Una cosa es iniciar una guerra contraria al derecho internacional y otra muy distinta es, una vez iniciada dicha guerra, cometer violaciones del propio “derecho de la guerra”. El ataque contra el régimen iraní lanzado el 28 de febrero por los dirigentes de Israel y Estados Unidos podría muy bien constituir una doble violación del derecho.
Este ataque es, en primer lugar, “ilegal según el derecho internacional”, ya que contraviene la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe en su artículo 2.4 el uso de la fuerza “contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, explica Johann Soufi, abogado e investigador especializado en derecho internacional. Las dos excepciones que establece la Carta, la legítima defensa o la autorización del Consejo de Seguridad, no se aplican en este caso, señala, al igual que otros juristas.
Con independencia de que una guerra sea legal o no, sus actores deben respetar una serie de normas: el derecho de los conflictos armados, también conocido como derecho de la guerra o derecho internacional humanitario. Pero, una vez más, Estados Unidos e Israel, lo mismo que Irán, parecen haber obviado esas normas.
Se necesitará tiempo para determinar con precisión quién es culpable de qué actos y en qué circunstancias, pero los juristas ya señalan varios ataques problemáticos en relación con los convenios de Ginebra, pilares del derecho internacional humanitario. “Algunos actos cometidos en el marco de esta guerra ilegal constituyen claramente violaciones de los convenios de Ginebra. No obstante, aún llevará tiempo establecer con precisión los hechos y determinar la calificación jurídica exacta y el alcance de las violaciones que se han cometido”, estima Johann Soufi. Sin elaborar una lista exhaustiva, ya es posible citar cuatro.
Una escuela de niñas bombardeada en el sur de Irán (28 de febrero)
Se trata del episodio más mortífero en términos de víctimas civiles desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero. El primer día de estos ataques murieron al menos 168 personas, en su mayoría “escolares de entre 7 y 12 años” según Unicef, en el bombardeo de la escuela primaria para niñas Shajareh-Tayyebeh, en Minab, al sur de Irán. “No puedo acostumbrarme a llamar a estos acontecimientos daños colaterales”, lamentó Benoit Van Keirsbilck, del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
El centro de enseñanza, que estaba repleto ese día (en Irán hay colegio los sábados), está situado dentro de un complejo de las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), en el corazón de la provincia de Hormozgan, cerca del estratégico estrecho de Ormuz, y tiene su propia entrada, según precisa la ONG Human Rights Watch, que exige que se lleve a cabo una investigación independiente por crímenes de guerra.
“El patrón de los ataques, que afectaron directamente a diferentes infraestructuras en todo el complejo, incluida la escuela, así como los puntos de impacto de las municiones que son visibles en varios edificios, indican que ese ataque se llevó a cabo con munición guiada de alta precisión”, denuncia la ONG. “No parece tratarse de ataques erróneos llevados a cabo con armas cuyos sistemas de guía o propulsión fallaron o se vieron perturbados de tal manera que impactaron en esta zona de forma aleatoria.”
Donald Trump rechazó el sábado 7 de marzo toda responsabilidad de su país, al igual que el secretario de Estado Marco Rubio, afirmando que Estados Unidos nunca apuntó “deliberadamente” a una escuela. “En mi opinión, y por lo que he visto, fue Irán quien lo hizo. […] Como saben, sus municiones son muy imprecisas”, declaró el presidente. “Solo Irán ataca a civiles”, añadió el secretario de Guerra, Pete Hegseth, asegurando que el Pentágono estaba llevando a cabo una investigación. Pero las pruebas que se acumulan contradicen sus declaraciones.
El domingo 8 de marzo, un nuevo vídeo, autenticado por el New York Times, muestra un misil de crucero Tomahawk apuntando a la base naval cerca de la escuela, un arma que solo tiene Estados Unidos. Ni el ejército israelí ni el iraní la poseen. Desde el 28 de febrero, los buques de guerra de la armada de los Estados Unidos han lanzado decenas de misiles Tomahawk sobre Irán.
El 5 de marzo, el diario neoyorquino publicó una investigación que mostraba la simultaneidad de los ataques contra la escuela y la base naval, basándose en imágenes satelitales, publicaciones en redes sociales y vídeos verificados.
Desplazamientos forzados en el Líbano (desde el 2 de marzo)
Cerca de 700.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares del sur del Líbano y de los suburbios del sur de Beirut, desde que Israel lanzó una nueva guerra contra Hezbolá, que lanzó cohetes en apoyo de la República Islámica de Irán. Desplazamientos forzados, sin fecha de regreso, que podrían violar las leyes de la guerra. Estas prohíben el desplazamiento forzado de civiles, “salvo en los casos en que la seguridad de los civiles o las necesidades militares lo exijan”.
El método recuerda al que ha aplicado el ejército israelí en Gaza, que desde octubre de 2023 no ha dejado de emitir órdenes de evacuación masiva inmediata, acentuando el terror y el caos en el enclave palestino. El ejército israelí ordenó primero, a partir del 2 de marzo, la evacuación de más de cien pueblos y ciudades del sur del Líbano y de la llanura de la Bekaa. Luego, el 6 de marzo, ordenó a 700.000 habitantes de los suburbios del sur de Beirut, feudo de Hezbolá, que se dirigieran al norte. Una orden de evacuación sin precedentes.
