La Reunión de Alto Nivel entre los Gobiernos de España y Marruecos que se celebra este 4 de diciembre en Madrid llega en un momento en el que Rabat acumula avances diplomáticos en torno al Sáhara Occidental. Hace poco más de un mes el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, sin votos en contra, una resolución que respalda la propuesta marroquí de autonomía como base para una solución negociada del conflicto. El texto no reconoce la soberanía marroquí, pero supone un empuje político que deja a Rabat en una buena posición ante la cumbre de Madrid.
España mantiene desde 2022 la hoja de ruta que marcó el giro del Gobierno en favor del plan marroquí. La reversión de la postura histórica del Gobierno español ha provocado una intensificación de la cooperación en materia migratoria entre ambos países y el Ejecutivo destaca la reducción de las llegadas irregulares a Canarias. En cambio, la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, anunciada hace casi un año, no ha producido el tráfico comercial que ambos países prometieron, y las restricciones marroquíes mantienen el tránsito prácticamente paralizado. Pese a ello, España impulsa inversiones millonarias en Marruecos, como la financiación de la mayor planta desaladora del país o la compra de trenes con vistas al Mundial de 2030.
Dajla: el nuevo polo comercial y turístico del Sáhara ocupado
La ciudad de Dajla —conocida como Villa Cisneros en la época colonial española— es hoy el principal escaparate de la estrategia marroquí para consolidar y legitimar su ocupación del Sáhara Occidental. Se trata de una ciudad situada en un territorio reconocido por Naciones Unidas como no autónomo y pendiente de descolonización, pero que Rabat administra de facto desde hace décadas. En 2020, Marruecos aprobó dos leyes que extienden su mar territorial y su zona económica exclusiva por toda la costa del territorio ocupado, una ampliación que no está reconocida internacionalmente pero que sirve de base para el despliegue de grandes proyectos portuarios y logísticos en la región.
El principal de ellos es el puerto de Dajla, un macroproyecto conocido como Dakhla Atlantique, en el que Marruecos planea desembolsar 1.100 millones de euros para establecer en 2028 uno de los principales nodos comerciales del norte de África y desplegar una flota pesquera con la que explotar el caladero de las aguas saharauis. La zona logística planeada para el puerto comprende 1.650 hectáreas, y se prevé que en sus primeros años de funcionamiento pasen por él más de dos millones de toneladas de mercancías.
Al del puerto le acompañan otros grandes proyectos de energías renovables, entre ellos los desarrollos de hidrógeno verde en los que participan empresas españolas. Acciona forma parte de un consorcio seleccionado por Rabat para producir derivados de hidrógeno en varias zonas del Sáhara, mientras que Moeve (la antigua Cepsa) impulsa otro proyecto junto a la emiratí Taqa. En conjunto, estos planes energéticos movilizan inversiones de decenas de miles de millones de euros, se extienden por los territorios ocupados, y dibujan el plan de la “nueva Dubai” a la que se refiere la prensa marroquí al hablar de Dajla.
De forma paralela, el régimen de Mohamed VI está impulsando el sector turístico en la zona con la esperanza de convertir Dajla en un destino vacacional de referencia para turistas nacionales y europeos. En internet se promocionan múltiples promociones inmobiliarias y hoteles de lujo, que conviven con la vigilancia y represión por parte de las autoridades marroquíes a los ciudadanos saharauis. El pasado mes de enero un periodista de Público, junto con otros dos ciudadanos españoles, fue expulsado de la ciudad cuando se encontraba en una misión de observación por la apertura del primer vuelo comercial entre Madrid y Dajla para denunciar la desaparición de activistas.
Sin embargo, la última institución pública en sumarse a la promoción del proyecto portuario Dakhla Atlantique no ha sido marroquí, sino española. La empresa pública PROEXCA, adscrita a la presidencia del Gobierno de Canarias, ha organizado una “misión empresarial” para que empresarios de las islas puedan recibir “información privilegiada” y tejer “alianzas estratégicas” para “capitalizar las oportunidades del futuro puerto” de Dajla, ciudad que la convocatoria de PROEXCA sitúa en Marruecos, a pesar de encontrarse en territorio ocupado. La presidencia del Ejecutivo autonómico no ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre el viaje.
