MERCADO LABORAL

Telefónica, CEOE, grandes ETT y 20 fundaciones se hacen con las agencias privadas de colocación

Telefónica, CEOE, las grandes ETT y 20 fundaciones se hacen con las agencias privadas de colocación

Dos años y cuatro meses ha tardado el Ministerio de Empleo en poner en marcha, o casi, las agencias privadas de colocación, que competirán con el antiguo Inem, el servicio público, en la búsqueda de trabajo para los parados. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la lista de las 80 empresas que el departamento de Fátima Báñez ha elegido para formar parte del acuerdo marco que regulará su actividad. Entre ellas, la filial de formación de Telefónica, el instituto de formación de la CEOE, las grandes ETT, una veintena de fundaciones, un ayuntamiento valenciano del PP, dos órdenes religiosas, organizaciones empresariales, la patronal de los autónomos ATA, cuatro cámaras de comercio…

Ha sido un proceso muy largo y no exento de dificultades. La reforma laboral, aprobada por decreto en febrero de 2012, autorizó a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) a funcionar como agencias privadas de colocación. Desde entonces, el Gobierno no se cansado de subrayar la ineficacia de los Servicios Públicos de Empleo –sólo intermedian en el 2% de las ofertas de trabajo–, mientras las cifras del paro de larga y muy larga duración se disparaban: el 62% de los desempleados, 3,5 millones de personas, llevan más de un año sin trabajar y, de ellos, 1,3 millones se quedaron en el paro hace por lo menos tres años. Al tiempo, la UE y otros organismos internacionales reiteraban al Gobierno la necesidad de poner las políticas activas de empleo (la formación y recualificación profesionales) en el primer plano de la lucha contra el paro.

Sin embargo, el proceso de “colaboración público-privada” ha sufrido un retraso que casi exaspera a las empresas del sector de los recursos humanos. Hasta el pasado agosto el Consejo de Ministros no aprobó el acuerdo marco citado. En octubre, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspendió el proceso después de que 66 agencias que habían sido sido excluidas del proceso presentaran un recurso. Alegaban que Empleo había cambiado de forma irregular los criterios de solvencia técnica y financiera cuando ya se había cerrado el plazo para presentar solicitudes. A su juicio, el ministerio pretendía beneficiar a las grandes firmas del sector. El tribunal dio la razón a los recurrentes en diciembre y reanudó el proceso. Finalmente, una vez resuelta la adjudicación, hace escasas fechas, Cruz Roja presentó un recurso tras quedar la número 83 en las puntuaciones. La mesa lo rechazó.

Los contratos están en fase de firma, según las fuentes del sector consultadas, pero el proceso no ha acabado. Ahora son las comunidades autónomas las que tendrán que elegir qué agencia quieren que opere en su territorio. O bien convocar su propio concurso, lo que puede retrasar aún más la puesta en marcha del nuevo sistema mixto de colocación. En todo caso, fuera del acuerdo han quedado las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Andalucía. Si no hay más retrasos, las agencias privadas comenzarán a trabajar el próximo otoño. Y habrá que esperar a mediados de 2015 para empezar a notar sus resultados.

Adecco y Randstad, por triplicado

Las agencias elegidas son finalmente 80, aunque en un principio iban a ser sólo 60. Entre ellas figuran multinacionales de los recursos humanos como Manpower, Adecco y Randstad. Es más, Adecco ha conseguido tres adjudicaciones: como ETT, como fundación y como Lee Hecht Harrison –su división especializada–. Lo mismo que Randstad: como Randstad Consultores, como ETT y como fundación. También han conseguido un contrato otras grandes como Eulen, CRIT o Grupo Norte.

También la CEOE, a través de su Instituto Superior de Estudios Empresariales, funcionará como agencia privada de colocación. Pero no es la única patronal que se ha apuntado a competir con el antiguo Inem. La Federación Asturiana de Empresarios, la Federación Empresarial Madrid Norte –Tres Cantos– y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Prosperidad –un barrio de Madrid– figuran en la lista. Al igual que cuatro cámaras de comercio: Cuenca, Córdoba, Castellón, Lanzarote. Y la asociación de autónomos ATA, que preside Lorenzo Amor.

