Rocío Wanninkhof tenía 19 años cuando fue asesinada. Era otoño de 1999, en Mijas (Málaga). El crimen tuvo un impacto mediático sin precedentes, atravesado por la desinformación y el señalamiento taxativo de una mujer como culpable: Dolores Vázquez, pareja de la madre de la víctima. Los medios colocaron enseguida sobre ella el título de criminal, esquivaron las evidentes raíces machistas del asesinato e introdujeron lo que más tarde pasaría a engrosar los manuales de comunicación como pena de telediario. En las entrañas del caso subyacía una latente lesbofobia que encontró acomodo social y judicial, terminando con la condena de la principal sospechosa.
Casi tres décadas después, no queda ya quien dude de la violencia institucional que pesó sobre la acusada en falso. Y por eso, son las propias instituciones quienes comienzan ahora a pronunciar un perdón público: el Ministerio de Igualdad le entregará el próximo 27 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad.
Dolores Vázquez fue declarada culpable de asesinato por un jurado popular. La Fiscalía la describió como una mujer con una personalidad "muy pusilánime y muy gallega", atravesada por "explosiones de ira" y absolutamente "desquiciada" en el momento de los hechos, debido al fin de la relación afectiva con la madre de la víctima. El grueso de los medios de comunicación apuntalaron su imagen de mujer fría, agresiva y temperamental. Permaneció 519 días en prisión, hasta que el hallazgo de una segunda víctima, Sonia Caravantes, dio un vuelco al caso.
Lesbofobia mediática y social
"El retrato que se hizo de ella fue fundamental en su culpabilización y en el hecho de que podamos decir que fue un caso de lesbofobia". Habla Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). Los medios enseguida la presentaron como "una lesbiana monstruosa, en el sentido en que tradicionalmente se ha representado a las lesbianas desde la misoginia", abunda la autora a preguntas de este diario.
Sobre Dolores Vázquez se arrojaron todos "los estereotipos de esa lesbiana perversa", ligándola a una persona "masculinizada, agresiva, desagradable, sexualmente perversa y pervertidora de mujeres inocentes, antipática, capaz de todo, tirana con sus empleados y envidiosa de la maternidad ajena". El caldo de cultivo perfecto para hacerla encajar en el molde de culpable.
"Los medios de comunicación tuvieron un papel esencial a la hora de construir un retrato de Dolores Vázquez que casaba con prejuicios instalados en el imaginario colectivo y que dibujan a las mujeres lesbianas como personas perversas, incluso retorcidas y amargadas", hilvana Charo Alises, abogada y activista en la Federación Estatal LGTBIQ+, quien se detiene en los prejuicios sociales respecto a las mujeres lesbianas.
El calado social fue inmediato. No hubo expresiones de apoyo a Dolores Vázquez, apenas existió un análisis crítico de lo que estaba sucediendo y nadie se concentró a las puertas de los tribunales para denunciar el linchamiento contra la principal acusada.
El mecanismo de señalamiento fue milimétricamente articulado: "Nunca se dijo públicamente que era lesbiana porque eso hubiera permitido entender y combatir la imagen que se estaba dando de ella", pero al mismo tiempo "se expusieron todos los estereotipos negativos que se asocian a dicha condición", abunda Gimeno. En definitiva, "el armario funciona avisando a los demás de lo que les puede pasar si se atreven a solidarizarse con la persona atacada".
El impacto en los tribunales
Así lo entiende también Violeta Assiego, abogada especializada en derechos humanos. "El hecho de ser una mujer lesbiana activó un juicio social previo que no se quedó en el ámbito mediático, sino que permeó el proceso penal y condicionó la decisión del jurado popular", asiente en conversación con este diario. El jurado tomó la decisión de declararla culpable "en un contexto fuertemente atravesado por prejuicios, donde la imagen construida de Dolores Vázquez funcionó como un relato verosímil en aquella época que suplía la falta de evidencias".
