Una apreciación de la Fiscalía fue la que activó todas las alertas en torno a una herramienta clave en la lucha contra la violencia machista: las pulseras de control telemático a maltratadores. El Ministerio Público advertía, en su memoria anual, de una serie de errores asociados a los dispositivos, responsables de "una gran cantidad" de sobreseimientos y absoluciones en causas relacionadas con quebrantamiento de medidas. En el punto de mira, no sólo está el Ministerio de Igualdad, sino las empresas que gestionan el servicio.
El problema alrededor del que orbita la polémica tiene que ver con la migración de datos después de que la gestión del servicio fuera asumida, en febrero del año pasado, por Vodafone y Securitas –a través de una unión temporal de empresas, UTE–. Telefónica, a cargo de la herramienta desde su creación en el año 2009, se había responsabilizado de trasladar los datos a las nuevas empresas durante un periodo de transición de tres meses. Pero algo falló en ese proceso y se generaron una serie de errores en el acceso a los datos almacenados por el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa).
Avisos y una nueva licitación
El Ministerio de Igualdad anunció este lunes que licitará "en unos meses" un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos y que se está trabajando sobre "mejoras técnicas" como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos. "Las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente, salva vidas a diario", ha dicho la ministra.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha difundido una nota en la que dice haber advertido al propio ministerio de la existencia de problemas puntuales con las pulseras. Concretamente, señala haber remitido al departamento de Ana Redondo sendos oficios en enero y en febrero. Lo hizo a partir de informes remitidos por la Audiencia Provincial de Granada y por un órgano judicial de Galicia. Se trataba de incidencias y fallos en los dispositivos, como la manipulación de las pulseras sin que se detectase, fallos en la geolocalización de las mujeres y de sus agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería.
La magistrada Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, subraya en conversación con infoLibre que "el sistema funciona razonablemente", al margen de las dos comunicaciones reseñadas. Así lo afirma "sin minimizar los fallos puntuales: con que nos comuniquen una sola disfunción, damos traslado inmediatamente y hacemos un seguimiento desde el Observatorio", puntualiza. Pero eso, añade, no significa que "haya una crisis" o que las mujeres no estén protegidas. "Para nosotros hay una cierta desproporción en el tratamiento de este tema", asiente.
Pero la polémica que ha brotado en los últimos días está íntimamente relacionada con la advertencia continua que han venido realizando quienes más conocen el servicio: las técnicas, las trabajadoras y las expertas. Todas ellas ponen el foco en un elemento clave: lo problemático de dejar la gestión de un servicio tan esencial en manos de empresas privadas.
El problema de la externalización
"Los dispositivos llevan privatizados desde el origen. El servicio no tendría que estar privatizado, ni un solo servicio que garantice derechos para las mujeres y cuyo objetivo sea protegerlas debería estarlo", sostiene una fuente experta, próxima a la gestión pública de este tipo de servicios. "Es una dinámica en la que se lleva desde hace muchas décadas, que trasciende los dispositivos y que tiene que ver con decisiones políticas en relación a servicios esenciales para las víctimas", abunda.
El problema no es exclusivo de las pulseras, sino que se extiende a servicios básicos como el 016, Atempro o los centros de atención a víctimas. "Para que exista un servicio o un centro de tecnología a la altura de lo que es Cometa y toda su red, el Estado tiene que invertir para llevar a cabo una gestión directa de los servicios", sostiene la experta, quien añade un matiz: "No tengo claro si una gestión directa con una tecnología como la que se requiere conseguiría evitar por completo los fallos, lo que está clarísimo es que habría que hacer una evaluación del servicio".
