Los ciberdelincuentes ponen ahora su punto de mira en las cuentas de Instagram

Emma (nombre supuesto) es una adolescente holandesa de una pequeña ciudad junto al mar del Norte. En los últimos años, ha atendido su cuenta de la red social Instagram hasta el punto de que, en noviembre de 2020, contaba con más de 20.000 seguidores. En la semana del 18 de noviembre de 2020, su cuenta fue eliminada.

Nos pusimos en contacto con Emma, de 18 años, a través de Instagram unos días antes de que su cuenta fuera eliminada. Queríamos saber cómo hacía frente a los numerosos abusos que sufren los influencersinfluencers, pero sobre todo las influencers, en la red social. Como muchos otros, Emma es “denunciada” regularmente a Facebook (Instagram pertenece a Facebook, los dos servicios se gestionan casi como uno solo). La joven cuenta que, en una ocasión, le desactivaron la cuenta con la excusa de una suplantación de identidad. Una idea “estúpida” dada la cantidad de selfies que publica, según explica.

En total, ha sido denunciada “cinco o seis veces” en dos años, pero siempre ha conseguido recuperar su cuenta. Hasta ahora.

Grupo de iraquíes y saudíes

Supimos que la cuenta de Emma estaba en peligro porque había sido identificada como objetivo en un grupo de Telegram que investigábamos. En este grupo, varias decenas de adolescentes que, a juzgar por el árabe que emplean, viven principalmente en Irak y Arabia Saudí, se enorgullecen de expulsar a las usuarias de Instagram de la red social. Pregonan el éxito de su misión en sus propias stories, en la misma red social, donde se puede ver que en general la toman con mujeres jóvenes del norte de África y de Oriente Medio. Pero a veces también operan en Europa.

Su método es sencillo. Utilizan programas muy básicos, disponibles en GitHub, una plataforma de intercambio de código informático, para denunciar automáticamente a sus víctimas. Al usar varias cuentas de Instagram, una sola de ellas puede denunciar a un usuario decenas de veces en cuestión de minutos. La mayoría de las veces, las denuncias son por spam, suplantación de identidad o “suicidio o autolesión”spam, una función introducida por Instagram en 2016. Tras recibir varias de estas denuncias, Facebook suspende la cuenta en cuestión.

Un joven iraquí de 16 años, que se hace llamar Zen, es miembro de este grupo. Nos explica que, una vez suspendida una cuenta, se pone en contacto con Facebook por correo electrónico y reclama la propiedad de la cuenta. Facebook le pide, de una forma que parece automatizada, que envíe una foto suya sosteniendo un papel con un código de 5 dígitos. Al recibir la foto, Facebook le da acceso a la cuenta suspendida, que de esta forma vuelve a estar activa. Una vez que se ha hecho con el control, Zen revende la cuenta por entre 20 y 50 dólares estadounidenses, en función del número de seguidores.

Zen nos cuenta que sus clientes simplemente querían tener más seguidores, pero no se descarta que estas cuentas alimenten un tráfico mayor. En el popular sitio de venta de cuentas de Instagram SocialTradia, una cuenta con 2.000 seguidores cuesta entre 100 y 200 dólares.

Herramientas para la denuncia masiva

Otro grupo, con sede en Pakistán, ha codificado una extensión para el navegador Chrome que permite automatizar las denuncias masivas en Facebook. Para utilizarlo, hay que comprar una licencia por 10 dólares. Pero la versión gratuita da acceso a una lista de objetivos sugeridos, que se actualiza unas dos veces al mes. Hemos podido identificar 400 objetivos en 40 países, incluidos varios en Europa.

No hemos llegado a saber cómo seleccionaba a sus víctimas este grupo. El desarrollador de la herramienta, un paquistaní de unos 20 años que se hace llamar Tiger, no ha respondido a nuestras preguntas. Entre los objetivos, hay musulmanes ahmadis (movimiento religioso originario del Punjab), independentistas baloch y pastunes, activistas LGBTQ+, ateos y feministas.

Mahmoud (nombre supuesto), un ateo que vive en Belfast, Irlanda del Norte, estaba en su lista. Aunque no sabe si ha sido denunciado masivamente por pakistaníes, nos dijo que ya había sido objetivo de este tipo de grupos. En los últimos siete años, “cientos” de sus publicaciones han sido suprimidas como resultado de la denuncia masiva, asegura.

Facebook, cuestionado de forma habitual por cerrar o suspender cuentas, y muy recientemente en Francia con activistas feministas, no ha querido dar respuesta a nuestras preguntas concretas. El grupo nos remitió la siguiente respuesta, que reproducimos en su integridad: “No permitimos que la gente abuse de nuestros sistemas de denuncia para acosar a los demás y hemos invertido mucho en tecnologías para detectar las cuentas que participan en denuncias coordinadas o automatizadas. Siempre habrá gente que intente abusar de nuestros sistemas, pero intentamos ir un paso por delante e impedir esta actividad en la medida de lo posible”.