El turismo y el deporte como herramienta política
La expansión de Dajla también tiene consecuencias directas en Canarias, donde instituciones y empresarios alertan del impacto económico del nuevo puerto. Según Antonio Moreno, presidente del Cabildo de Gran Canaria, la obra “supone un riesgo económico, político y reputacional que no podemos ignorar”, y está concebida para “competir directamente con los puertos canarios de La Luz y de Las Palmas”, con tasas más bajas, menores exigencias ambientales y sin el marco regulatorio europeo. Según su análisis, Marruecos repite en Dajla un patrón ya visto en Tánger o Agadir: construir alternativas para erosionar sectores estratégicos del archipiélago.
Pero el despliegue económico en torno a Dajla no se limita al nuevo puerto ni a los megaproyectos energéticos. Desde hace años, Marruecos impulsa una estrategia de promoción turística que presenta la zona como “la perla del sur de Marruecos” o “un pequeño paraíso” combinando eventos deportivos, promociones inmobiliarias, campañas dirigidas a viajeros europeos y acuerdos con aerolíneas.
La ruta aérea anunciada entre Lanzarote y Dajla, presentada por la ministra de Turismo marroquí como un salto de “16.000 nuevos asientos” y una ampliación del 50% de la capacidad aérea de la ciudad, formaba parte del acuerdo estratégico con Ryanair para impulsar la proyección internacional de Dajla y convertirla en un “paraíso mundial de los deportes acuáticos”. Aunque Rabat negó haber subvencionado vuelos domésticos, evitó pronunciarse sobre los internacionales, y algunos medios españoles han informado de que la aerolínea opera estas conexiones a cambio de contratos publicitarios financiados por el Gobierno marroquí. La conexión con Lanzarote fue cancelada a finales de noviembre por falta de usuarios.
Este impulso se entrelaza ahora con el calendario del Mundial 2030, que Marruecos organizará junto a España y Portugal. Las obras asociadas —desde nuevos estadios, incluido el que pretende ser el más grande del mundo, hasta infraestructuras de transporte en Casablanca, Rabat o Marrakech— han venido acompañadas de desalojos forzosos de miles de familias compensadas con apenas 1.000 o 1.300 euros, según denunciaron organizaciones locales a El Confidencial. Las protestas, lideradas en buena parte por jóvenes de la generación Z que reclaman “sanidad, no estadios”, han sido reprimidas con decenas de detenciones y se han saldado con, al menos, tres víctimas mortales. El proyecto deportivo, además de reforzar la narrativa de un Marruecos moderno y exitoso, forma parte de una estrategia más amplia de sportswashing que Rabat utiliza para consolidar su imagen internacional en medio de tensiones internas y represión política.
A esta ofensiva turística se suma una intensa actividad diplomática: ferias de inversión, foros económicos y visitas institucionales que presentan Dajla como un territorio plenamente integrado en Marruecos. No es un fenómeno nuevo. En 2015, José Luis Rodríguez Zapatero participó en un foro internacional organizado por Marruecos y celebrado en la ciudad, una visita que suscitó críticas del Gobierno del PP, del Frente Polisario y de sectores saharauis por considerarla un gesto de legitimación política de la ocupación marroquí, cuando la posición oficial de España seguía siendo que el Sáhara Occidental no pertenecía a Marruecos.
La Reunión de Alto Nivel entre los Gobiernos de España y Marruecos que se celebra este 4 de diciembre en Madrid llega en un momento en el que Rabat acumula avances diplomáticos en torno al Sáhara Occidental. Hace poco más de un mes el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, sin votos en contra, una resolución que respalda la propuesta marroquí de autonomía como base para una solución negociada del conflicto. El texto no reconoce la soberanía marroquí, pero supone un empuje político que deja a Rabat en una buena posición ante la cumbre de Madrid.