El aumento de las denuncias por violencia sexual en la Comunidad de Madrid ha llevado al Gobierno a impulsar un plan específico para la región. La Delegación del Gobierno ha presentado el Plan de Acción contra la Violencia Sexual 2026-2027 en la región, una estrategia con 20 medidas para reforzar la prevención, mejorar la atención a las víctimas y ordenar la respuesta institucional.
La iniciativa nace tras 53 reuniones con entidades sociales, fuerzas de seguridad, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales, expertas e instituciones. Pero en ese amplio listado hay una ausencia política relevante: la Comunidad de Madrid no participó en la fase previa.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha enviado una carta a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en la que solicita una reunión para poder presentarle el plan este mes de julio, “trasladarle sus objetivos y medidas, escuchar sus propuestas y, en definitiva, explorar posibles vías de colaboración entre la Delegación del Gobierno y el Gobierno de la Comunidad de Madrid específicamente en este ámbito”.
Este será, precisamente, uno de los puntos clave, ya que varias de las medidas previstas necesitan coordinación con administraciones autonómicas y municipales para no quedarse en una declaración de intenciones.
“No puedo dejar de lamentar y denunciar que ni el Gobierno de Comunidad de Madrid que usted preside, ni el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, formación que también usted preside, hayan querido participar en este proceso preparatorio”, comenta Martín en la misiva.
Añade que este Plan busca “reforzar la prevención, facilitar la detección temprana, proteger mejor a las víctimas y garantizar una respuesta más eficaz, especializada y cercana”, subrayando que “no pretende sustituir competencias ni invadir ámbitos de actuación de otras administraciones, sino compartir objetivos, sumar esfuerzos, ordenar recursos, mejorar circuitos de actuación y contribuir a que ninguna mujer quede desprotegida ante una situación de violencia sexual”.
“Presidenta, las mujeres de la Comunidad de Madrid, su libertad y su seguridad están por encima de cualquier discrepancia política, partidista o personal. La lucha contra la violencia sexual nos exige altura institucional, con responsabilidad compartida y una voluntad de acuerdo firme. Desde la Delegación del Gobierno mantengo intacta mi disposición al diálogo, a la colaboración y al trabajo conjunto, porque ninguna administración debería situarse al margen de una causa que nos interpela al conjunto de la sociedad”, recuerda el delegado a Ayuso.
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La Delegación impulsará una mesa técnica de seguimiento y evaluaciones semestrales hasta 2028. Madrid tiene ya el diagnóstico, las cifras y la propuesta sobre la mesa; solo falta comprobar si todas las instituciones deciden sentarse.
Un Plan de tres ejes: prevención, protección y atención
En 2025, la capital registró 3.149 delitos contra la libertad sexual, un 5,6% más que el año anterior, en un contexto en el que el conjunto de infracciones penales descendió un 1,7%. Las agresiones sexuales con penetración también crecieron, pasando de 368 denuncias en 2017 a 685 en 2025, un incremento del 86% en tan solo ocho años. El dato puede reflejar un aumento de las denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia sexual, pero también evidencia que la respuesta institucional aún necesita más recursos, más prevención y mejor coordinación.
El plan se articula en tres ejes —prevención, protección y atención— e incluye campañas sobre consentimiento, medidas contra la misoginia digital, formación afectivo-sexual en centros educativos y puntos violeta en espacios de ocio. También pone el foco en los entornos digitales, donde la ciberdelincuencia sexual creció un 12,3% en 2024 y afectó especialmente a mujeres jóvenes de entre 16 y 20 años.
El aumento de las denuncias por violencia sexual en la Comunidad de Madrid ha llevado al Gobierno a impulsar un plan específico para la región. La Delegación del Gobierno ha presentado el Plan de Acción contra la Violencia Sexual 2026-2027 en la región, una estrategia con 20 medidas para reforzar la prevención, mejorar la atención a las víctimas y ordenar la respuesta institucional.