El Gobierno de Colombia y las FARC firman el acuerdo de paz

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Echeverri Londoño, alias Timochenko, sellaron este lunes el acuerdo cerrado en agosto tras cuatro años de negociaciones que pone fin a la guerra más longeva del hemisferio occidental, el primer paso para dar inicio a un proceso inédito hacia la conquista de la paz. Informa Europa Press.

Santos y Timochenko estamparon sus firmas en el texto pactado durante una ceremonia solemne que se ha iniciado a las 17.00 horas en la ciudad colombiana de Cartagena.

Este momento histórico ha quedado atestiguado por 15 jefes de Estado, la mayoría latinoamericanos; 27 ministros de Exteriores, incluido José Manuel García Margallo, que acompaña al rey emérito Juan Carlos I; y una decena de presidentes de organizaciones internacionales, entre los que destacan el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y el de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Con este gesto, el Gobierno de Santos y las FARC han dado el último paso para sellar un texto que se cerró el pasado 24 de agosto y que tendrá que ser refrendado el próximo domingo por los colombianos.

Unas 2.500 personas, incluidos tres expresidentes –el español Felipe González, el uruguayo José Mujica y el mexicano Ernesto Zedillo– y el ex jefe de la ONU Kofi Annan, han llenado el Patio de Banderas del Centro de Convenciones de Cartagena, todas ellas vestidas de blanco, por exigencias del protocolo, un color que ha teñido cada uno de los hitos de este proceso de paz.

¿En qué consiste el acuerdo de paz?

Con esta firma, el Gobierno y las FARC han blindado un acuerdo de paz de 297 páginas en las que se desgranan los seis acuerdos parciales que lo componen: desarrollo agrario y rural, participación política, cultivos ilícitos, víctimas, fin del conflicto y refrendación, implementación y verificación de lo pactado.

El acuerdo sobre desarrollo agrario y rural contempla la creación de un Fondo de Tierras para lograr la "democratización" del campo colombiano, "en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades más afectadas por el conflicto, promoviendo una desconcentración y una distribución equitativa". El despojo y la invasión de tierras es una de las causas de la violencia en Colombia.

El objetivo de la participación política, por otro lado, es que surjan nuevas fuerzas, entre ellas el partido en el que se transformen las FARC una vez desmovilizadas, con las suficientes garantías de seguridad para desarrollar su labor, que se concretarán en un "estatuto de la oposición". Las regiones más golpeadas por la violencia tendrán 16 escaños en la Cámara de Representantes por dos periodos legislativos (ocho años) y, a partir de 2018, el partido que funde la guerrilla contará con cinco senadores y cinco diputados en la Cámara de Representantes durante dos periodos e independientemente del resultado de las elecciones. El desafío ha sido el de proteger a los nuevos políticos en un país en el que la izquierda ha sido perseguida y masacrada por los paramilitares.

Las FARC se han comprometido además a "poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con el narcotráfico". Las partes han diseñado un mecanismo para la erradicación de los cultivos ilícitos y su sustitución por otros legales. El Gobierno acusa a la guerrilla de obtener ingresos millonarios provenientes de la producción y el tráfico de cocaína, algo que ellos niegan.

Uno de los pilares del acuerdo de paz es el relativo a las víctimas, que crea una jurisdicción especial encargada de esclarecer y sancionar las graves violaciones de los Derechos Humanos y los crímenes internacionales cometidos en el conflicto armado por todos los que hayan participado en él, que se completa con medidas para obtener verdad y reparación e impedir la repetición. Este capítulo fue el más difícil de la negociación por la renuncia de las FARC a aceptar castigos penales. Finalmente en septiembre de 2015 se llegó al acuerdo de esta justicia transicional que considera penas privativas de la libertad de entre cinco y ocho años, pero no cárcel, para quienes confiesen los delitos cometidos en medio del conflicto. Se consideran dos procedimientos: uno para quienes admiten responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.

Las partes han pactado igualmente un cronograma que da 180 días a las FARC para entregar las armas. Los guerrilleros se concentrarán en zonas y puntos concretos del territorio colombiano hasta que se reincorporen plenamente a la vida civil, donde estarán protegidos por una misión internacional bajo el paraguas de la ONU.

Plebiscito por la paz

La firma de este lunes es un acto simbólico porque estos cinco acuerdos todavía tendrán que pasar el examen de las urnas en el plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre para que los colombianos decidan si aceptan o rechazan lo negociado en La Habana.

El umbral mínimo de participación para que la consulta popular sea válida está en el 13% del censo electoral, formado por 33 de los 48 millones de habitantes que tiene Colombia, por lo que solo se requieren 4,5 millones para que el acuerdo de paz sea ratificado o anulado.

De acuerdo con un reciente sondeo sobre intención de voto de Ipsos, un 53% de los colombianos participará en el plebiscito por la paz, de los cuales un 72% lo hará a favor del sí, frente a un 28% que se decantará por el no.

La campaña por el nono, liderada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, clama contra un acuerdo de paz que –desde su perspectiva– da impunidad a las FARC y condiciona el futuro desarrollo de Colombia. 

El reto del posconflicto

Aunque el acuerdo de paz sea bendecido por los colombianos, Gobierno y FARC son conscientes de que aún queda un largo camino por recorrer: construir la paz después de 52 años de guerra que han dejado un reguero de ocho millones de víctimas.

Colombia se enfrenta a retos humanitarios importantes, como la búsqueda de los más de 160.000 desaparecidos durante el conflicto armado y el desminado del país, de acuerdo con el último informe del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR).

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Además, Colombia deberá afrontar una reestructuración de las Fuerzas Armadas, hasta ahora centradas en el combate a las guerrillas, para neutralizar la creciente amenaza de las bandas criminales (bacrim) y evitar que éstas ocupen los espacios abandonados por las FARC.

Todo ello, así como la implementación de los acuerdos de paz, requerirá inmensos recursos humanos y materiales de los que Colombia no dispone, de modo que el apoyo de la comunidad internacional será crucial para el éxito de este proceso.

Santos confía en que, si se hace bien, "no solamente va a salvar muchas vidas, sino que va a cerrar la fábrica de víctimas". "Es una oportunidad única. Colombia es un país con un potencial enorme que, si logramos encauzar, aquí no hay quien nos pare", aseveró.