Al día siguiente de la muerte en directo del streamer conocido como Jean Pormanove, el caso ya ha adquirido un cariz político en Francia. La ministra de Transformación Digital, Clara Chappaz, ha denunciado en X un “horror absoluto” y la fiscalía de Niza ha anunciado la apertura de una investigación y solicitado la autopsia del cadáver de Raphaël Graven, su verdadero nombre. La ministra también precisó que ha presentado una denuncia del portal Pharos, dedicado a contenidos ilícitos, y que ha remitido el caso a la autoridad de comunicación audiovisual y digital (Arcom).
Esta diligencia podría haber llegado antes.
A finales de 2024, cuando Mediapart reveló un auténtico negocio de maltrato en la plataforma Kick France, la ministra no reaccionó a nuestra solicitud. El miércoles 20 de agosto, tras la publicación de este artículo, la ministra respondió por escrito a nuestras nuevas solicitudes (ver el despiece al final del texto) .
Raphaël Graven, a lo largo de sus livestreams, llevaba meses sufriendo acoso, violencia y humillaciones por parte de otros dos hombres, conocidos con los apodos de Safine y Naruto. Al igual que Coudoux, un hombre discapacitado bajo tutela, que era golpeado regularmente o golpeaba a su vez a Pormanove (JP). Detrás de sus pantallas, los espectadores (viewers) pedían más, regocijándose o compadeciéndose de la suerte de los dos hombres mientras financiaban este espectáculo con donaciones.
Independientemente de las conclusiones de la justicia sobre las causas de la muerte de Raphaël Graven, ya se plantea una pregunta a las autoridades públicas: ¿cómo es posible que, tras nuestras revelaciones, la apertura de una investigación judicial y la reanudación de las retransmisiones en directo del canal, no se haya hecho nada?
“¡Ya es demasiado tarde!”, reacciona la Liga de Derechos Humanos (LDH), que había denunciado ante la Arcom en febrero “la moderación permisiva de Kick” y “actos de violencia que podrían constituir delitos penales”.
Una denuncia que ha quedado “sin respuesta”, lamenta Nathalie Tehio, presidenta de la LDH, contactada por Mediapart. “Era preocupante porque nos parecía un asunto extremadamente grave”, añade, estimando que sólo la Arcom tenía los medios para actuar. “Podrían haber intervenido sobre el hecho mismo de la difusión. Pero, evidentemente, no han hecho nada”, lamenta.
Contactada la Arcom, no nos precisó qué medidas se habían tomado tras la denuncia de la LDH. Solo indicó que había “tomado conocimiento del fallecimiento de Raphaël Graven” y afirmó que en el pasado “se había puesto en contacto con la Oficina de Lucha contra la Ciberdelincuencia (Ofac) para verificar si esta había solicitado en algún momento anterior la retirada de contenidos de Kick.com”. La autoridad reguladora confirma que ha remitido el caso a las instancias europeas, reconociendo así su impotencia para regular la plataforma desde el territorio nacional.
En Francia, la fiscalía de Niza abrió una investigación preliminar el 16 de diciembre contra los dos streamers Safine y Naruto con los tres cargos siguientes: “Provocación pública a través de un medio de comunicación electrónico al odio o a la violencia contra una persona o un grupo de personas por motivos de discapacidad, violencia voluntaria en reunión contra personas vulnerables [...] y difusión de grabaciones de imágenes relacionadas con la comisión de delitos de atentados voluntarios contra la integridad de la persona”.
Ambos fueron detenidos el 8 de enero y posteriormente puestos en libertad. Esta investigación judicial, anterior a la muerte de Raphaël Graven, sigue en curso. La fiscalía de Niza no ha respondido a nuestras preguntas sobre las medidas adoptadas desde la apertura de esta investigación preliminar hace ocho meses para limitar la difusión y la producción de esos contenidos.
