Por la vía de los hechos, Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, ya está anexionada. En los mapas oficiales israelíes no aparece trazada la línea verde que separa este territorio palestino de Israel; línea que tampoco existe en la mente de muchos israelíes. En los puestos de control, cada mañana pasan de Cisjordania a Israel largas filas de coches israelíes con la misma facilidad con la que los automovilistas cruzan un peaje en una autopista francesa. Una gran red de líneas de autobús recorre el territorio desde el mar Mediterráneo hasta el Jordán, conectando los asentamientos con las grandes ciudades israelíes.
Los colonos “disfrutan de los mismos derechos y ventajas que los israelíes que viven dentro de Israel”, recordaba un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el 7 de enero, que pone de relieve la discriminación entre palestinos y colonos judíos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este.
El ejército de ocupación israelí realiza incursiones diarias en las ciudades de las zonas A y B, que según los acuerdos de Oslo deberían estar bajo la jurisdicción administrativa de la Autoridad Palestina. Israel ya tiene el control total de la seguridad y la administración de la zona C, que representa el 60 % de Cisjordania y donde se encuentra la inmensa mayoría de los asentamientos.
Pero el ministro supremacista judío Bezalel Smotrich, que se ha convertido en una especie de gobernador de Cisjordania desde febrero de 2023, alberga sueños más ambiciosos. Impulsado por sus tropas nacionalistas-religiosas, aboga ante el Gobierno por la anexión de iure de Cisjordania, incluyendo la soberanía judía sobre todo el territorio comprendido entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, e incluso más allá.
El domingo 8 de febrero, Bezalel Smotrich logró una nueva victoria. Su ministerio de Finanzas, junto con el de Defensa, anunció una serie de medidas que refuerzan el control israelí sobre la Cisjordania ocupada que deberían “modificar fundamentalmente la realidad jurídica y civil” de ese territorio palestino.
Enterrar Oslo y el Estado palestino
Israel va a abolir las regulaciones que datan de la época en que Jordania administraba Cisjordania, antes de 1967, y que prohibían a los judíos comprar tierras. Smotrich promete que los israelíes podrán convertirse en propietarios sin tener que pasar por un largo proceso burocrático ante la administración militar encargada de los asuntos civiles en los territorios ocupados. Los catastros ya no estarán protegidos por normas de confidencialidad, por lo que los posibles compradores podrán ponerse en contacto directamente con los propietarios.
El periódico israelí Haaretz se muestra preocupado por la posible falsificación de esos registros. Y es que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, que prohíbe el traslado de parte de la población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado.
Las autoridades israelíes también quieren administrar, a partir de ahora, la Cripta de los Patriarcas —la mezquita de Ibrahim para los musulmanes— en Hebrón y la tumba de Raquel en Belén, dos lugares religiosos situados en zonas bajo autoridad palestina. En Hebrón, la principal ciudad de Cisjordania, donde los colonos viven en el centro de la ciudad, los israelíes ya no tendrán que solicitar la aprobación del ayuntamiento palestino para obtener permisos de construcción.
La organización territorial de Cisjordania según los acuerdos de Oslo de 1993
Infografía Donatien Huet / Mediapart
En términos generales, el gabinete de seguridad justificó la ampliación del control israelí sobre las zonas A y B administradas por la Autoridad Palestina basándose en las “infracciones relacionadas con el agua”, el “perjuicio a los yacimientos arqueológicos” y la lucha contra “los daños medioambientales que contaminan toda la región”.
Las medidas anunciadas suponen un nuevo golpe a los acuerdos de Oslo, que Israel dejó de respetar hace tiempo. “Seguiremos enterrando la idea de un Estado palestino”, se jactó Smotrich. El presidente palestino, Mahmud Abás, ha solicitado la intervención inmediata de Estados Unidos y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, denunciando la confiscación de tierras palestinas y “un intento evidente de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos”. Hamás ha animado a los palestinos a “intensificar la confrontación con la ocupación y sus colonos”.
