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Asesores de Macron en la lucha contra el Covid-19 mantienen vínculos con las farmacéuticas

El personal médico embarca a un paciente infectado con el Covid-19 a bordo de un tren de alta velocidad medicalizado TGV en la estación de tren Gare d'Austerlitz en París.

Rozenn Le Saint | Antton Rouget (Mediapart)

Varios médicos del consejo científico que, desde el 10 de marzo, ayuda al gobierno en la toma de decisiones frente a la pandemia tienen vínculos de intereses que plantean problemas con la industria farmacéutica.

Estos médicos han sido invitados, a menudo con todos los gastos pagados, a un coloquio patrocinado por laboratorios, les han dado consejos científicos o conferencias o realizado ensayos clínicos con la esperanza de validar la eficacia de sus tratamientos. Esta situación llama la atención de varios especialistas del sector. Bruno Toussaint, director editorial de la revista médica independiente Prescrire, dice todo preocupado: “El contexto de la crisis saca a la luz que los nombramientos libres de conflictos de intereses no se dan por sentado en el mundo de la salud... Hay mucho trabajo por delante y por mucho tiempo.” Por su parte, François Pesty, representante del Formindep, asociación para la formación e información médica independientes, denuncia también que “la independencia del peritaje no ha sido en absoluto respetada”.

“¿Puede estar el consejo implicado en problemas de conflictos de intereses?”, dice en voz alta Jean-François Delfraissy, presidente del consejo científico. “Yo diría sí y no”, respondió a Mediapart. “No, porque nuestros intercambios están relacionados con grandes orientaciones estratégicas. No nos pronunciamos, por ejemplo, sobre elegir tal o tal molécula. Sin embargo, hay necesariamente interacciones con la industria. Se habla de la industria farmacéutica pero también intervienen los fabricantes de test o la industria digital”, admite este inmunólogo.

El presidente del consejo nos anuncia su voluntad de “protegerse” dotando a dicho consejo de un “reglamento interior que permita conocer cuáles son las normas para quien tenga conflicto de intereses”. El reglamento, que podrá contener reglas sobre comisiones, tendrá que estar listo en los próximos días y será hecho público, según el Dr. Delfraissy. El 24 de marzo se ha incorporado como refuerzo un segundo grupo de científicos para asesorar en las decisiones gubernamentales: el Comité de Análisis, Investigación y Peritaje (Care). El único médico miembro de este comité que aparece libre de todo conflicto de interés es su presidenta, Françoise Barré-Sinoussi. Los otros cuatro miembros han estado con gastos pagados o remunerados por la industria farmacéutica. Según las investigaciones llevadas a cabo por Mediapart, esta industria ha llegado a pagar 325.406 euros a uno de ellos. (leer su comunicado en su blog de Mediapart).

Entre los pagadores hay empresas que fabrican test de diagnóstico o estudian tratamientos para curar del Covid-19. Ahora bien, el papel del Care es ayudar al ejecutivo a definir su estrategia sobre los tests, ensayos de nuevos tratamientos y pistas para una futura vacuna: tres apuestas esenciales para las empresas farmacéuticas.

El Care podría por ejemplo recomendar la requisa de la industria farmacéutica, como ha anunciado Donald Trump en los EEUU con General Motors para producir respiradores artificiales. Una hipótesis que en Francia ha sido descartada por el momento, como ha confirmado el primer ministro Édouard Philippe en la conferencia de prensa del 29 de marzo. Al día siguiente, 30 de marzo, una coalición de colectivos inter-hospitales e inter-urgencias, así como el Observatorio de transparencia en las políticas del medicamento, han abordado al Consejo de Estado para solicitar “las requisas que hagan falta para hacer frente a la escasez de material y de medicamentos”.

¿El Care va solo a implantar normas para evitar toda connivencia en el proceso de sus decisiones en los problemas considerables? No se sabe. Su presidenta, la profesora Françoise Barré-Sinoussi, no nos ha respondido. “Teniendo en cuenta la situación actual, está muy solicitada y desbordada”, nos ha dicho su secretaria. Hemos pedido también explicaciones al Elíseo y no nos han contestado. Esta falta de respuestas, sin que hayan sido anunciadas públicamente unas mínimas medidas para prevenir los conflictos de intereses, no hacen más que alimentar la sospecha de una falta de control.

El miembro de estos consejos en el centro de las decisiones gubernamentales más vinculado a la industria farmacéutica es Jean-Philippe Spano, jefe del servicio de oncología médica del hospital parisino de la Pitié-Salpêtrière y experto en el reciente Care. Desde 2012, los laboratorios han gastado en él 325.406 euros, según EurosForDocs, anuario de vínculos de interés entre los profesionales de sanidad y las firmas farmacéuticas, que toma los datos públicos de la web transparence.sante.gouv.fr.