Kick France, por su parte, nunca respondió a nuestras múltiples solicitudes de entrevista tras nuestra primera investigación, limitándose a hacer declaraciones muy generales. Tras la muerte de JP, la empresa nos envió rápidamente estas pocas líneas, en las que decía estar “profundamente apenada por la pérdida de Jean Pormanove” y concluía: “Actualmente estamos examinando las circunstancias con carácter urgente y colaborando con las partes interesadas para investigar la situación. Las directrices comunitarias de Kick están diseñadas para proteger a los creadores, y seguimos comprometidos con el cumplimiento de estas normas en toda nuestra plataforma”.
Tras nuestra investigación a mediados de diciembre, Kick prohibió durante una semana el canal en cuestión. Bajo la amenaza de un procedimiento judicial y con su material informático incautado por la justicia, el equipo de streamers se instaló durante un tiempo en la isla de Malta para producir y difundir contenidos en otra plataforma, pero regresó rápidamente a Francia... y a Kick. Y el canal volvió a su línea editorial inicial: la humillación.
Ya se había mencionado en el canal la posible muerte de JP
La muerte del streamer JP en directo era, por cierto, un “tema” del que los propios streamers hablaban habitualmente, cuestionándose su responsabilidad en caso de fallecimiento de su víctima. “La gente va a arremeter contra nosotros”, dice Naruto en un vídeo fechado el 26 de julio de 2025, durante una conversación surrealista con su compinche Safine.
— “Imagínate, nos estamos riendo y todo y…”, dice este último.
— “La va a palmar”, responde Naruto.
— “En directo, estamos jodidos”.
Los dos streamers piden entonces a JP y a otros dos participantes en la retransmisión en directo, entre ellos Coudoux, que declaren ante la cámara que, si mueren “en directo”, será bajo su entera responsabilidad. Todos lo hacen, incluido JP, que en un primer momento se muestra reacio. “Si me pasa algo en directo... bueno... es mi responsabilidad... Pero ahora no”, dice el que momentos antes había precisado: “No tengo ganas de cascarla”.
Mediapart ha podido consultar varios cientos de extractos de vídeo del canal solo durante el mes de agosto de 2025. Los miembros de Le Lokal TV se lanzaron a un maratón de varios días en directo, salpicado de numerosas pruebas cuyas víctimas solían ser siempre las mismas. En ellos se ve cada día a Raphaël Graven siendo golpeado y humillado en numerosas ocasiones, al igual que Coudoux, por otros miembros, que se ríen a carcajadas. Los streamers también organizan con frecuencia concursos en los que Coudoux y JP tienen que pegarse.
El 10 de agosto, Coudoux y JP son filmados travestidos en la calle con carteles que dicen “mamadas gratis” y “felación y garganta profunda”. Al día siguiente, se muestra a JP limpiando los excrementos de uno de los miembros de Le Lokal en el baño. Unos días más tarde, vuelve a ser filmado en la calle con un cartel que dice “JP, eres feo, donar 1 euro”. Uno de los que graba las imágenes le pregunta: “¿Qué se siente al ser un sintecho?”.
El lunes por la noche, en una publicación en Instagram en la que se confirmaba la muerte de Raphaël Graven, Naruto dijo que “siempre había temido el día [en que tendría que escribir] estas palabras” y pidió a sus seguidores que “respetaran la memoria” del fallecido y no difundieran el vídeo “de su último soplo de vida mientras dormía”. A partir de ahí, Naruto ha bloqueado sus cuentas en las redes sociales y se declara víctima de ciberacoso.
En un comunicado, su abogado anuncia que en los próximos días presentará una denuncia “ante la unidad de lucha contra el odio en Internet de la fiscalía de París”, denunciando comportamientos que constituyen delitos penales “además de inmorales” cuando su cliente está “atravesando un periodo de duelo”. Naruto no ha respondido a las preguntas que le ha enviado Mediapart.
Un control difícil
¿Quién puede controlar este tipo de contenidos, sobre todo cuando se difunden durante meses, durante horas, provocando cientos de miles de visitas, en directo y en diferido en redes sociales, y que también son vistos por menores? La pregunta, a la luz de la tragedia que se ha producido ante las cámaras, da vértigo. Y en más de un sentido.
