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Entrevista a Stefano Rodotà

“Internet debe convertirse en un bien común ya que garantiza el acceso al conocimiento”

El referéndum sobre la gestión del agua, celebrado en 2011 en Italia, en el que los ciudadanos votaron masivamente en contra de la privatización y se manifestaron a favor de una redefinición en profundidad, tanto desde el punto de vista jurídico como práctico, del servicio público del agua, ¿abrió una nueva etapa a favor de la politización del concepto de “bien común” en Europa?

Al menos así lo que quiere creer Stefano Rodotà, jurista y político italiano, que ha presidido una ambiciosa comisión que tiene como objeto reinventar el concepto de servicio público, hasta llegar incluso a invertir la lógica del beneficio y de la propiedad.

El que fuera presidente de la agencia italiana de protección de datos se dedica en estos momentos en cuerpo y alma a los desafíos políticos de internet y a su definición como “bien común”, pero avisa de que el “uso excesivo de la expresión “bien común” corre el riesgo de quedar vacía de contenido” e insta a vincularla con los derechos fundamentales de las personas.

La entrevista se llevó a cabo en París, donde Stefano Rodotà ha participado en el Festival francófono de los comunes, que se celebra del 5 al 18 de octubre.  

Pregunta: El concepto de “bien común”, ¿cómo ha arraigado en el panorama político italiano?

Respuesta: El desarrollo del concepto de bien común no es exclusivo de Italia, pero sí que es el país donde el debate se ha planteado de un modo más preciso. Esta expresión ha estado ausente del debate público y apenas ha merecido el interés de los políticos, a pesar de que se otorgó el premio Nobel a Elinor Ostrom por sus estudios sobre la gobernanza de los bienes comunes. Pero la agenda política se vio alterada en 2011 tras la celebración del referéndum del agua como “bien común”, en el que 26 millones de italianos votaron en contra de la privatización de la gestión del agua, para evitar que se sometiese a la lógica de la búsqueda de beneficios. Pero es verdad que, en la práctica, los bienes comunes son limitados, aunque Italia se sitúe a la vanguardia de Europa. Por ejemplo, en Bolonia, los ciudadanos negociaron con el ayuntamiento la gestión de espacios públicos abandonados. En Roma, estudiantes y residentes se movilizaron en contra del proyecto de los propietarios de un teatro cine, que querían convertir en apartamentos, para mantener la finalidad cultural y social del local, gestionándolo ellos mismos.

La comisión que presidí, creada en 2007 por el ministro de Justicia, del Gobierno de Prodi, propuso la reforma general del concepto de “bien público” para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos. Aunque si bien las conclusiones de esta comisión (todavía) no se han materializado en una ley, el Tribunal Constitucional italiano ha reconocido algunos bienes como “bienes comunes”, por ejemplo determinadas zonas de pesca. Existe por tanto ya una forma de legitimación jurídica de la noción de “bien común” y de lo que se trata es de ampliarla.

Sin embargo, las propuestas de esta comisión han suscitado muchas reticencias, tanto procedentes del ámbito privado como del ámbito público. El proyecto de ley que emanó de la comisión que yo mismo presidí todavía tiene que recibir el visto bueno del Senado, lo que debería derivar o bien en una iniciativa política o bien en una verdadera movilización social. No obstante, esta ley es necesaria para obligar a crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos se encarguen de la gestión directa de los bienes comunes.

P: ¿Qué diferencia hace entre bien común y servicio (o bien) público?

R: Un servicio público no implica la intervención directa de los ciudadanos. Un bien común comporta que los ciudadanos son los protagonistas de la gestión de éste. Esto requiere plantearse saber y poder identificar a la comunidad que debería gestionar los bienes comunes, algo que resulta más fácil en el caso del agua que en el caso de internet, por ejemplo, porque la configuración de una gestión de proximidad de un espacio físico no es la misma que la de la gestión que hacen sus usuarios de un espacio de conocimientos en el que hay importantísimos intereses privados como sucede con internet.

El aspecto central no es el de la “pertenencia” de los bienes, sino el de su gestión, que debe garantizar el acceso a los bienes y la participación de los sujetos interesados. Pero no existe una única modalidad de gestión de los bienes comunes, dado que el nivel de complejidad para gestionar el agua de una región o el acceso al saber difundido en internet implica inventar reglas diferentes que para permitir a una pequeña comunidad identificada la gestión de un teatro, un museo o un espacio público.

En Nápoles, conseguimos crear una nueva sociedad de gestión del agua que implicaba a los ciudadanos en una suerte de modelo de cogestión, aunque la definición de “bien común” no excluye una intermediación de las instituciones públicas. En Nápoles, para la gestión del agua, el impulso procede del ayuntamiento, pero hay ciudadanos que se implicaron directamente, al permitir ir más lejos de lo que se llama a veces democracia participativa, que a menudo se limita a consultas regulares y no a acciones perennes.

Vaciar de contenido 

P: En Italia, hemos oído hablar del agua y de los saberes como "bien común", pero también de la RAI o del teatro Valle, ocupado en Roma. Ahora se escucha mucho hablar de internet como bien común. ¿Todo es susceptible de convertirse en interés común?

