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VIOLENCIA MACHISTA

Más de 13.500 condenados por violencia de género se sometieron a programas de reeducación en 2023

Decenas de personas en una manifestación en Valencia el 8 de marzo.

Tarragona, 2013. El agresor se monta en el coche junto a su pareja. Arranca y cuando ella decide abandonar el vehículo, él le agarra "fuertemente del brazo izquierdo" y se lo impide. La sentencia: delito de coacciones. Vitoria-Gasteiz, 2018. Un hombre se sienta en el banquillo por haber ejercido "violencia física y psíquica contra su pareja sentimental". Él la maltrataba "con frecuencia y en presencia de sus hijos". Los jueces lo condenan por un delito de maltrato habitual. Madrid, 2023. Un hombre agrede a su pareja después de que ella se negara a mantener relaciones sexuales. Le propina un puñetazo y le grita: "Hija de puta, no vales como mujer". Poco después, es condenado por maltrato en el ámbito familiar. Todos estos casos tienen algo en común: las penas impuestas fueron inferiores a dos años y los jueces decidieron suspender la entrada en prisión, siempre y cuando los hombres cumplieran con, entre otros, un requisito fundamental: la asistencia obligatoria a programas formativos sobre violencia de género.

El año pasado, un total de 13.566 agresores fueron castigados con penas y medidas alternativas a la prisión, según datos de Instituciones Penitenciarias. Se trata de programas de reeducación que buscan la recuperación más que el reproche punitivo, el trabajo colectivo más que la privación de libertad.

La medida beneficia siempre a agresores sin antecedentes penales y condenados a menos de dos años de prisión por delitos leves, explican las fuentes jurídicas consultadas. Entonces, se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel y una de las condiciones es la realización de cursos en materia de igualdad, no discriminación y violencia de género. Este programa, que suele prolongarse alrededor de diez meses, se conoce con el nombre de PRIA-MA. Habitualmente afecta a delitos que tienen que ver con el menoscabo psicológico o las lesiones, también las amenazas y ocasionalmente las coacciones, el trato degradante o el quebrantamiento de condena.

En el caso de la población reclusa por violencia machista, esta también pueden someterse a programas de reeducación dentro de prisión o una vez está en semilibertad, durante el tercer grado, los llamados programas PRIA. Estos sí, son de carácter voluntario y quienes los cursan no están incluidos entre los 13.566 citados.

Transformar la ira en empatía

Los objetivos del programa son ambiciosos: la erradicación de "conductas violentas" y la reducción del "nivel de reincidencia de los participantes". Los agresores machistas que participan en las sesiones hablan de celos, control y relaciones tóxicas. Quizá por primera vez, o quizá sin haberse deternido a pensar de dónde brota su conducta violenta. Laura Negredo, subdirectora general adjunta de Penas y Medidas Alternativas, describe en conversación con este diario el contenido de los programas. Normalmente se hacen de forma grupal, expone, aunque existe la posibilidad de individualizarlos. ¿Por qué grupales? "Porque la propia dinámica del grupo genera sinergias terapéuticas muy importantes", explica la experta. A veces, verbalizar vivencias propias puede despertar la conciencia del que está al lado. 

El motor que mueve las sesiones es la "motivación al cambio": la lógica es que la ira inicial dé paso a "una motivación interna para modificar su comportamiento en el futuro". Para ello, los especialistas trabajan alrededor de cuestiones como "la empatía hacia la víctima", desmontar "creencias machistas y distorsionadas sobre la pareja", además del control de "emociones negativas, como la ira o el déficit de autoestima".

La pregunta es inevitable: ¿cuál es el impacto de estos programas?, ¿son realmente efectivos? La primera respuesta pasa necesariamente por observar la reincidencia. Quienes investigan este campo, señalan que existen distintos tipos de reincidencia: la delictiva (cuando se comete el delito), la policial (cuando se detecta), la judicial (cuando se juzga) y la penitenciaría (cuando se condena con pena de cárcel). Así lo advierte Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. "La reincidencia tiene distintos niveles y la que conocemos es una parte mínima de la que se puede producir, porque muchas veces ni siquiera se denuncia, o si se denuncia puede no llegar a juzgarse y si se juzga puede no derivar en una condena. Todo esto es un sesgo importante, a veces insalvable, para realizar un análisis de la situación", comenta al teléfono.

Aunque existen voces escépticas respecto al impacto de estos programas, Negredo cree que están en minoría. "Es una medida popular", afirma. En cuanto a sus resultados, la experta se remite a un estudio: Reincidencia de los agresores de pareja en penas y medidas alternativas, publicado en 2017. El informe analiza los resultados sobre la tasa de reincidencia de los agresores con nuevas denuncias policiales, tras un periodo de seguimiento de cinco años. Según la investigación, el 6,8% de los usuarios del programa de intervención en violencia de género reincidió en los cinco años posteriores a haber finalizado el tratamiento. Es decir, el 93,2% no vuelve a cometer ningún delito.

Según estos datos, el 51% de las nuevas denuncias se producen por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, seguidos del quebrantamiento de una medida cautelar (21%), las amenazas (15%) y las lesiones (6%). El 5% restante corresponde a denuncias policiales por delitos de coacciones, vejaciones leves, incumplimiento de obligaciones familiares o sustracción de menores. El 82,6% de los reincidentes cometen entre uno y dos hechos delictivos. 

También sobre la reincidencia pone el foco Iñaki Lajud Alasturé, psicólogo especializado en violencia de género y con experiencia en terapia con agresores. "En general se llevan un aprendizaje que les ayuda a tener relaciones más sanas y a reconocer el maltrato para no ejercerlo", defiende en conversación con infoLibre.