El régimen jurídico que regula la responsabilidad de los alojamientos de contenidos, como Kick, deriva de la ley para la confianza en la economía digital de 2004, según la cual el proveedor de alojamiento tiene la obligación de moderar, o incluso prohibir, cualquier contenido contrario a la ley que le sea señalado. Esa moderación, que debe realizarse a posteriori, “en un plazo razonable”, se concibió para evitar que Internet se convirtiera en un lugar de censura.
El Ejecutivo ha realizado varios intentos, con mayor o menor éxito, para ampliar los límites de este marco. Otro texto, aprobado en 2024, otorga mayor libertad a la Administración para censurar directamente contenidos problemáticos que puedan estar relacionados con el terrorismo, la pornografía infantil o actos de tortura o barbarie. Pero numerosas asociaciones, entre ellas La Quadrature du Net, han criticado esas disposiciones, que hacen caso omiso de las instancias judiciales y que suponen por tanto un grave riesgo de debilitamiento de las libertades fundamentales.
“No estamos en contra de cerrar páginas web que difundan contenidos problemáticos, es incluso deseable, si es la autoridad judicial la que se encarga de ello”, recuerda Bastien Le Querrec, de La Quadrature du Net. “En el caso de Kick, se puede exigir responsabilidad penal a una plataforma: si un servicio digital está diseñado para permitir la proliferación de determinados contenidos ilícitos, el derecho penal ya permite sancionarlo.”
Y cita el ejemplo de Coco, una web de debate conocida por su falta de moderación y control y descrita por varias asociaciones como “un foco de depredadores” sexuales, cerrada en junio de 2024 por la justicia francesa tras un proceso penal. “Pero eso requiere investigaciones a fondo, quizá más medios para actuar con rapidez y magistrados y policías mejor formados en esas cuestiones. Pero el tiempo de la justicia no es el de Internet y la viralidad, lo cual es difícil de entender para las víctimas”.
En cuanto al tema de la “dignidad humana”, principio jurídico consagrado desde la famosa sentencia del Consejo de Estado francés de 1995 a favor de dos municipios que prohibieron lanzar enanos, es difícil saber si los representantes del Estado podrían y deberían haberlo invocado en este caso. Preguntada sobre este punto y sobre las medidas que ha podido adoptar desde enero y nuestras revelaciones, la prefectura de Alpes Marítimos no nos ha respondido.
Remordimientos tardíos
En cuanto a la responsabilidad de quienes miran esos canales, agita directamente las aguas de la comunidad, hasta ahora muy unida, en torno al canal creado por Naruto y Safine. Una comunidad que hasta ahora había atacado, a veces violentamente, a los detractores. Así, unas semanas antes de la publicación de nuestra investigación en 2024, algunos fans del canal, informados de la inminente publicación del artículo, habían bombardeado con mensajes y amenazado a la redacción de Mediapart. Tras su publicación, nuestra investigación fue analizada, ridiculizada y cuestionada en múltiples ocasiones y, hasta hace poco, se convirtió en parte integrante del livestream y de los diferentes canales de debate sobre el tema.
El martes, en el foro Discord de los espectadores del canal Jean Pormanove, los espectadores se estuvieron moviendo durante todo el día entre mensajes de condolencia y la responsabilidad de los demás miembros del colectivo, así como sobre la suya propia. A título individual, algunos intentan hacer enmienda... y exculparse.
Los ciberdelincuentes ponen ahora su punto de mira en las cuentas de Instagram
Ver más
Sylvain (nombre ficticio), espectador que vive en el norte de Francia, conoció a Jean Pormanove en 2019, primero en YouTube, lo siguió en Twitch y luego en Kick. “Entonces lo veía menos, pero cuando empezaron los últimos retos, los coto-challenges [coto por Cotorep, institución de inserción de personas con discapacidad, ndr], me gustaba verlo, no para hacer donaciones, sino porque me entretenía”. Hasta el punto de pasar últimamente dos o tres horas al día, hasta su muerte y el cierre repentino del canal. “Dejamos que las cosas fueran demasiado lejos y me siento culpable por haber asistido a eso”, asegura el joven.
