Igualdad plantea una reforma del Código Penal tras la polémica del libro sobre Bretón

El libro El Odio, sobre el crimen machista cometido por José Bretón, ha desatado un terremoto a nivel social y político. Y el Ministerio de Igualdad no es ajeno. El departamento dirigido por Ana Redondo prevé liderar una reforma penal para evitar que se repitan situaciones como la desencadenada tras el anuncio del libro firmado por Luisgé Martín, finalmente paralizado por la editorial Anagrama.

Las intenciones del ministerio apuntan directamente a dos artículos: el 39 y el 48 del Código Penal. Y el planteamiento pasa por introducir una pena accesoria que impida a todo agresor machista comunicar cualquier detalle del caso con terceros. Es lo que Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados en 2011 por José Bretón, denuncia que ha hecho su maltratador. Nunca de forma directa, pero sí a través del libro escrito por Luisgé Martín y su impacto en los medios. Ahí es donde pone el foco el ministerio. Se trata de evitar que los medios de comunicación, tanto digitales como convencionales, sirvan de canal para seguir ejerciendo violencia. "Es el juez el que valora, en todo caso, si incorpora o no esa pena adicional", aclaran fuentes conocedoras, "pero en el elenco de penas ya se incorporaría esta pena accesoria".

La principal ventaja tendría que ver con evitar que situaciones como la desencadenada tras el anuncio del libro se repitan. Es decir, adelantarse a un posible debate alrededor de la colisión entre distintos derechos, como ha sucedido ahora. En este caso, el epicentro de la discusión ha estado en un supuesto conflicto entre el derecho a la libertad de información, la creación artística –tal como insiste el autor de la obra– y los derechos de la víctima, incluida la no revictimización.

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El Ministerio cree oportuno que no sea el editor, ni ninguna empresa privada, quien tome la decisión sobre cómo resolver ese posible conflicto. Y que la responsabilidad venga directamente del propio Código Penal, siendo el juez quien tome la decisión. "Igual que se prohíbe que se acerque a la víctima, se establecen medidas suplementarias que impiden que el sujeto pueda comunicar, publicitar lo comunicado, hacer entrevistas o comentarios que puedan llevar a la revictimización y lesionar aún más los derechos y la dignidad de la víctima".

El artículo 39 del Código Penal contiene las penas privativas de derecho, entre ellas las que suelen imponerse a agresores machistas, como la prohibición de comunicación y acercamiento. En el artículo 48, están previstas expresamente las penas privativas de derecho, que se pueden imponer como penas o como medidas cautelares previas a la pena. En ese contexto, la reforma incluiría también la prohibición de difundir públicamente contenidos relacionados con el crimen, cuando el propósito o efecto de la misma sea la revictimización.

El rumbo que pretende seguir el departamento de Ana Redondo es el de consensuar los términos y de la reforma con los grupos parlamentarios, fundamentalmente para aterrizar la forma de llevarla a término. Sobre la mesa existen dos posibilidad: impulsar la medida de forma aislada o esperar a incluirla en un paquete más amplio contra la violencia vicaria, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.