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Cuando madre no hay más que una: la invisibilidad de las familias monomarentales

Familias de la asociación Familias Galegas Monomarentais (FAGAMOS).

Tiempo y dinero. Estas son las dos variables que condicionan la vida de los hogares españoles, especialmente de aquellos encabezados por un único progenitor, que se enfrenta en solitario a la gestión y el cuidado de su familia. Las familias monoparentales no son un caso excepcional. En España, según datos del INE, hay casi dos millones, lo que supone nada menos que un 10% de los hogares y un 24% de las familias. Además, es el modelo familiar que más crece todos los años.

Desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) apuestan por la generalización de la designación monomarental, incidiendo en la perspectiva de género: más del 80% de las familias de estas características dependen de una mujer. También critican que no se disponga todavía de una definición estatal que englobe la pluralidad de situaciones de monomarentalidad. “Lo que no se visibiliza no existe” es el lema bajo el que reivindican el reconocimiento y regulación institucionales de su especificidad, apostando por una definición que incluya a las familias de un progenitor "en origen, por defunción o desaparición, o por pérdida o no ejercicio de la patria potestad”. También a las conformadas por procedimientos de adopción o acogida.

Las familias monomarentales carecen de un marco de protección propio, del que sí disponen otras estructuras familiares como las numerosas. Y esto a pesar de que, según el último informe sobre el Estado de la Pobreza en España (EAPN), el 52,7% están en riesgo de pobreza y exclusión y el 20,1% sufren ya situaciones de carencia económica y material severas.

Las barreras contra las que luchan las madres solteras son, a fin de cuentas, la agudización de los problemas de todos, pero involucran a un grupo familiar de especial vulnerabilidad y que incluye menores. Estas dificultades se concretan en casi todos los ámbitos, sin una respuesta institucional a la altura: trabajo, nivel económico, vivienda… Por no mencionar la ausencia total de tiempo libre o la mayor propensión a desarrollar problemas de salud mental como ansiedad o depresión.

O lo tomas o lo dejas: temporalidad, precariedad y exclusión laborales

Daniela, colombiana de 28 años, vive en Madrid sola con su hijo de cuatro. El padre del niño se desentendió de la crianza y regresó a su país de origen. Daniela trabaja en hostelería con un contrato temporal y a tiempo parcial, a pesar de haber cursado estudios superiores de magisterio. “Es el único sector en el que conseguí trabajo y la jornada parcial me permite cuidar de mi hijo”, refiere Daniela. El problema es que, con un salario que no llega a los 850 euros netos, Daniela tiene problemas para afrontar todos los gastos y llegar a fin de mes.

En el intento por conciliar sus compromisos familiares y laborales, muchas madres solteras se ven obligadas a recurrir a jornadas parciales y contratos temporales, más inestables y peor pagados. A menudo trabajan incluso en economía sumergida y por debajo de su nivel de cualificación. Otras directamente no encuentran un empleo compatible con los horarios de sus hijas e hijos. Su empleabilidad se limita en muchas ocasiones a sectores feminizados y precarios como el del hogar, los cuidados o los servicios. De esta forma, su disponibilidad temporal condiciona enormemente su capacidad económica, que es el único soporte familiar.

A sus 39 años, Nazaret, socia de Familias Galegas Monomarentais (FAGAMOS), es madre soltera de una hija de 15 meses. Decidió embarcarse sola en el mundo de la maternidad a través de la Seguridad Social, con un donante anónimo de esperma. Nazaret es profesora sustituta para la Xunta. Este año trabaja como interina en la Escuela Oficial de Idiomas a media jornada por las tardes. "Dependo todos los años que me llamen para sustituir una plaza cubierta por un profesor que está de baja o de excedencia. Puede ser una sustitución de una semana, quince días o de todo el curso", aclara Nazaret. El sueldo de una jornada parcial se le queda corto. "De momento estoy viviendo de mi colchón de ahorros. Pero ese colchón se está acabando y en algún momento no voy a poder hacer frente al piso y el resto de gastos yo sola", declara Nazaret.