La mayoría del jurado la encontró culpable, a pesar de la ausencia de pruebas. "Los estereotipos la señalaron socialmente y operaron como un marco interpretativo desde el cual se juzgaron los hechos, anulando la presunción de inocencia y basándose en prejuicios, en vez de en pruebas", sostiene Assiego.
No fue hasta 2003 cuando el verdadero asesino de Rocío Wanninkhof fue identificado. Tony Alexander King, un agresor machista, un violador y un "auténtico cazador de mujeres", define el periodista José Antonio Sau. El criminal era un viejo conocido de las autoridades: había cometido delitos de la misma naturaleza en Reino Unido y el Gobierno de España había recibido en 1998 la alerta de que se encontraba en suelo español y era peligroso.
Assiego cree que existió una "clara ausencia de perspectiva de género en la investigación del caso y su enjuiciamiento", un procedimiento en el que "no se contempló la hipótesis de un crimen sexual machista, pese a que esos eran los indicios que fueron determinantes cuando se identificó al verdadero autor". Esa ceguera, completa Gimeno, "permitió que el asesino no solo siguiera libre, sino que asesinara a otra mujer".
El perdón
Dolores Vázquez nunca fue indemnizada. Lo solicitó en julio de 2015, pero el Tribunal Supremo desestimó la demanda por un defecto formal. Pasó 17 meses en prisión y alrededor de una década en Reino Unido, hasta que decidió regresar. En un documental emitido hace cuatro años, ella misma sostenía que, al margen de la reparación económica, le bastaría con un perdón: "Siempre lo he pedido. Que admitan que se han equivocado conmigo".
La misma idea volvió a expresarla el año pasado en su Betanzos (A Coruña) natal, en la recogida del XVII premio Úrsula Meléndez de Texeda. "Necesito que el Gobierno me pida perdón", manifestó públicamente.
El acto organizado por el Ministerio de Igualdad busca, en parte, curar esa herida todavía abierta. "Es un acto de homenaje y reparación", asiente Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+. "Es muy importante reconocernos en el pasado porque no hay democracia sin memoria", añade a preguntas de este diario. A su juicio, este caso debe estar "siempre presente, especialmente para que nunca se repita una situación como la que vivió ella". Es, a su juicio, un símbolo "pero ante todo es una persona que fue muy maltratada y que merece todo el cariño".
El 54% de la población LGTBIQ+ ha sido víctima de odio
Precisamente en la garantía de no repetición se detiene Assiego. Si bien el perdón institucional "tiene un valor simbólico, jurídico y democrático", lo cierto es que "llega tarde y corre el riesgo de que se quede en algo decorativo si no se va más allá del acto institucional". Para la jurista, nombrar la injusticia "es imprescindible para restituir, en la medida de lo posible, la dignidad de Dolores Vázquez", pero también estima que los efectos de esa reparación tendrían que ser más amplios.
"Debería tener un valor jurídico en términos de garantías y dar pie a que se comprobase si, en la actualidad, las prácticas judiciales, la conformación de los jurados, los protocolos y los estándares probatorios impedirían que se produjera el mismo resultado", plantea la abogada.
En todo caso, zanja la Assiego, el peso del perdón está ligado "al valor que la propia Dolores Vázquez le dé". Es a ella, afina, a quien "hay que pedir perdón y es a ella a quien hay que escuchar y no a los representantes de los ministerios o a quienes han estudiado y escrito sobre esto". Su voz, zanja, es ahora la más importante de esta historia.
Rocío Wanninkhof tenía 19 años cuando fue asesinada. Era otoño de 1999, en Mijas (Málaga). El crimen tuvo un impacto mediático sin precedentes, atravesado por la desinformación y el señalamiento taxativo de una mujer como culpable: Dolores Vázquez, pareja de la madre de la víctima. Los medios colocaron enseguida sobre ella el título de criminal, esquivaron las evidentes raíces machistas del asesinato e introdujeron lo que más tarde pasaría a engrosar los manuales de comunicación como pena de telediario. En las entrañas del caso subyacía una latente lesbofobia que encontró acomodo social y judicial, terminando con la condena de la principal sospechosa.