A la misma conclusión llega Nuria Varela, experta en políticas públicas contra la violencia machista. "Este caso demuestra la debilidad estructural de un sistema diseñado hace 20 años frente a la violencia de género", sostiene al otro lado del teléfono. Desde entonces, lamenta, "no ha habido una redimensión" de los recursos necesarios para abordar las políticas de atención a las víctimas. "Tiene que redimensionarse, hay que repensar el sistema", fundamentalmente en lo que respecta a la subcontratación, la externalización o la privatización de los servicios. "Hay una falta de responsabilidad pública seria", algo que sería "impensable con el sistema sanitario", desliza.
Es algo que, de hecho, se viene advirtiendo desde Europa. En el año 2020, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Grevio) señalaba en su informe de evaluación su inquietud por "la financiación de servicios de apoyo especializados mediante licitaciones públicas". Estos procedimientos, señalaba el grupo entonces, "tienden a favorecer al licitador más bajo, lo que a veces da como resultado que los contratos públicos se asignan a empresas privadas no especializadas en servicios de apoyo a las víctimas de la violencia". "Se ha trasladado a Grevio la preocupación existente en relación con el deterioro de las condiciones laborales en los servicios de apoyo a cargo de empresas privadas", poniendo el acento en "lo precario de sus condiciones laborales y de financiación".
En la misma línea se expresa Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género: "Las empresas privadas tienden al beneficio económico y, a la hora de abordar cuestiones que generen conflicto, la dedicación puede ser menor porque no lo ven como prioritario", introduce en conversación con este diario. La gestión y coordinación del servicio "tendría que venir de las instituciones", de manera que se priorice no sólo la especialización y el buen funcionamiento del servicio, sino también algo que va inevitablemente ligado: las condiciones laborales. "Cualquier trabajo precarizado se va a traducir en falta de estímulo" y eso, en lo que respecta a la atención de las víctimas, "puede conllevar situaciones de riesgo".
"La desatención institucional y la privatización de los servicios que protegen a las víctimas es escandalosa, por eso las trabajadoras de Madrid se ponen en lucha", pone como ejemplo la fuente anteriormente citada.
Redimensionar lo público
Qué se sabe (y qué no) sobre el fallo técnico en las pulseras a maltratadores que sacude al Ministerio de Igualdad
Lo llevan diciendo años: las malas condiciones laborales de quienes tienen que tender la mano a las víctimas impacta decisivamente en la atención que son capaces de brindar. Y, en parte, denuncian los sindicatos, esto tiene que ver con la prestación de este tipo de servicios por empresas privadas. Eso sí, allá donde los servicios de atención a víctimas son completamente públicos, también es necesario estar vigilantes.
Bien lo saben en Barcelona. En el año 2016, bajo el mandato de Ada Colau, el Ayuntamiento de Barcelona asumió la gestión de los Puntos de Información de Atención a las Mujeres (PIAD) y del Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA), externalizados desde su creación. Pero la municipalización no resolvió todos los problemas existentes. Siete años después, las trabajadoras que integran la segunda red llamaron a la huelga para reclamar un aumento de los recursos y una ampliación de la plantilla. Las propias empleadas reconocían hablar desde el "privilegio" de lo público, pero insistían en la necesidad de invertir recursos como condición necesaria para prestar un servicio con todas las garantías.
Nuria Varela lo explica de la siguiente manera: "Tenemos una pobreza administrativa estructural. Es tan grande que, aunque se revierta a lo público, muchas veces no se puede hacer cargo porque no hay una estructura lo suficientemente sólida. Y por eso hay que empezar por redimensionar lo público para que la Administración sea capaz de atender a las víctimas".
Una apreciación de la Fiscalía fue la que activó todas las alertas en torno a una herramienta clave en la lucha contra la violencia machista: las pulseras de control telemático a maltratadores. El Ministerio Público advertía, en su memoria anual, de una serie de errores asociados a los dispositivos, responsables de "una gran cantidad" de sobreseimientos y absoluciones en causas relacionadas con quebrantamiento de medidas. En el punto de mira, no sólo está el Ministerio de Igualdad, sino las empresas que gestionan el servicio.