La población libanesa, ya agotada y traumatizada por el ciclo de crisis, incluida la última guerra del otoño de 2024, que desplazó a más de 1,2 millones de personas dentro del país, se enfrenta, impotente, a una nueva catástrofe humanitaria. “Las advertencias generales que cubren amplias zonas del Líbano no constituyen garantías eficaces de protección”, denuncia Amnistía Internacional.
Desde octubre de 2023, la ONG reclama investigaciones por crímenes de guerra por los ataques ilegales de Israel contra civiles, el uso de fósforo blanco, las destrucciones masivas en las aldeas fronterizas del Líbano, así como los repetidos lanzamientos de cohetes no guiados por Hezbolá sobre zonas civiles en Israel. El bombardeo mortal de la aldea de Nabi Chit, en la frontera entre el Líbano y Siria, el 6 de marzo, por parte del ejército israelí, para recuperar los restos de un soldado desaparecido en 1986, podría constituir uno de esos crímenes.
Torpedear un barco y no prestar asistencia a su tripulación (4 de marzo)
Una fragata iraní, la Iris Dena, acababa de participar en maniobras navales en la India y regresaba a su base cuando fue torpedeada, el 4 de marzo, en aguas internacionales frente a las costas de Sri Lanka por un submarino estadounidense. El espectacular ataque causó un gran revuelo: la armada estadounidense no había llevado a cabo un ataque de ese tipo desde la Segunda Guerra Mundial.
De las 180 personas a bordo de la fragata, solo 32 pudieron ser rescatadas. El Pentágono se apresuró a difundir el vídeo de la explosión del barco, una “muerte dulce”, según comentó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Este ataque contra un barco militar que navegaba lejos de Irán y no había participado en la guerra suscitó inmediatamente dudas sobre su legalidad. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, estos dos elementos no constituyen delitos en sí mismos. Incluso sin participar en los combates, la fragata era un “objetivo militar claro” y, por lo tanto, su ataque “no constituye un crimen de guerra”, señala Marko Milanovic, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Reading (Reino Unido). El hecho de encontrarse lejos del teatro de operaciones tampoco hace que el ataque sea ilegal según el derecho internacional, señalan varios juristas.
Lo que sí exigen los convenios de Ginebra es que los beligerantes, después de cada combate, tomen “todas las medidas posibles para buscar y recoger a los náufragos, heridos y enfermos”. Pero Estados Unidos no prestó auxilio a los marinos del Iris Dena. Fuentes de la administración Trump aseguran que la armada de Estados Unidos avisó a las autoridades de Sri Lanka para que enviaran ayuda. Sri Lanka no lo ha confirmado por el momento.
Ataques a las refinerías de Teherán y lluvia ácida (7-8 de marzo)
El sábado 7 de marzo, las fuerzas armadas israelíes bombardearon varias instalaciones petroleras situadas en Teherán y sus alrededores. Por su parte, Irán ha atacado infraestructuras petroleras y gasísticas de varios países del Golfo desde el inicio de la guerra. Pero los ataques del 7 de marzo, que incendiaron cuatro depósitos de petróleo de la capital iraní y sus alrededores, superaron un nuevo umbral en términos de magnitud y repercusiones. Tuvieron como efecto sumir a Teherán y a sus diez millones de habitantes en una espesa nube de humo negro, que no tardó en convertirse en polvo y lluvias tóxicas, también de color negro, y los habitantes denuncian que sufren dolores de garganta y de ojos.
El artículo 8 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI) define como “violación grave” del derecho internacional el hecho de “dirigir intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará […] daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente”, daños que serían “manifiestamente excesivos en relación con el conjunto de la ventaja militar concreta y directa esperada”.
Irán daña una planta desalinizadora en Baréin
Entre las infraestructuras civiles (aeropuertos, hoteles, fábricas) atacadas por Irán en sus represalias se encuentran ahora las plantas desalinizadoras de agua. El Ministerio del Interior de Baréin denunció el domingo 8 de marzo un ataque con drones que “causó daños materiales” a una de esas plantas.
Quizás más aún que las refinerías de petróleo, las plantas desalinizadoras son cruciales para los países del Golfo. Proporcionan el 42% del agua potable de los Emiratos Árabes Unidos, el 70% de Arabia Saudí, el 86% del Sultanato de Omán y hasta el 90% de Kuwait, según señalaba en septiembre de 2022 una nota del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.
EEUU destruye 16 barcos con minas en Ormuz y amenaza con ataques "a un nivel nunca visto" a Irán
Irán aseguró, a través de la voz de su ministro de Asuntos Exteriores, que fue en respuesta a un ataque de Estados Unidos contra una de sus propias plantas desalinizadoras, situada en la isla de Qeshm. No precisó si había causado daños. Aproximadamente el 3% del agua potable de Irán proviene de plantas desalinizadoras.
Traducción de Miguel López
Una cosa es iniciar una guerra contraria al derecho internacional y otra muy distinta es, una vez iniciada dicha guerra, cometer violaciones del propio “derecho de la guerra”. El ataque contra el régimen iraní lanzado el 28 de febrero por los dirigentes de Israel y Estados Unidos podría muy bien constituir una doble violación del derecho.