virus en primavera los apoyos a los trabajadores por parte del Gobierno fueron más decididos, pero que ahora España queda rezagada en la protección al comercio. "Es indignante que el Estado ayude a grandes empresas como Air Europe sin entrar en el accionariado o ningún tipo de contraprestación. Eso lo hacen Francia y Alemania, pero aquí tenemos el complejo heredado de la etapa del rigor fiscal". 

Garzón cita un post de William Mitchell, uno de los portaestandartes de la Teoría Monetaria Moderna que defiende que el gasto neto en estos tiempos de pandemia es la mejor opción económica a futuro. 

Según Juan Carlos Barba, "el Ejecutivo está siendo muy cobarde con el gasto, con la deuda casi a intereses negativos y la hecatombe de la demanda". Sobre el rescate a grandes empresas, Barba cree que "quien tiene mejores contactos en las altas esferas tiene más opciones de salvarse. Eso no le sucede a un bar". 

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme –la patronal de pequeñas y medianas empresas asociada a CEOE–, aboga igualmente por ayudas directas y otras opciones complementarias: "Si ante una primera ola se aprobaron dos medidas claves como los ERTE y los créditos ICO, ante una segunda ola y con una situación de desgaste en las empresas muy preocupante se deberían incluir planes de estímulo a la demanda", valora Cuerva. Y expone su propuesta: "Ampliar al menos un año los avales del ICO, aplazamientos y rebajas fiscales y, en algunos sectores muy castigados, ayudas directas para las pymes que sufran una fuerte caída de ingresos".

Hasta ahora, las ayudas directas a pequeños comercios proceden de la administración territorial: por ejemplo, los ayuntamientos han podido concertar una serie de compensaciones económicas en función de su superávit. Y al dueño de un bar o de un negocio clausurado por el covid-19 le ha ido mejor o peor según el estado fiscal de la Corporación municipal a la que pertenezca. Fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) subrayan que los consistorios jugarán un papel crucial al poner a su disposición 15.000 millones extra el Ministerio de Hacienda el pasado mes de octubre, es decir, por la liberación de los remanentes, además de la supresión de la regla de gasto. El resto de transferencias económicas proceden de comunidades autónomas o diputaciones.