Un falso síndrome que no existe como tal. Es la base sobre la que se han apoyado Vox y el PP para apuntalar sus políticas antiabortistas. Ha sido, esta vez, en la ciudad de Madrid. Una iniciativa registrada por el partido ultra ha salido adelante este martes gracias al apoyo de los conservadores, quienes han decidido abrir la puerta a la propuesta a pesar de que cuentan con mayoría absoluta en el pleno municipal.
La proposición obliga a los trabajadores de "diferentes áreas implicadas" a proporcionar "información" sobre el supuesto síndrome a las mujeres que quieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Así se habrá de hacer de forma "obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible" en los centros de atención al público de Madrid Salud, Espacios de Igualdad, Samur Social y por parte de los trabajadores sociales del Ayuntamiento. El PSOE ha asegurado este martes estar estudiando acciones legales para revertir la iniciativa.
El texto registrado por la formación de Santiago Abascal ofrece una exposición detallada de un supuesto síndrome que en realidad no está en ningún manual. El propio partido así lo reconoce y de hecho se apoya en una descripción desfasada: la que recogía entre los años 1980 y 1994 el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. La revisión periódica del manual excluyó este falso síndrome hace más de tres décadas, pero a juicio de la ultraderecha el motivo no fue el avance en el conocimiento científico, sino las "presiones políticas e intereses ideológicos".
La supuestas secuelas de abortar, recogidas en la propuesta, comprenden cuestiones como "consumo de alcohol y drogas", "aislamiento social o, por el contrario, salir sin parar" y "trastornos de la conducta alimentaria (TCA)".
El texto aprobado por la alianza entre ultras y conservadores está plagado de tesis antiabortistas. "Es evidente", concluyen los proponentes, que "acabar con la vida de su propio hijo tiene consecuencias muy graves para la madre, el padre y la sociedad, en general". La pretensión expresa de la ultraderecha ni siquiera es mantener a las mujeres informadas, sino cargar abiertamente contra uno de sus derechos más básicos: "El aborto es un gran negocio para la ideología que lo sustenta y lo promociona: el feminismo", recalcan. En última instancia, la intencionalidad es clara: imponer su narrativa, estigmatizar a las mujeres y disuadirlas.
Aterrorizar a las mujeres
O, al menos, intentarlo. Porque las expertas lo tienen claro: "Cuando una mujer decide abortar, lo hace". Habla la doctora Francisca García Gallego, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). No cree que la iniciativa pueda llegar a impedir que las mujeres aborten, pero sí advierte de las consecuencias que tienen que ver con un mayor estigma. "Va a llenarlas de miedo y de terror, con ideas negativas sobre el aborto faltando a la verdad. No creo que las disuada, pero van a ir aterrorizadas".
A la misma conclusión llega la psicóloga Raquel Hurtado, presidenta de la Federación de Planificación Familiar-SEDRA: "Es muy difícil que las mujeres cambien su decisión cuando se las expone a este tipo de mentiras. Su opinión se mantiene, lo que aumenta es el estigma social respecto al aborto, la desconfianza en el sistema público de salud y en consecuencia se genera mucha desinformación", asiente en conversación con este diario.
Hurtado habla sin matices de desinformación, porque así se lo permite la evidencia científica. El supuesto síndrome, asegura, "no tiene ninguna base". Lo sabe bien porque la iniciativa parlamentaria le ha llevado, en este último día, a revisar de forma exhaustiva la literatura científica existente. Y las conclusiones son claras. "Con la evidencia científica en la mano, no existe nada que podamos llamar de esta forma, no está reconocido como una entidad clínica, no está recogido en manuales médicos y no hay una evidencia sistematizada que lo sustente", sostiene al otro lado del teléfono.
Porque hay diferencias de peso entre la constatación de sintomatología en determinados casos particulares y la existencia de un síndrome como tal. Lo explican las expertas: algunas mujeres que acceden al aborto han podido sufrir malestares posteriormente, pero no "síntomas con etiqueta clínica aplicada a un conjunto de mujeres suficientemente representativo y de manera sistemática", como sí sucede con otros como "el síndrome de estrés postraumático", expone Hurtado. "No podemos permitir que se instrumentalicen este tipo de términos, siempre revestidos de terminología técnica, para extorsionar a las mujeres y no para cuidar su salud".
Coincide con ella García. "No hay ninguna evidencia ni ninguna sociedad científica que admita que hay un síndrome postaborto", expone la experta, quien incide también en que hablar específicamente de síndrome implica "una respuesta generalizada" de un grupo representativo de mujeres respecto a "una patología psiquiátrica". Los planteamientos introducidos por la ultraderecha responden más a "una cuestión ideológica que no tiene equivalencia en la ciencia".
Lo que sí existe es, más bien, "mucha revisión científica respecto a lo contrario: la mayor parte de mujeres que interrumpen su embarazo se sienten más tranquilas", desliza Hurtado. Un estudio publicado en 2020 en la revista Social Science and Medicine, identificó el “alivio” como el sentimiento más común de las mujeres no sólo inmediatamente después de ejercer su derecho al aborto, sino también en los cinco años posteriores. Los autores concluyeron que el 95% de las mujeres no se arrepiente de su decisión.