Otro, que se define como un “espectador en la sombra”, insiste a Mediapart en que quería a JP casi como a “un hermano” y habría querido “atravesar la pantalla para sacarlo de allí”, consciente del “control y la manipulación” que se ejercía sobre el hombre de 46 años. Pero se quedó al otro lado de su ordenador, esperando con avidez esos momentos en los que Raphaël Graven, alias JP, se rebelaba, “perdía los estribos”: “Ahí es donde me parecía más divertido”.
Traducción de Miguel López
El miércoles 20 de agosto, la ministra Clara Chappaz respondió por escrito a las preguntas efectuadas del día anterior por Mediapart. Su respuesta y nuestras preguntas se encuentran a continuación.
¿Por qué no reaccionaron antes, dado que sus servicios habían sido informados al menos desde diciembre de 2024? ¿Hubo falta de reacción o fue insuficiente por parte de las autoridades y los poderes públicos?
Desde diciembre de 2024, tras la publicación del artículo de Mediapart, la policía judicial de Niza lleva adelante una investigación contra los streamers Safine y Naruto por tres cargos: «provocación pública mediante comunicación pública electrónica al odio o a la violencia contra una persona o un grupo de personas debido a su discapacidad, violencia intencionada en grupo contra personas vulnerables [...] y difusión de grabaciones o imágenes relacionadas con la comisión de delitos de atentado intencionado contra la integridad personal».
Se ha iniciado una segunda investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.
La ministra afirma que contactó a los responsables de la plataforma donde se alojaba el contenido. ¿Cuál fue su respuesta?
Nos hemos puesto en contacto con los responsables de la plataforma, quienes han manifestado que están dispuestos a discutir las normas de seguridad y moderación de su plataforma respecto a los informes de contenido claramente ilegal en los próximos días.
¿Cuáles son las medidas del Estado para hacer frente a este tipo de contenidos en las plataformas?
Respecto a los excesos constatados en el canal de Jean Pormanove y las circunstancias de su muerte, dos investigaciones están en curso y la justicia realizará su trabajo para llevarlas a cabo.
En general, todas las plataformas tienen la responsabilidad de eliminar cualquier contenido manifiestamente ilícito del que tengan conocimiento. Ante abusos, podemos actuar colectivamente denunciándolos directamente a las plataformas y a través de Pharos, el portal oficial para denunciar contenido en línea.
Además, con el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), contamos con un marco único que rige las plataformas y añade obligaciones específicas para las más grandes. Estas también deben combatir los riesgos sistémicos para sus usuarios, como la seguridad de las personas o la protección de los menores.
En mayo, presenté una queja ante Arcom y luego viajé a la sede europea de TikTok en Dublín para exigir que la plataforma eliminara la tendencia #skinnytok de su buscador, una tendencia que promueve la delgadez extrema, lo cual es peligroso para la salud de las jóvenes. Gané mi caso.
Sin embargo, ¿es responsabilidad del Ministro de Asuntos Digitales viajar a Dublín cada vez que se observa un fenómeno peligroso en una plataforma? No lo creo. Se necesitan respuestas sistémicas. La Comisión Europea está llevando a cabo investigaciones en ciertas plataformas. Deben completarse. Me aseguraré de que así sea.
Pero debemos ir más allá, especialmente por nuestros hijos. Adicciones, trastornos de conducta, trastorno por déficit de atención: los expertos coinciden en las consecuencias de las redes sociales en el desarrollo y la salud mental de los jóvenes. Por eso lucho por prohibir el uso de las redes sociales para menores de 15 años, en consonancia con el presidente de la República. Me di tres meses para lograr un avance a nivel europeo, y lo logré el 14 de julio. Ahora estoy trabajando en ello a nivel nacional y no me rendiré.
Desde que asumí el cargo, he priorizado la protección de los ciudadanos en línea. Lo que está prohibido fuera de línea también está prohibido en línea. Seguiré luchando por una Internet más segura.