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La fallida maniobra de Israel para convencer a Occidente de que seis ONG palestinas tienen vínculos terroristas

Un joven palestino monta en un carro de caballos junto a los grafitis de los últimos líderes de Hamás, el jeque Ahmed Yassin y Abdel Aziz Al-Rantisi, en la ciudad de Gaza.

René Backmann (Mediapart)

Sorpresa y desaprobación entre los diplomáticos, condena indignada entre los defensores de los derechos humanos. Benny Gantz, ministro de Defensa israelí, generó una reacción airada el pasado 22 de octubre al señalar a seis organizaciones de la sociedad civil palestina como “grupos terroristas”.

El 7 de noviembre, el general Yehuda Fuks, jefe del mando central israelí que controla Cisjordania, firmó una orden por la que se prohíbe a estas organizaciones “ilegales” operar en “Judea-Samaria”, el nombre bíblico de Cisjordania utilizado por el régimen israelí. Esta orden permitía al Ejército actuar a su antojo con estas organizaciones. Es decir, detener a sus miembros o colaboradores, registrar sus locales e incautarse de sus archivos, ficheros y ordenadores.

Hasta la fecha, los locales de tres de las seis ONG han sido registrados por la Policía o el Ejército israelí. Estas ONG son conocidas y respetadas en Oriente Medio y fuera de él por su labor de información y documentación sobre la ocupación, la colonización y las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional por parte de Israel. Durante años, dichas ONG han recibido ayuda financiera de la Unión Europea (UE) y, de forma bilateral, de una docena de países europeos, entre ellos Francia. La mayoría de ellas hacen campaña para que Israel sea llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Estas ONG están acusadas de pertenecer a una red controlada por el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), movimiento marxista y nacionalista árabe creado en 1967 por el difunto George Habash, y de financiar las actividades terroristas de la rama militar de este movimiento desviando los fondos proporcionados por los europeos.

Esta acusación es más inquietante si cabe por cuanto la UE, Estados Unidos y la mayoría de las capitales implicadas consideran desde hace casi veinte años al FPLP un grupo terrorista y se muestran especialmente vigilantes sobre el destino y el uso de sus fondos.

Voces discordantes en el Gobierno

Incluso antes de la confirmación de la decisión ministerial por parte del general Fuks, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, conocidas por su rigor, habían expresado inmediatamente su solidaridad con sus “socios palestinos”. Incluso en Israel, donde la decisión de Benny Gantz había sido aprobada casi por unanimidad en la Knesset, hubo una voz discordante en el Gobierno, la de la ministra de Transportes, Merav Michaeli, presidenta del Partido Laborista, para lamentar el “daño que esta decisión podría causar entre nuestros mayores amigos, en detrimento de los intereses israelíes”.

Merav Michaeli no se equivocó. No sólo la mayoría de los socios europeos de Israel desaprobaron la iniciativa de Benny Gantz, claramente destinada a privar de sus medios de existencia a las ONG consideradas útiles y respetuosas con la ley, sino que muchos de ellos también cuestionaron y criticaron la campaña de intoxicación y desinformación del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí que precedió y acompañó al anuncio del ministro de Defensa. Tanto en el fondo como en la forma.

Según diplomáticos europeos en Israel, al menos cinco países de la UE pidieron aclaraciones o información adicional, en vano. Varios de ellos reprocharon a sus interlocutores israelíes este silencio o el carácter groseramente engañoso de los argumentos utilizados.

Esta campaña contra las ONG forma parte de una estrategia diplomática y política que ya está más que asumida. Y así de claro lo entienden la mayoría de las representaciones diplomáticas del país.

Israel, que dispone claramente de los medios militares para asegurar su seguridad y garantizar su supervivencia, parece temer desde hace algunos años sobre todo una derrota moral y política en caso de comparecencia de algunos de sus dirigentes ante la CPI. Y no se priva de intentar evitarlo o, al menos, retrasar al máximo ese riesgo.

Así que asfixiar a aquellos cuya misión es proporcionar más datos a la acusación, investigando y documentando las violaciones del derecho internacional por parte del Estado de Israel, sus dirigentes, sus policías y sus soldados ha sido una estrategia prioritaria de los dirigentes israelíes durante años.

Ofensiva de desestabilización

Según los medios de comunicación israelíes en línea +972 y Local Call, así como el sitio web de investigación The Intercept, ya en la primavera pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí lanzó una ofensiva para desestabilizar a las seis ONG palestinas, que se basaba principalmente en la distribución a los diplomáticos europeos en Israel de un “expediente confidencial y reservado” preparado por la Agencia de Seguridad de Israel (ISA), antes conocida como Shin Bet, cuyas actividades abarcan Israel y los territorios palestinos ocupados.

Este documento de 74 páginas debía convencer a los Estados europeos de que las ONG que recibían sus contribuciones eran en realidad sólo intermediarios cómplices o imprudentes encargados de recaudar fondos para financiar las operaciones terroristas del FPLP. En el espíritu de sus autores, de sus patrocinadores y de los asesores del Ministro de Asuntos Exteriores que lo distribuyeron discretamente a las embajadas, este documento pretendía animar a los gobiernos europeos a cortar toda ayuda financiera a estas ONG.

