Concebida hace siete décadas como una ciudad futurista por el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa, Brasilia se erige hoy en icono mundial contra la impunidad. El Supremo Tribunal Federal, con sede en la capital brasileña, ha condenado al expresidente y excapitán del Ejército Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por encabezar una trama golpista contra su rival político, Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata de una sentencia histórica en un país que sufrió una dictadura militar (1964-1985) sin castigo posterior para sus responsables. Es la primera vez que se condena a un expresidente y altos mandos militares por un intento de golpe de Estado. La ejemplaridad de la condena muestra la firmeza de Brasil contra la impunidad y el deseo de saldar cuentas con su pasado reciente.
Bolsonaro (presidente entre 2019 y 2022) ha sido sentenciado a 27 años y tres meses de cárcel por cinco delitos, entre ellos el intento de golpe de Estado y la pertenencia a una organización criminal. Junto a él han recibido también duras penas otros seis imputados que según el Supremo Tribunal Federal (STF) participaron en la trama golpista urdida tras los comicios presidenciales de 2022, en los que el dirigente ultraderechista perdió por un estrecho margen frente a Lula.
Los dos puntales de Bolsonaro en esa conspiración fueron el general y exministro de Defensa Walter Braga Netto y el exjefe de la Marina, almirante Almir Garnier (condenados a 26 y 24 años de prisión, respectivamente). Un encausado más, el teniente coronel Mauro Cid, secretario particular de Bolsonaro, sólo ha recibido una pena de dos años por haber colaborado con los investigadores. Su declaración fue crucial para conocer los entresijos de una operación que se inició en 2021 y se aceleró a finales de 2022 para intentar que Lula no asumiera la presidencia tras haber ganado las elecciones en noviembre de ese año. La conspiración culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia por parte de miles de seguidores bolsonaristas el 8 de enero de 2023.
Ejemplo de transparencia judicial
La celebración del juicio, cuyas sesiones se han emitido por televisión en directo, ha tenido a Brasil en vilo durante diez días. Cuatro de los cinco magistrados de la sala primera del STF votaron a favor de condenar a Bolsonaro y sus cómplices. Todo el país pudo seguir en vivo sus alegaciones. Fue un inmenso ejemplo de transparencia judicial.
El primero en pronunciarse fue el juez instructor, Alexandre de Moraes, a quien la trama golpista pretendía asesinar: “Bolsonaro actuó con la intención de provocar la inestabilidad social y mantenerse en el poder”, argumentó. El voto discrepante de uno de los magistrados, Luiz Fux, quien pidió la absolución del expresidente, imprimió algo de suspense al proceso al considerar que el Supremo no era el órgano competente para juzgar a los acusados. Su posición, al romper la unanimidad, abre un resquicio legal al que ahora podrán acogerse los abogados de Bolsonaro para fundamentar sus recursos. El voto de la jueza Cármen Lúcia fue el que inclinó la balanza (3 a 1) antes de que se definiera el criterio del quinto magistrado. Lúcia, la única mujer en el tribunal, fue contundente sobre el tremendo simbolismo del juicio: “Toda acción penal exige un juicio justo y aquí no es diferente. Lo inédito en esta acción penal es que en ella late el Brasil que me duele. Esta acción penal es casi un encuentro de Brasil con su pasado, su presente y su futuro”.
Bolsonaro, que siguió el juicio desde su casa de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria, ya está inhabilitado para ostentar cargo público hasta 2030 por denostar el sistema de votación ante varios embajadores extranjeros. A sus 70 años, su carrera política puede darse casi por finiquitada. La sentencia determina que tendrá que cumplir 24 de los 27 años en régimen cerrado, todavía por determinar. Pero hay algunos resquicios, legales y políticos, a los que el exmandatario puede aferrarse todavía. Sus abogados probablemente solicitarán la nulidad del juicio, en línea con el argumentario del juez Fux, quien mencionó en su exposición el caso de Lula, cuya condena por corrupción fue anulada en 2021 por el Supremo al estimar que el tribunal federal del estado de Paraná que juzgó al exsindicalista no era competente.
Amnistía o indulto, bazas de Bolsonaro
El tiempo corre ahora en contra de Bolsonaro, más centrado en hallar una solución política a la difícil situación personal que le aguarda. Sus aliados parlamentarios llevan ya tiempo tratando de sumar una mayoría suficiente para sacar adelante en el Congreso una ley de amnistía que, en caso de ser aprobada, tendría que pasar el filtro de la justicia. Entre los promotores del perdón se encuentra Tarcísio de Freitas, poderoso gobernador del estado de São Paulo y principal aspirante a postularse como recambio de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2026. “Fue condenado sin pruebas”, dijo nada más conocer la sentencia. Tanto De Freitas como el resto de dirigentes de la derecha con pretensiones presidencialistas han prometido que otorgarían el indulto a su mentor político si llegan al poder.
El Supremo de Brasil condena a Bolsonaro por intento de golpe contra Lula
El bolsonarismo es hoy la principal fuerza política en el Congreso y su respaldo en la calle no es menor. La condena ejemplar a su caudillo abre un periodo de incertidumbre política. Todavía es pronto para saber cómo reaccionarán las élites brasileñas que lo encumbraron en 2019 y qué efecto tendrá la sentencia entre su legión de seguidores. Al otro lado del espectro ideológico, la izquierda sigue apostando todo al carisma de Lula, quien ya ha anunciado que se presentará a un cuarto mandato el año que viene. Las encuestas le sonríen pero el líder del Partido de los Trabajadores (PT) está a punto de cumplir 80 años y su enorme popularidad ha eclipsado la irrupción de recambios políticos fiables en las urnas.
De momento, la izquierda celebra la sentencia y saca pecho frente a las continuas injerencias de Estados Unidos. Ni las presiones comerciales (con aranceles del 50%) ni las sanciones a De Moraes y otros magistrados han alterado la determinación de Brasil para luchar contra la impunidad. Pero Washington no se da por vencido. El secretario de Estado, Marco Rubio, abandera una cruzada en América Latina en favor de los populismos reaccionarios y ya ha anunciado que habrá "respuesta" de la Administración Trump.
La histórica sentencia del Tribunal Supremo brasileño envía un mensaje diáfano al mundo sobre cómo frenar las estrategias involucionistas de la extrema derecha. En 1979, todavía con los militares en el poder, se aprobó una amnistía que dejó impunes todos los crímenes de los represores. Como sostiene el diplomático y exministro de Hacienda Rubens Ricupero en declaraciones al medio paulista Carta Capital, el juicio a los implicados en la trama para derrocar a Lula opera de alguna forma como contrapunto de aquella ignominia histórica: “En cierta medida, es el juicio que no hicimos al régimen militar”. Un proceso equiparable, en su opinión, al que Argentina abrió contra las juntas militares en 1985. En esa ocasión, como ahora en Brasil, fue la primera vez que un tribunal civil juzgaba a altos mandos militares por golpismo.
Concebida hace siete décadas como una ciudad futurista por el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa, Brasilia se erige hoy en icono mundial contra la impunidad. El Supremo Tribunal Federal, con sede en la capital brasileña, ha condenado al expresidente y excapitán del Ejército Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por encabezar una trama golpista contra su rival político, Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata de una sentencia histórica en un país que sufrió una dictadura militar (1964-1985) sin castigo posterior para sus responsables. Es la primera vez que se condena a un expresidente y altos mandos militares por un intento de golpe de Estado. La ejemplaridad de la condena muestra la firmeza de Brasil contra la impunidad y el deseo de saldar cuentas con su pasado reciente.