La cara b de los informes que hacen los relatores de la ONU: movilizan a la opinión pública pero no a los Estados

Las relatoras y relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y son independientes de las Naciones Unidas, ya que no cobran ningún salario por su trabajo. De forma anual emiten informes temáticos y específicos sobre la situación de estos derechos en el mundo, pero en muchos casos no se traducen en sanciones concretas que generen cambios. 

En la actualidad hay 60 expertos y expertas, divididos en 46 que tratan temas específicos (como el relator especial para las detenciones arbitrarias) y 14 que se centran en la situación específica de los derechos humanos en un país concreto, como es el caso de Francesca Albanese, relatora para los territorios palestinos ocupados. 

Su actividad se centra fundamentalmente en estudiar derechos específicos y producir informes y comunicaciones sobre la información recogida. “Se encienden alertas sobre graves violaciones, se hacen comunicados públicos, se llama la atención de la comunidad internacional…”, explica Gina Romero a infoLibre, relatora de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. 

Para realizar estos estudios se realizan “solicitudes de información a gobiernos y otros actores, entrevistas con personas clave y reuniones con grupos amplios y plurales”, señala la experta. Normalmente se presentan dos por año, uno en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra y otro en la asamblea de Nueva York. 

Una vez que se producen los informes lo ideal es que “sean conocidos por un grupo amplio de actores”, para que puedan realizar reformas, ajustar normativas o hacer otros cambios que incidan directamente de manera “regional, nacional o internacional”, según Romero. 

Un ejemplo de estos informes fue el de Francesca Albanese, que presentó hace dos meses ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe ‘Anatomía de un genocidio’, en el que afirma que Israel comete al menos tres actos genocidas contra el pueblo palestino. 

Entre estos hechos se encuentran causar graves daños físicos o mentales a miembros de un grupo, infligir condiciones de vida destinadas a su destrucción e imponer medidas que impidan los nacimientos. “El delito de los delitos” dijo en una conferencia posterior a la que asistió infoLibre.

A pesar del informe tan negativo que presentó Albanese, la situación no ha cambiado mucho ni en la región ni a nivel internacional. Los estados de la Naciones Unidas no han anunciado medidas concretas como romper relaciones comerciales con Israel o implementar algún tipo de embargo.

El caso de la Cañada Real en Madrid es otro ejemplo similar en el que no hubo grandes cambios. Olivier de Schutter, relator de la ONU para la extrema pobreza, pidió a España que tomase las medidas necesarias para mejorar la situación de los residentes, que llevan cientos de días sin luz. A pesar de esto la situación no ha cambiado, a día de hoy se superan las 1.340 jornadas consecutivas sin luz.

Hace un mes, varios relatores de la ONU también pidieron a España que tomase medidas contra las leyes de Concordia de PP y Vox y tampoco hubo una respuesta o cambio concreto para revertirlas. 

Estas situaciones se producen fundamentalmente porque “los informes que emiten los relatores no son jurídicamente vinculantes, son recomendaciones”, explica la experta en Derecho Internacional Florabel Quispe. Es por eso que la implementación de los cambios que solicitan los relatores “depende de la voluntad política de los Estados y de otras partes interesadas”, ya que no tienen autoridad para imponer sus medidas.

El aporte fundamental que realizan los informes de los relatores es entonces “la repercusión que pueda tener en la sociedad”, explica Quispe. Esto llegaría a través de la visibilización y concienciación que harían los relatores con su trabajo, atrayendo a la comunidad internacional, los medios de comunicación y al público general. 

Según la experta esto contribuye a su vez a generar presión para que los gobiernos tomen medidas, a que los investigadores e investigadores analicen los hechos y a que las ONGs usen los informes para empujar a los gobiernos a tomar medidas. Además de esto, también podría servir como forma de presión diplomática y como base de algunos foros internacionales. 

Gina Romero explica que a nivel gubernamental existe la “posibilidad de llamar la atención para que se solucionen o se avancen reformas”, pero que “hay países a los que no les importa, que no responden”, debido precisamente a que no existe un carácter vinculante de aplicar los cambios solicitados. La experta considera al igual que Quispe que puede ayudar a presionar de una manera distinta, mediante una serie de decisiones diferentes a una sanción directa y que “simbólica o fácticamente, si pueden generar un cambio”. Mediante el informe de Francesca Albanese cita por ejemplo “las discusiones sobre la admisión de Palestina como Estado miembro (de la ONU), y el reconocimiento del país por parte de otros Estados”, que si bien no son sanciones directas, son decisiones que sí que generan cambios en política internacional.

La presión y el conocimiento que pueden generar los informes de la ONU, no son sus únicas características. A mayores pueden “constituir una guía para reformas legislativas, ofrecer soluciones prácticas y normativas para mejorar la situación”, explica Florabel Quispe. “Son una fortaleza para una mejor garantía y protección de los derechos humanos”.

Amenazas por denunciar las violaciones de derechos humanos 

El comité que coordina a los relatores especiales de la ONU denunció a mediados de mayo los ataques que sufren los distintos expertos y expertas a raíz de sus investigaciones. Entre estos se encuentran insultos, ataques de funcionarios estatales y de miembros de la sociedad civil y campañas despectivas, dificultando así en gran medida su trabajo.

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La directiva señaló que los agravios se llevaban a cabo durante reuniones de las Naciones Unidas e incluso cuando los distintos relatores se encontraban de visita oficial en algún país para estudiar la situación de los derechos humanos. 

La ONU citó como ejemplo a los expertos que abordaron la situación de los territorios palestinos ocupados por Israel. Estos relatores afrontaron ataques y acusaciones sin fundamento, con cuestiones sobre su parcialidad, integridad y motivaciones. Otro de los casos citados fue el de los relatores con mandatos sobre cuestiones de género y mujeres, que sufrieron también estas agresiones.

Las amenazas a familiares fueron algo recurrente a lo que tuvieron que hacer frente las distintas relatoras y relatores, buscando intimidar sus acciones, siendo sometidos a una gran presión para no denunciar los hechos.