Conviene recordar, añade el psicólogo, que se trata de varones que han transitado además por un proceso judicial con todo lo que conlleva, por lo que la voluntad de no volver de nuevo a los tribunales les lleva a "tener mucho más cuidado de no ser tolerantes frente a la violencia".

Que no haya más víctimas

Negredo reitera que el propósito de los programas es "el cambio del individuo" e insiste en que su experiencia le lleva a afirmar que las voces discrepantes "son cada vez menores". "Hemos visto una evolución social e institucional en estos años. Es residual que haya quien no quiera trabajar con los hombres". Al final, sostiene, todas las partes están de acuerdo en algo fundamental: "Lo que queremos es que no haya más víctimas".

Ahí se sitúa también la psicóloga Bárbara Zorrilla, especialista en atención a víctimas de violencia de género. Su posición inicialmente crítica se ha ido suavizando con los años, reconoce. "A medida que ha ido pasando el tiempo me he ido informando, he estado consultando estadísticas y viendo cómo iban funcionando estos programas, he flexibilizado mucho mi opinión al respecto", admite. Eso no significa que no guarde algunas reticencias al respecto: "Teniendo en cuenta los poquísimos fondos que hay destinados a la violencia machista, lo primero tienen que ser las víctimas. Justicia, reparación y asistencia integral para ellas. Luego, todo lo demás", observa.

Ahora bien, la psicóloga sí cree positivo "trabajar con un agresor y darle la posibilidad de que cambie su comportamiento", fundamentalmente porque ello implica que "en el futuro no vaya a haber más víctimas". "Sabemos que estas personas se relacionan mediante la dominación, y van a hacerlo con todas las parejas que vayan encadenando a lo largo de su vida", así que trabajar desde la prevención es positivo para potenciales víctimas futuras.

La psicóloga, no obstante, señala las limitaciones aparejadas a los programas. La primera, destaca, el hecho de que sean impuestos judicialmente y por tanto obligatorios. "Para cambiar, lo primero que tienes que hacer es querer cambiar, no que te obliguen". Ello requiere "tener una visión crítica, capacidad de autoanálisis, asumir tu responsabilidad y luego cambiar, con ayuda, trabajo y esfuerzo".

En este punto coincide también la magistrada Lucía Avilés. "La sensación es que al final se queda más en un trámite a seguir para el no cumplimiento de la pena de prisión, como una condición de suspensión y no tanto una herramienta real para atajar el verdadero problema". La jueza cree que es precisamente esta circunstancia de partida la que hace que los cursos "pierdan todo el sentido".

Lajud Alasturé prefiere hablar de "resistencias", en lugar de limitaciones. Para empezar, "el machismo inherente con el que vienen", unido a la "baja motivación" con la que llegan los agresores, al estar movidos por "una condena judicial". Por eso, el primer paso que reseñaba Laura Negredo y que recupera el psicólogo es la motivación: "Tenemos que motivarles para el cambio y una vez están motivados, ya se pueden enseñar mejor las herramientas para entender cuáles son todas las formas de violencia". Pero no sólo: en terapia se trabaja también sobre corresponsabilidad, paternidad responsable y sexualidad, enumera el psicólogo, siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

¿Reeducar a maltratadores o educar a los hombres?

Para calibrar con fundamento el valor de los programas, el exdelegado cree necesaria una voluntad real a la hora de evaluar su alcance y resultados. "No hay un buen trabajo en ese sentido", sostiene. Ahí incide también Avilés. "No tenemos datos sobre la incidencia o la eficacia real de este tipo de programas, tampoco del tipo de formación que se da o cómo se elige a los formadores", critica la magistrada. La última evaluación de estos programas data de 2010.

Pero la más alta de todas las barreras, analiza el psicólogo, es el negacionismo: "No querer cuestionar de dónde vienen y qué les ha llevado a ejercer esa conducta violenta, porque absolutamente todos los que empiezan estos programas niegan los hechos y su responsabilidad". El camino hacia la autocrítica, señala el experto, es complejo y pausado. Y a pesar de ello, Lajud Alasturé se muestra tajante: "Siempre se puede reeducar a un agresor machista, porque el machismo es un aprendizaje, nadie nace machista".

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Lorente también pone el acento en la certeza de que la conducta violenta no es un problema individual, sino la consecuencia de todo un entramado cultural. Pero no es tan optimista. Precisamente por eso "sabemos que es una conducta reincidente, porque se trata de una violencia estructural". Como tal, está "presente en todo momento" y por eso abordar la violencia requiere hablar primero de "cultura machista, androcéntrica y violencia normalizada". "Cuando a un hombre ya asentado en esa cultura, hasta el punto de materializarla en un acto violento, lo devuelves a esa realidad" después de haber pasado por un curso de reeducación, "la probabilidad de reincidir es alta", opina el experto.

Entonces la pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto sirve reeducar si ahí fuera persisten toda una serie de estímulos machistas con cada vez más altavoz e influencia? Los programas, partiendo de esa base, tienen el reto enorme de conseguir que "alguien, en algún momento, pueda romper con la construcción cultural que ha normalizado".

Y la fórmula, para el exdelegado, pasa por prestar atención a tres cuestiones: incidir en la individualización de cada caso, evaluar los programas que ya están en marcha y educar antes que rehabilitar. En este último punto se detiene: "Si se entiende que debemos reeducar a los maltratadores, tenemos que entender que primero hay que educar a los hombres".

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