La Fiscalía de Milán (norte de Italia) ordenó este miércoles la intervención judicial de la filial italiana de la empresa de reparto británica Deliveroo por la presunta explotación laboral de miles de riders, a quienes se les habrían aplicado condiciones salariales por debajo del umbral de la pobreza, informa EFE.
La medida, de carácter urgente, se produce tras una investigación liderada por el fiscal Paolo Storari, quien ya ordenó recientemente una intervención similar contra la filial de la española Glovo en Italia, Foodinho.
La investigación, recogida por los medios locales, apunta a que Deliveroo habría ofrecido salarios por debajo del umbral de la pobreza, aprovechándose del estado de necesidad de entre 300 y 20.000 trabajadores en Italia. La acusación sostiene que los repartidores percibían remuneraciones que, en ciertos casos, resultaban "inferiores hasta en un 90% respecto al umbral de pobreza y a la contratación colectiva".
Según el auto de 60 páginas del fiscal, la empresa adoptó una "política que reniega explícitamente de las exigencias de respeto a la legalidad", perpetrando este modelo de negocio desde hace años.
El reconocimiento facial precariza (aún más) el día a día de los repartidores de comida a domicilio
Algunos de los testimonios de repartidores recogidos en el documento describen jornadas de hasta once horas diarias, siete días a la semana e ingresos de entre 3 y 4 euros por entrega.
Asimismo, denuncian control constante a través de GPS y un sistema de algoritmos que penaliza las ausencias o la baja productividad.
El pasado 19 de febrero, el juez de instrucción de Milán, Roberto Crepaldi, validó la medida de Storari sobre Foodinho, empresa a la que se le acusa también de contratar mano de obra en condiciones de explotación aprovechando el estado de necesidad de los empleados.
La Fiscalía de Milán (norte de Italia) ordenó este miércoles la intervención judicial de la filial italiana de la empresa de reparto británica Deliveroo por la presunta explotación laboral de miles de riders, a quienes se les habrían aplicado condiciones salariales por debajo del umbral de la pobreza, informa EFE.