El doctor Spano recibió directamente 177.081 euros en ocho años por contratos de peritaje, de los cuales 62.861 euros por parte del laboratorio Roche, es decir, 1.844 euros por mes además de su sueldo de jefe de servicio del hospital de la Pitié-Salpêtrière de París. El último contrato, por una cantidad de 6.000 euros, data del 16 de abril de 2019. Sus servicios no aparecen detallados y Jean-Philippe Spano no ha respondido a Mediapart, al contrario que varios de sus colegas. Sin embargo, hay mucho que preguntarse sobre su posición. ¿Hasta dónde llega la posible influencia de sus vínculos de intereses recientes con la industria farmacéutica y más en particular con el gigante farmacéutico suizo? ¿Y qué ha hecho para prevenirlo?

Tras el retraso en la puesta a disposición en Francia de los test de detección del Covid-19 (leer aquí nuestra investigación: Detrás de la ausencia de diagnóstico masivo del Covid-19, la realidad de la escasez), el 16 de marzo Roche anunció solemnemente la llegada al mercado francés de su nuevo test exprés con robot integrado, que exige una inversión en las plataformas más caras del mercado. Esta sería la solución salvadora transmitida por el gobierno con el fin de paliar de inmediato la escandalosa falta de test en Francia y hacer lo necesario para estar en condiciones en junio de hacer hasta 100.000 test rápidos diarios, un objetivo anunciado el 29 de marzo.

El laboratorio gastó 53.343 euros para invitar a Jean-Philippe Spano a coloquios, viajes, hoteles y comidas. En ocho años, la industria farmacéutica ha gastado con este médico un total de 148.325 euros.

Después está Yazdan Yazdanpanah, infectólogo y epidemiólogo del hospital Bichat de París, miembro del Care y también del consejo científico, un pilar de los consejeros del ejecutivo porque le ha tocado hacer el papel de enlace entre los dos grupos. Los laboratorios han gastado en él desde 2012 un total de 134.773 euros. Hasta 2017 recibió directamente 38.342 euros. “Desde ese año ya no tengo vínculos con los laboratorios. La única relación que queda son los ensayos clínicos en el hospital Bichat en los que yo pueda ser investigador. No percibo ninguna remuneración personal”, ha precisado a Mediapart.

Declaraciones publicadas en la web... después de la llamada de Mediapart

En cambio, ha seguido acudiendo a congresos patrocinados por la industria farmacéutica hasta el 3 de octubre de 2019, una práctica corriente en el mundo de las batas blancas.

Como el Estado tiene casi abandonado el campo de la formación continua, la industria farmacéutica está muy interesada en tomar el relevo para promocionar sus remedios terapéuticos. En total, los laboratorios han gastado 96.431 euros en invitar al Dr. Yazdanpanah durante ocho años, principalmente las firmas MSD y AbbVie. Ahora bien, este último laboratorio se ha metido de lleno en la carrera por encontrar un tratamiento para el Covid-19.

“Mis vínculos de 2016 y años anteriores cuentan? ¿Tres años y medio no es suficiente para deshacerse de un vínculo? Estas son discusiones que tenemos en el marco de la definición de un reglamento interior”, explica Yazdan Yazdanpanah. “Vamos a tratarlo nosotros en el consejo”. Y añade, “Personalmente, pienso que si alguien tiene un conflicto de intereses sobre un tema, es necesario que la persona no participe en la discusión”.

En tercera posición sobre el podio de expertos del ejecutivo en Covid-19 más vinculados a la industria farmacéutica, está el neumólogo Dominique Valeyre, en quien los laboratorios declaran haber gastado 120.584 euros en ocho años: por contratos de peritaje sin precisar 51.114 euros, entre ellos tres con Roche en 2016 y 2017 por un total de 2.500 euros. También fue invitado a coloquios, con todos los gastos pagados, por un total de 69.470 euros, de los cuales 10.668 euros por cuenta de Roche. Tampoco él ha respondido a la solicitud de entrevista de Mediapart.

Jean-François Delfraissy explica que “desde el tercer o cuarto día tras la creación del consejo científico, pedí que cada uno de nosotros hiciera una DPI Santé (declaración pública de intereses)”. Él mismo rellenó una DPI cuando, ya antes, siendo presidente del Comité Consultativo Nacional de Ética, se hacía cargo de las exigencias de control de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP).

No todas las DPI se han hecho inmediatamente públicas. Ha sido necesaria una llamada de Mediapart para que el doctor Delfraissy remedie la situación el 27 de marzo. Su declaración pública de intereses, como las de todos los miembros del consejo científico, han sido finalmente publicadas en el apartado correspondiente de la web del Ministerio de Sanidad. “Normalmente hay un periodo de 14 días durante el cual no se hacen públicas las declaraciones. Yo he llamado para que se publiquen inmediatamente”, se justifica el presidente. Las DPI actualizadas de los miembros del Care todavía no están colgadas.