Mediapart ha tenido acceso a este documento, sellado con el logotipo de la ISA y considerado como “confidencial” (bajo estas líneas).

La lectura de este terrible documento, mezcla de afirmaciones sin pruebas, deducciones engañosas y de burdas aproximaciones, que se presenta en forma de Power Point bastante simplista, explica por qué la operación israelí acabó en fracaso. Y por qué cinco Estados europeos han informado hasta ahora al Gobierno israelí de que el caso no contiene “pruebas concretas” de las acusaciones formuladas y que, por tanto, han decidido seguir financiando y apoyando a las organizaciones mencionadas.

El documento, que no aporta ninguna información nueva o desconocida sobre las seis ONG, y que proporciona información sobre el FPLP que está disponible desde hace tiempo en la prensa israelí e internacional, se basa en las respuestas a los interrogatorios de los agentes de la ISA a dos contables palestinos, Said Abdat y Amro Hamuda.

Los antiguos empleados de los Comités de Trabajo Sanitario (HWC), una ONG de ayuda médica ilegalizada en 2020 y que no está en la lista de Benny Gantz, fueron despedidos en 2019 por presunta malversación financiera y actualmente están detenidos en Israel. Ninguno de los dos trabajó en ninguna de las seis ONG ahora ilegalizadas por el Ministerio de Defensa.

Pero durante los interrogatorios, entre marzo y mayo, a los agentes de la ISA les pidieron repetidamente que aportaran “testimonios”, a ser posible condenatorios, sobre las seis ONG. Con resultados más que modestos. En efecto, cuando se les pregunta por las fuentes de sus acusaciones –diferentes y vagas, por otra parte– contra las seis ONG, se contentan la mayoría de las veces con responder que sus informaciones “eran de dominio público” o que se limitan a repetir “lo que todo el mundo sabía”.

Y ante la pregunta de los nueve recibos que reconoce haber falsificado cuando trabajaba para HWC –y que motivaron su despido–, Amro Hamuda responde que estaban destinados a “cubrir las deudas del Comité”, sin mencionar el más mínimo desvío con el objetivo de financiar operaciones terroristas.

Incluso declaró el 29 de marzo, cuando el policía le preguntó sobre su “juego con las facturas” para financiar al FPLP, que estos desvíos de fondos se utilizaron para “saldar sus deudas de juego y no para financiar al FPLP”. En cuanto a las facturas o recibos falsos mencionados en el informe, proceden exclusivamente del HWC.

Tampoco mencionan el menor vínculo con las actividades “militares” del FPLP. Por el contrario, cuando los dos contables entrevistados confiesan que sus fondos malversados pueden haber sido utilizada para “actividades educativas, humanitarias o de baile popular del FPLP”, la comparación entre el texto completo de sus interrogatorios –obtenido por +972 y Local Call– y el informe de la ASI muestra que, en el documento transmitido a las embajadas, la naturaleza de las “actividades” ha desaparecido. Sólo afirma que “los desvíos pueden haber alimentado las actividades del FPLP”.

Ninguno de los testimonios citados por la ASI queda demostrado con pruebas o documentos concretos. Y a pesar de la fuerte presión psicológica y física a la que fueron sometidos los dos contables, según sus abogados, fueron incapaces de proporcionar la más mínima información para incriminar a las seis ONG.

Fiasco diplomático

El resultado de esta maniobra fallida fue desastroso para el Gobierno israelí.

Washington, protector histórico de Israel, lejos de mostrar un apoyo espontáneo, pidió “información adicional” antes de posicionarse.

En Europa, la mayoría de los socios de Israel no compraron la tesis de las seis ONG vinculadas al FPLP o a acciones terroristas contra Israel. “El documento israelí no era nada convincente”, señalaba un diplomático de la UE hace unas semanas. “Pedimos información adicional que seguimos esperando”. En Bélgica, tras realizar su propia investigación, la ministra de Cooperación, Meryame Kitir, declaró que no había “la más mínima prueba de malversación de fondos por parte de las seis ONG que figuran en el documento israelí” y que, por tanto, no había “ninguna razón para congelar la financiación de estas organizaciones”.

En los Países Bajos, donde la diplomacia es tradicionalmente proisraelí, el Ministerio de Asuntos Exteriores considera que el documento israelí no aporta ninguna prueba concreta de la existencia de un vínculo entre las ONG y el FPLP. Italia, Dinamarca y el Reino Unido han decidido mantener las ayudas.

Por su parte, Francia, ha reafirmado “su adhesión al papel indispensable de la sociedad civil en la vida democrática” y señalado –mensaje discreto al Gobierno israelí– que “es responsabilidad de los Estados crear y mantener un entorno propicio para su trabajo”.

En otras palabras, después de iniciar y perder una batalla diplomática contra las ONG palestinas, Israel trató de iniciar un enfrentamiento político que, de momento, ha empezado mal. Al mismo tiempo, su credibilidad en materia de seguridad internacional se ha puesto a prueba. Hay estrategias de política exterior más hábiles.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Las peligrosas relaciones del Ejército israelí y las sociedades de espionaje

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