R: No, y un uso excesivo de la expresión “bien común” corre el riesgo de que acabe limitándose su alcance. Los “bienes comunes” se han convertido en una ideología basada en la convicción de que se puede cambiar el mundo ampliando todavía más el dominio de los bienes comunes. La comisión que presidí proponía una definición más precisa, porque si la categoría de los bienes comunes pasa a ser indefinida y a abarcarlo todo y tiene cabida cualquier cosa, corre el riesgo de perder su capacidad para designar específicamente las situaciones en las que la calidad “común” de un bien puede desplegar toda su fuerza.

Para mí, los bienes comunes deben estar ligados a los derechos fundamentales de las personas, e incluir por ejemplo el acceso al agua o a los medicamentos, pero también el conocimiento, lo que justifica a día de hoy la afirmación de que internet debe ser un bien común. Los bienes comunes son todos aquellos que contribuyen al libre desarrollo de la personalidad y deben sustraerse a la lógica destructiva de la obtención de beneficios y del corto término, para preservar sobre todo el mundo en que vivirán las generaciones futuras.

En este sentido, ha sido fundamental la decisión del Tribunal Supremo de la India de hacer prevalecer, en el conflicto abierto con la multinacional Novartis sobre el precio de medicamentos contra el cáncer, los derechos fundamentales de la población sobre los derechos económicos de la empresa, en lo que concierne a las patentes.

P: La delegación de servicio público ya existe; la participación ciudadana, también. ¿Qué aporta de nuevo el concepto de “bien común” gestionado directamente por los ciudadanos?

Permite sobre todo salir del concepto de “servicio público”, que ya ha dejado de responder a algunas realidades. El conocimiento de internet debe ser, en mi opinión, reconocido como un bien común, pero es imposible la gestión pública de internet. Sin embargo, el conocimiento es necesario para la plenitud de la personalidad, del mismo modo que el agua es necesaria para nuestra salud. Actualmente, este bien lo gestionan sobre todo grandes empresas como Facebook.

Igual que el Tribunal Supremo indio ha permitido que prevalezcan los derechos fundamentales vinculados con la salud y el acceso a los medicamentos, por encima de los intereses y las patentes de Novartis, es necesario un pacto internacional y declaraciones de derecho para limitar el poder exclusivo de los que gestionan el conocimiento a nivel mundial de internet en estos momentos. Esto conlleva cambios legales, que solo son posibles si se movilizan los políticos. Recientemente se ha visto que la justicia europea ha invalidado el pacto sobre el envío de datos personales de Europa a Estados Unidos. Dar a internet la condición jurídica de “bien común” permitiría hacer prevalecer los derechos fundamentales de acceso al saber cuando surjan conflictos, inevitables, que choquen con los intereses económicos.

P: ¿No es arriesgado promover el concepto de “bien común” en detrimento del de “bien público” porque la historia ha demostrado que el Estado es quizás el más indicado a la hora de imponerse frente a los intereses particulares? La existencia de bienes comunes como los bosques, los ríos o los campos gestionados por colectividades locales en Inglaterra se ha visto confrontado a los señores y al movimiento de las actas de cercamiento.

R: La idea de los bienes comunes permite ir más allá del Estado y más allá del mercado, pero ¿para ir adónde? Se ha visto que, por razones vinculadas con fenómenos de corrupción o de ineficacia, numerosos servicios públicos no respondían a las demandas de los ciudadanos. Pero para mí, el concepto de “bien común” no acaba con el concepto de servicio público y no debe suponer el riesgo de desresponsabilizar el Estado y de las instituciones públicas.

Sin embargo, calificar un bien de “bien común” le da una importancia singular, ya sea gestionada por una asociación, por una institución pública, o por ambas a la vez. Esta lógica jurídica, que permite proteger mejor lo que es importante para todos, ya existe, es lo que se llama patrimonio común de la humanidad, y puede ser la Antártida, la atmósfera, el fondo de los mares o los bienes inmateriales proclamados como tal por la UNESCO.

Entre la quiebra de la economía del beneficio y la impotencia pública, existen problemas que no se resolverán con las categorías tradicionales de mercado y de Estado. Pero no abogo por convertir los “bienes comunes” en una ideología susceptible de cambiar el mundo. Me intereso por las múltiples gestiones públicas o privadas para algunos bienes que deben permanecer intocables, sometidos a lógicas que se escapan de las lógicas de propiedad, ya sean de carácter público o privado. Aquellas y aquellos que gestionan los bienes comunes no son sus propietarios, son sus gestores responsables.

Cuando se habla de los bienes comunes, se habla ante todo de dos grandes principios, de igualdad, pero también de solidaridad, que ha reemplazado de alguna forma el concepto de fraternidad en el debate público. Es verdad que aquellos que gestionan los bienes comunes pueden ser, en algunos casos, los que los que los explotan. Pero la idea fundamental, extendiendo jurídica y políticamente el concepto de bien común, es el de invertir el movimiento de mercatilización y de privatización del mundo que hemos conocido. Y por ello es importante multiplicar los modelos no propietarios de gestión de nuestro mundo común.

Traducción: Mariola Moreno 

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