El problema de fondo es la inexistencia de corresponsabilidad social en los cuidados. Por un lado, las instituciones públicas no consideran de su competencia velar por la garantía de los cuidados, ni siquiera de los grupos más vulnerables: ancianos, personas dependientes, menores… El compromiso de los cuidados recae en exclusividad en el entorno cercano, convirtiéndolo en una cuestión de mera responsabilidad individual o familiar. Por otro lado, no hay un reconocimiento oficial de los cuidados como trabajo. Se presupone que las madres han elegido libremente la obligación de encargarse de sus hijas e hijos y que, por tanto, su cuidado no puede entenderse como una labor extra, digna de consideración y retribución.

Abuelas al rescate

Muchas madres solteras recurren al sostén de su entorno, que se traduce frecuentemente en la figura de las abuelas y abuelos. Al hablar de conciliación, Nazaret señala enseguida a su círculo familiar: "Si no tuviera a mis padres cerca y no pudieran ir a recogerla todos los días a la guardería, no podría trabajar".

El de Nazaret no es un caso aislado. Muchas madres salen adelante gracias a parientes, conocidos o asociaciones, que suplen funciones que deberían facilitarse desde las instituciones. “Las redes sociales son un capital muy importante para las familias monomarentales, porque suponen disponer de apoyo en los cuidados y en la gestión de los tiempos: facilitan mucho la vida”, nos comenta Cristina Rubiales Cardenete, trabajadora y educadora social en Asociación Solidaridad Madres Solteras (ASMS). El problema se agrava cuando las familias no disponen de apoyos familiares y se encuentran desbordadas ante los retos de la conciliación. "Yo no tengo familia en España que pueda ayudarme con mi hija, tengo que apañarme sola o con la ayuda de otras madres y familias", explica Daniela.

Con motivo del pasado domingo electoral, desde Madres Solteras por Elección (MSPE) se denunció la convocatoria como vocal de una de sus socias, madre soltera de una niña de 15 meses. La condición de monomarentalidad no fue considerada suficiente por la junta electoral para eximir a la madre hasta que presentó un justificante que demostraba que sus padres, los abuelos de la niña, trabajaban ese día. “A veces hay abuelos y a veces no, pero, de cualquier manera, los abuelos no tienen por qué estar obligados a cuidar de sus nietos”, añade Nazaret.

Otra de las reivindicaciones centrales de las asociaciones es la equiparación del número de días de permiso parental, incluidas las bajas por enfermedad y maternidad. "En muchas guarderías, no admiten a un niño por debajo de los seis meses y nosotras no tenemos derecho a tanto tiempo de baja. Es un perjuicio para los niños", sentencia Nazaret.

Hace apenas una semana, en una decisión que puede sentar precedentes, el Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos amparo presentados por tres socias de MSPE, en los que reivindicaban la equiparación de sus bajas de maternidad.

No hay nada como estar en casa

Daniela vive en Móstoles, en un piso de apenas 50 m² con otra pareja migrante y sus dos hijos. El alquiler cuesta su sueldo íntegro: la única solución es compartir. La mitad de su salario se va igualmente en pagar la vivienda. Con lo restante, resulta casi imposible cubrir facturas, gastos de alimentación, ropa, material escolar... "Más de una vez la familia con la que vivo me ayudó a pagar el piso para que yo pudiera encargarme de otras cosas que necesita mi hijo", confiesa Daniela.

"La realidad más habitual de las monomarentales siempre ha sido compartir hogar. La situación se ha recrudecido con la actual crisis de vivienda: los requisitos son cada vez más exigentes y los precios más altos", señala Rubiales. Las inmobiliarias y aseguradoras han acaparado el mercado, imponiendo condiciones que muchas familias con un único sueldo y situaciones laborales inestables no pueden cumplir. Entre sus cláusulas incluyen la imposibilidad de dedicar más del 35% del salario al alquiler o la negativa a usar como garantía de pago prestaciones fijas como el Ingreso Mínimo Vital. "Si el salario mínimo es algo más de 1.000 euros, solo se podrían dedicar unos 350 euros al pago del alquiler. El problema es que muchas veces ya ni las habitaciones cuestan eso", continua Rubiales. "La vivienda debería ser derecho, no un negocio", concluye Daniela.