Una noción que coincide con la experiencia de las profesionales: "Vemos a mujeres que toman su decisión, llevan adelante la interrupción y en las visitas de seguimiento posteriores se encuentran más tranquilas", comenta Hurtado. Los datos sugieren además que las mujeres lo tienen claro a la hora de abortar: "La mayor parte de interrupciones se dan en las primeras semanas, eso pone sobre la mesa la rapidez en la toma de decisiones". Según la estadística actualizada del Ministerio de Sanidad, publicada precisamente este miércoles, en 2024 el 76,59% de las interrupciones se practicaron antes de la octava semana de gestación.
"No lo voy a hacer"
Andrea (nombre ficticio) es trabajadora social en un recurso municipal de la capital madrileña. Aunque asegura que todavía ni ella ni sus compañeras han tenido conocimiento formal de ningún requerimiento, señala tajante que no va a seguir ninguna orden en la dirección planteada por la extrema derecha: "Yo no lo voy a hacer", admite en conversación con este diario.
En base a sus labores informando y acompañando a mujeres en distintas situaciones vitales, algunas de las que acceden a la interrupción voluntaria del embarazo "experimentan malestares emocionales, pero no constituyen una sintomatología clínica". Ella lo tiene claro: "Hablar sobre un síndrome promovido por los grupos antiabortistas podría hasta ir en contra de los derechos humanos".
En el ejercicio de sus labores profesionales, la trabajadora social y sus compañeras son "objetivas en la intervención, al margen de creencias e ideologías", así que cumplir con el mandato planteado en la iniciativa parlamentaria iría en contra de esta máxima. "Nosotras hacemos acompañamientos en sus procesos y no podemos ofrecer una información que está totalmente sesgada". Al contrario: el objetivo es "informar en base a sus necesidades y acompañarlas en el proceso, sea cual sea su decisión, pero sin intentar disuadirlas ni estigmatizarlas". Andrea se aferra a la intimidad del trato con las usuarias que acceden al recurso, pero sobre todo se atrinchera en sus principios: "Tengo un código deontológico y derecho a objeción de conciencia".
Feijóo, Ayuso y el discurso antiabortista
"Apelo a la conciencia de los trabajadores y trabajadoras municipales" es precisamente lo que ha dicho este miércoles la portavoz socialista Reyes Maroto. En declaraciones a los medios, también ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que "desautorice y pare al ultra del señor [José Luis Martínez] Almeida", alcalde de Madrid. Este jueves, el propio Almeida reconoció que "síndrome postaborto no es una categoría científica reconocida", pero mantuvo su defensa a la iniciativa asegurando que las mujeres "deben tener información sobre las consecuencias".
Sin embargo, desde Génova, lejos de cuestionar la medida, la han apoyado alegando que “la información nunca es un problema”. Hay que recordar que el PP no quiso entrar en el debate ideológico sobre el aborto en su congreso nacional celebrado a principios del pasado mes de julio.
Pero lo cierto es que el líder nacional de los conservadores es precisamente uno de los pioneros en materia de desarrollar políticas antiabortistas. En el año 2007, durante el mandato bipartito del PSdeG y el BNG en la Xunta de Galicia, el Foro Español de la Familia lanzó una iniciativa legislativa popular denominada Red Madre. El objetivo no era otro que buscar soporte económico para desplegar una red de centros de propaganda antiabortista. Poco después, con la llegada de Feijóo al Gobierno autonómico, fue precisamente esa la primera iniciativa legislativa impulsada en el Parlamento. La propuesta quedó consagrada en forma de ley en el verano de 2010.
Fue el punto de partida de una difusión desmedida de discursos ultracatólicos, contrarios al derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, en espacios públicos. Otra de las consecuencias palpables en suelo gallego fueron las ayudas por hijos "concebidos y no nacidos", vigentes desde hace más de una década gracias a las políticas públicas de Feijóo. Esta misma idea calcada la ha impulsado recientemente la conservadora Isabel Díaz Ayuso (PP) en la Comunidad de Madrid.
Cinco comunidades todavía no han elaborado un registro de objetores al aborto a pesar de que la ley les obliga
También en la Comunitat Valenciana, en el año 2009, el entonces presidente conservador, Francisco Camps, trató de reconocer a los fetos como hijos a la hora de conseguir plaza en guarderías, colegios e institutos financiados con fondos públicos. La norma fue recurrida, pero pasó el aval del Tribunal Constitucional en 2016. Hoy, ya no existe: hace ocho años, el pleno de las Corts Valencianas decidió derogarla. Los parlamentarios consideraron entonces que suponía una "discriminación" y una "tutorización" de las mujeres.
Entonces el Partido Popular no estaba condicionado por el influjo de Vox. Pero desde la entrada de la ultraderecha en las instituciones, la ofensiva ha ido escalando. A partir de entonces, pasarían a ocupar titulares medidas como el "protocolo provida" y el intento frustrado de imponer la escucha del latido fetal en Castilla y León, o las ayudas directas a las organizaciones antiabortistas en suelo andaluz.
Nota de la redactora: esta información ha sido editada el 2 de octubre para incorporar las declaraciones del alcalde de Madrid, efectuadas el mismo jueves, respecto a su opinión sobre el falso síndrome.
Un falso síndrome que no existe como tal. Es la base sobre la que se han apoyado Vox y el PP para apuntalar sus políticas antiabortistas. Ha sido, esta vez, en la ciudad de Madrid. Una iniciativa registrada por el partido ultra ha salido adelante este martes gracias al apoyo de los conservadores, quienes han decidido abrir la puerta a la propuesta a pesar de que cuentan con mayoría absoluta en el pleno municipal.