Hasta ahora, “el apartheid israelí formaba parte de un sistema burocrático muy sofisticado”, explica un responsable del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública (PIPD): “Llevaba tiempo expropiar a los palestinos.” Estos podían ganar algunos años frente a las expulsiones encadenando recursos ante la justicia israelí, aunque el resultado casi nunca les era favorable, pues el Tribunal Supremo es uno de los instrumentos de defensa del apartheid israelí. “Ahora ya no hay tiempo. Estamos viendo una aceleración de los procesos legislativos y burocráticos que permiten a cualquier colono instalarse muy fácilmente en Cisjordania”, dice esta fuente del PIPD.
Impunidad israelí
En un comunicado conjunto, Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Pakistán, Indonesia, Egipto, Turquía e incluso el aliado árabe que suele ser más complaciente con Israel, los Emiratos Árabes Unidos, han condenado las medidas del gabinete anunciadas el domingo por la noche. La Unión Europea ha denunciado la decisión como “otro paso en la dirección equivocada”. Pero Israel está intensificando su colonización sin obstáculo alguno.
En octubre, la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó en primera lectura un texto que abre la vía a la anexión de Cisjordania. La ONU informó en diciembre de un “notable aumento” de los proyectos de construcción de viviendas israelíes en Cisjordania, con planes para “cerca de 47.390 viviendas avanzadas, aprobadas o presentadas” en 2025, frente a una media de 12.800 al año entre 2017 y 2022 , antes de la llegada al poder de la actual coalición.
En Jerusalén Este, anexionada ilegalmente por Israel en 1980, unas treinta familias palestinas, es decir, cerca de 175 personas, están amenazadas de expulsión en el barrio de Silwan, a los pies de la ciudad vieja, recuerda la ONG anticolonización Ir Amim. Esta organización habla de un “punto de inflexión” para este barrio, en un contexto de “violaciones mortales del alto el fuego que continúan en Gaza, aumento de la violencia de los colonos, confiscación de tierras y expansión de asentamientos en el territorio palestino ocupado”. En Silwan ya han sido expulsadas de sus hogares ocho familias y sus casas han sido inmediatamente ocupadas por colonos israelíes.
Ante el genocidio en Gaza y el asesinato por el ejército o los colonos de más de mil palestinos en Cisjordania desde el 7 de octubre, los países europeos, entre ellos Francia, han impuesto sanciones que solo afectan a unos pocos colonos, ocultando la realidad de la violencia estatal. Sin embargo, la Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial de Israel.
“La disonancia cognitiva y la total desconexión entre los discursos diplomáticos o las soluciones políticas propuestas y la realidad sobre el terreno son cada vez más evidentes”, observa el responsable del PIPD. “Israel acelera la anexión, pero la comunidad internacional se centra en la reforma de la Autoridad Palestina.”
Aunque las “tácticas” de las autoridades israelíes difieren según los territorios afectados —Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este—, el objetivo sigue siendo el mismo, continúa esta fuente: “Reemplazar a la población palestina”.
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En el enclave del sur, el bloqueo y luego el genocidio han empujado a los más acomodados y a las clases intelectuales a huir de una vida que se ha vuelto imposible. Ese fenómeno se repite en Cisjordania: las redadas del ejército, las detenciones, las carreteras bloqueadas y el desempleo galopante y los ataques de los colonos que vacían ciertas zonas de sus habitantes palestinos, han hecho insoportable la vida cotidiana, y los más afortunados emigran. Una anexión de iure amplificaría esa violencia y esa expansión colonial y, por otro lado, aceleraría la desaparición de una sociedad palestina rica y diversa en sus territorios.
Traducción de Miguel López
Por la vía de los hechos, Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, ya está anexionada. En los mapas oficiales israelíes no aparece trazada la línea verde que separa este territorio palestino de Israel; línea que tampoco existe en la mente de muchos israelíes. En los puestos de control, cada mañana pasan de Cisjordania a Israel largas filas de coches israelíes con la misma facilidad con la que los automovilistas cruzan un peaje en una autopista francesa. Una gran red de líneas de autobús recorre el territorio desde el mar Mediterráneo hasta el Jordán, conectando los asentamientos con las grandes ciudades israelíes.