Nazaret ha podido acceder a la hipoteca de una vivienda para ella y su hija gracias a que su hermano, con un situación económica más estable, aparece también como propietario del piso. "No llega a ser por mi hermano y no hubiese podido comprar. Y el alquiler con un único sueldo está imposible", comenta. Aún así, dedica dos tercios de su salario a la vivienda: "De momento no, pero en seis o siete meses podría llegar a una situación crítica".

Desde ASMS apuestan por la inversión en vivienda pública como estrategia para resolver las dificultades en el acceso y mantenimiento de la vivienda de las familias monomarentales, tal y como han planteado en su último informe sobre vivienda. Sin embargo, según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, en España en 2020 solo se disponía de un 2,5% de vivienda protegida, frente a la media europea de casi un 10%.

"Las familias monomarentales vulnerables deberían tener acceso preferente a vivienda protegida. El problema son, de nuevo, los requisitos y trabas burocráticas de las administraciones, que propician la exclusión", comenta Rubiales, con la comentamos la situación en Madrid. El primer obstáculo es conseguir o bien un certificado de soltería o una sentencia firme de guarda y custodia, resultado de un proceso judicial que se puede alargar. También se exigen un mínimo de 10 años de empadronamiento, medida que discrimina a familias migrantes como la de Daniela. "En el IPREM, frente a las biparentales, las familias monomarentales tampoco tienen ninguna ventaja", sigue explicando Rubiales. Otro impedimento surge de la confusión entre unidad familiar y de convivencia, sobre todo en los casos en los que se comparte vivienda con parientes. La desbordante exigencia de trámites burocráticos termina por hacer renunciar a muchas familias.

"La inexistencia de una ley autonómica de vivienda facilita los abusos, como el de la inseguridad residencial", aclara Rubiales. La falta de control de los contratos y la ausencia de alternativas generan situaciones de hacinamiento, que favorecen los conflictos. Todo ello puede desembocar en un cambio constante de vivienda, en un nomadismo que genera inestabilidad y desarraigo en madres, hijas e hijos.

"Si le cubres la parcela de la vivienda a las familias, van a poder llevar una vida más o menos autónoma y tendrán más fácil salir de las redes de asistencia social", recalca Rubiales. Por esta razón, desde ASMS ofrecen servicios como pisos de acogida temporal o una bolsa de vivienda compartida. No obstante, se trata de soluciones orientadas a la "supervivencia". "Defendemos que las familias monomarentales tengan una vivienda digna. Todo el mundo tiene derecho a un hogar unifamiliar y a tener sus espacios de intimidad, de desarrollo familiar y personal y de descanso", insiste.

La cuenta pendiente de las instituciones

En marzo de este año, se publicó en el Boletín de las Cortes Generales el proyecto de la nueva Ley de Familias. Entre los objetivos centrales de este nuevo marco normativo se encuentra, en principio, el de reconocer y equiparar los derechos de las familias monoparentales a los de otros modelos familiares más regulados. La nueva ley identifica a las familias monoparentales a través de un título de acreditación oficial y, a partir de los dos hijos, pasa a considerarlas familias de especial necesidad de apoyo en la crianza.

Desde MSPE califican la nueva ley de "insuficiente" y reclaman medidas pensadas para su especificidad, que esquiven la discriminación por indiferenciación. "La Ley de Familias da un paso fundamental en el reconocimiento, pero no viene acompañada de medidas concretas y mecanismos de aplicación en el momento de su aprobación", se lamenta Guruceta, coordinadora de incidencia política de MSPE, que considera imprescindible aplicar el principio de equidad a la hora de diseñar políticas públicas. Según nos cuenta, MSPE ha enviado a todos los grupos políticos sus propuestas para mejorar el proyecto de ley, entre las que se incluyen cuestiones como la adaptación de los criterios fiscales, como los del IRPF, o la inclusión de todas las familias de un progenitor en la categoría de especial necesidad.

"Las familias monomarentales son familias completas, no les falta nada. No necesitamos dos padres para criar a nuestros hijos, lo que necesitamos es apoyo", concluye Rubiales, criticando el paternalismo institucional y el estigma social que pesan todavía sobre las madres solteras.

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