Miles de víctimas

Examinamos las herramientas de Zen, de Tigre y de sus acólitos. No requieren de ninguna habilidad especial y normalmente se pueden ejecutar desde un smartphone. Denunciar automáticamente a los usuarios en Facebook e Instagram es tan fácil que jóvenes de todo el mundo lo han convertido en su negocio. A juzgar por las decenas de programas disponibles en GitHub y los miles de videotutoriales en YouTube, es probable que muchos otros grupos operen de la misma manera.

Entrevistamos a 75 usuarios/as de Facebook en Reino Unido, 21 de los cuales nos dijeron que sus cuentas habían sido bloqueadas o suspendidas por la plataforma en el pasado. Una mujer escocesa de 56 años, por ejemplo, había creado un grupo llamado “Let Kashmir Decide”. Nos explica que Facebook la desactivó en septiembre de 2020, argumentando que “infringía las reglas de la comunidad”, probablemente por una denuncia masiva.

La lucha contra el acoso y las denuncias masivas en Facebook requiere una energía considerable, aunque sólo sea para recuperar el acceso a la cuenta. Algunos tiran la toalla. Una mujer de 30 años que vive en Berlín rememora que abandonó las redes sociales después de repetidos abusos, incluidas denuncias masivas.

No tener acceso al universo Facebook limita obviamente la capacidad de participar en la vida pública, ya que gran parte del debate se ha trasladado allí. Pero el problema va más allá de la libertad de expresión. Con la pandemia, cada vez más servicios públicos están dirigiéndose a Instagram, ya que sus organismos reguladores no han previsto nada para permitir permanecer en contacto con sus usuarios. Algunos hospitales de Alemania, por ejemplo, han sustituido sus reuniones de información pública por directos en Instagram. Los que no tienen una cuenta no pueden participar.

La DSA, al rescate

El 15 de diciembre, la Comisión Europea propuso nuevas normas para subsanar las deficiencias de la función “denunciar a este usuario” de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). El texto aún debe pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo antes de tener rango de ley.

La propuesta de la Comisión pasa por exigir a plataformas como Facebook ser más transparentes con los usuarios cuando se denuncie y elimine una publicación o un perfil. En particular, las plataformas tendrían que establecer sistemas de gestión de reclamaciones, que permitan a los usuarios denunciados impugnar una decisión.

Facebook ya cuenta con un sistema de este tipo. Sin embargo, ninguna de las víctimas de las denuncias masivas con las que hemos hablado ha podido ganar su caso por los cauces normales. Emma, la adolescente holandesa que recientemente perdió su cuenta de Instagram, asegura que tuvo que hacer de su cuenta gratuita de Instagram, una cuenta “de negocios” para poder contactar con alguien en Facebook. Al final, fue alguien de Facebook Francia quien la ayudó, aunque ella es de los Países Bajos. Emma no sabe por qué ni cómo su petición acabó en la mesa de un francés. “Había hablado con tanta gente [en Facebook] antes de él que pensé que él, como los demás, no podría ayudarme. Pero unos días después recibí un correo electrónico de Facebook Francia pidiéndome que enviara una foto de mi documento de identidad. Cinco minutos después, volví a tener acceso a mi cuenta”.

Trista Hendren, que vive en Noruega, también relata la arbitrariedad de los procedimientos de recurso a Facebook. Como editora de libros feministas, ha sido objeto de varias campañas de odio o denuncias masivas en los últimos ocho años. En noviembre, seguía siendo un objetivo designado por el grupo pakistaní. Hendren nos dice que ninguno de los procedimientos que inició a través de los canales habituales tuvo éxito. Para ella, la única manera de restablecer una cuenta o una publicación es tener contacto directo con un empleado de Facebook.

Libertad de expresión para los ricos

La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Comisión Europea pretende resolver este problema mediante la creación de tribunales de arbitraje que se encargarían de los litigios que los mecanismos internos no hayan podido resolver.

Pero los usuarios y usuarias tendrán que pagar por utilizar estos tribunales privados (se les reembolsarán los gastos si ganan el caso). Con este sistema, “luchar por el derecho a la libertad de expresión [podría] convertirse en un privilegio para quienes puedan permitírselo”, avisa de el eurodiputado alemán Tiemo Wölken (Socialistas y Demócratas) y ponente de la DSA.

La DSA también introduce la obligación de prohibir los abusos por parte de los usuarios que denuncien de mala fe. Pero es poco probable que este mecanismo mejore algo. En una lógica kafkiana, se considera que todas las denuncias se hacen de buena fe. Y como las plataformas tienen la obligación de reaccionar ante cualquier denuncia realizada de buena fe, probablemente seguirán “borrando primero y preguntando después”, como dice Wölken.

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Traducción: Mariola Moreno

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