Destaca además el hecho de que han resultado adjudicatarias 20 fundaciones de todo tipo. Entre ellas, la Fundación Laboral de la Construcción, la Fundación Comarcas Mineras (Fucomi) y la Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector del Metal de Asturias, en las que participan los sindicatos UGT y CCOO junto con las respectivas patronales. Además, abrirán sus propias agencias de colocación la orden de los salesianos –en realidad, dos: a través de la Asociación Salesiana de Tecnología e Innovción y de la Fundación Proyecto Don Bosco– y de los dominicos, gracias a la Fundación Benéfica San Martín de Porres.

También asociaciones de ayuda para discapacitados o colectivos desfavorecidos, incluida Cocemfe, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, han conseguido un contrato.

Nuevo proceso de selección autonómico

Un grupo numeroso de las adjudicatarias son ETT, muchas de ellas de ámbito autonómico o local: de Canarias a Aragón, pasado por la Comunidad Valenciana. Y entre las más peculiares de la lista puede citarse al Ayuntamiento de Puçol, en Valencia, gobernado por el Partido Popular. Aunque no es la única administración público que se presentó a la convocatoria. También lo hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su agencia para el empleo, pero no fue seleccionado. Otro caso llamativo es el Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana, que presume en su página web de ser “el único sindicato de España con agencia de colocación”. También Telefónica se ha apuntado al negocio de la colocación de parados, a través de su filial de formación online, Telefónica Learning Services.

En cualquier caso, de estas 80 empresas, “sólo el 50% podrá trabajar finalmente, una vez terminado el proceso en las comunidades autónomas”, augura Yojana Pavón, la portavoz de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC) que recurrió el concurso el año pasado.  Pavón está satisfecha con el listado final de empresas elegidas que, según destaca, es un “fiel reflejo” de lo que es el sector: pequeñas y grandes ETT, uniones temporales de empresas y entidades sin ánimo de lucro.

Hasta 3.000 euros por parado y una lista de pluses

¿Y cómo va a ser ese negocio? Las agencias de colocación cobrarán del Estado por cada parado al que encuentren trabajo: entre 300 euros por colocar a un menor de 25 años que lleve entre tres y seis meses en el paro y 3.000 euros por los mayores de 45 años desempleados durante dos años o más. En todo caso, se trata de precios máximos de licitación con el 21% del IVA incluido. El acuerdo marco permite a las agencias ofrecer hasta un 30% de rebaja sobre ese precio, que luego sufrirá una nueva merma cuando las comunidades autónomas adjudiquen sus propios concursos.

Además, las agencias privadas percibirán un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubran cobrando indebidamente la prestación y sea sancionado por los Servicios Públicos de Empleo.

Pero no será su único plus. También se les pagará una “cuantía por adscripción”: una cantidad fija por cada desempleado que se les encomiende, “con independencia del resultado que pueda tener finalmente el servicio de inserción”. Es decir, aunque no le consigan un trabajo. A la lista hay que añadir dos incentivos más. Uno “por especial dificultad de inserción”, de hasta 1.000 euros, por encontrar empleo a discapacitados o personas en riesgo de exclusión. Y otro por “el mantenimiento continuado en el empleo de la persona insertada”, hasta seis meses adicionales, que equivaldrá al 50% de la cuantía de inserción, la tarifa básica antes citada, de entre 300 y 3.000 euros.

En total, el Ministerio de Empleo destinará a los dos años del acuerdo, y a la prórroga de otros dos prevista inicialmente, un total de 200 millones de euros, sin incluir el IVA. Al tiempo, el presupuesto destinado a las políticas activas de empleo se recortó un 34,6% en 2013, tras sufrir otra rebaja del 21% en 2012.

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