Desde 2005, Jean-François Delfraissy ha dedicado su carrera a la investigación. Ahora bien, los investigadores puros son menos solicitados por las firmas farmacéuticas que los prácticos facultativos, ya que aquéllos no prescriben medicamentos. En su DPI aparece solamente una función de miembro no remunerado del consejo de administración de la Fundación Mérieux, patrocinada por el laboratorio lyonés BioMérieux.

Arnaud Fontanet, investigador del Institut Pasteur, ha tenido un solo vínculo de intereses con los laboratorios: EurosForDocs solo hace mención de su participación no remunerada en un congreso organizado por Johnson & Johnson. Fontanet participa también en una cátedra en el CNAM (conservatorio nacional de artes y oficios) sobre los nuevos riesgos, que está financiada por la aseguradora Allianz. “No existe ninguna situación en la que se pueda hablar de comisiones mías”, explica el investigador. “En el consejo científico no se tratan la cuestiones políticas o económicas. Nosotros damos opiniones científicas sobre cuestiones sanitarias. Estamos verdaderamente en el tema sanitario y en ningún momento evaluamos el impacto económico”, alega.

La industria farmacéutica ha gastado cantidades inferiores a 900 euros con el presidente del consejo científico y con el investigador Franck Chauvin; 1.703 euros con la reanimadora Lila Bouadma y 3.207 euros con el médico generalista Pierre-Louis Druais, cantidades ínfimas para este sector. Didier Raoult era el único miembro del consejo científico sin vínculos de intereses declarados por la industria farmacéutica, ni en su DPI ni en la web transparence.sante.goubv.fr. El Dr. Raoult renunció el 24 de marzo.

La declaración de otro médico del consejo, el virólogo Bruno Lina, hace también mención de la financiación por BioMérieux de la investigación del laboratorio que él dirige en los Hospicios Civiles de Lyon, por una cantidad de 15.000 euros hasta finales de 2020. La llegada de sus test de detección a finales de marzo fue anunciada con mucha esperanza por la Dirección General de Sanidad. Aparecen una parte de sus vínculos anteriores con Roche y también con Seegene, un fabricante coreano de la competencia de test Covid-19. En ocho años, la industria farmacéutica gastó con él 23.892 euros, pero ninguna remuneración directa, como ha precisado a Mediapart.

Esas cantidades corresponden a invitaciones a coloquios financiados por la industria farmacéutica, sobre todo por parte de Sanofi, movilizado en todos los frentes del Covid-19, que ha pagado por él 17.521 euros. Estos vínculos no aparecen en la DPI de Bruno Lina. Preguntado por esa ausencia, el profesor Lina no ha respondido.

Finalmente, los laboratorios han gastado también 28.709 euros desde 2012 con Denis Malvy, infectólogo del CHU de Burdeos. Le han pagado 9.000 euros, principalmente por ser miembro del consejo científico del laboratorio Alfasigma, “que no se posiciona en absoluto sobre el Covid-19”, precisa el miembro del consejo científico. Los 19.709 euros restantes son por gastos de invitaciones a coloquios organizados por Big Farma.

Las cualidades científicas de estos expertos son alabadas por mucha gente, pero ¿ha sido tenida en cuenta la cuestión de sus vínculos de intereses en el momento de su selección? El Elíseo no nos ha dicho si este tema había sido contemplado.

A título de ejemplo, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) hace distinción entre un simple vínculo de intereses y un vínculo de intereses mayor, caracterizado por apreciar su intensidad según tres criterios: si sigue siendo actual o su antigüedad, la frecuencia de las relaciones y la cuantía de las ventajas financieras. Su guía de declaraciones de intereses y de gestión de conflictos de intereses (ver aquí) recomienda abstenerse de elegir a miembros de comisiones susceptibles de encontrarse en situación frecuente de conflicto de intereses teniendo en cuenta sus vínculos de intereses de importancia y en atención al objeto de la comisión. Si se piensa que puede haber un conflicto de intereses por un asunto tratado en la comisión, la HAS recomienda apartarse y “no asistir, por dicho asunto, ni a los trabajos ni más tarde a las declaraciones”.

El presidente Emmanuel Macron no es precisamente el más exigente en este tema. Durante su campaña presidencial se vio obligado a separase de su consejero de salud, Jean-Jacques Mourad, tras las revelaciones sobre las remuneraciones pagadas a su cardiólogo por el laboratorio Servier, productor del inhibidor del apetito Mediator.

Agnès Buzyn nunca ha ocultado su enfado respecto a la ley “anti regalos” tras el asunto de Mediator, que ha llevado principalmente a crear la web transparence.sante.gouv, cuyos datos permiten a todo el mundo conocer los vínculos de intereses de los profesionales sanitarios, y su “interpretación radical”. Su sucesor en el ministerio de sanidad, Olivier Véran, también médico, es más sensible: en su caso personal, verifica cada poco qué vínculos de intereses se le atribuyen, localiza el menor error y lo comunica y, en su caso, preocupado por su imagen, los hace borrar de la web.

Traducción de Miguel López.

Texto original en francés.

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