La nacionalización de ArcelorMittal, una idea que va ganando terreno en Francia
Hay un precedente en la mente de todos. En plena Semana Santa, el primer ministro británico, Keir Starmer, convocó urgentemente al Parlamento para aprobar una ley que autoriza la incautación inmediata de la planta siderúrgica de Scunthorpe: el último alto horno británico, que pasó a manos del grupo chino Hebei Jingye Group en 2020, amenazaba con cerrar, sin posibilidad de reabrir, lo que privaría para siempre al Reino Unido de toda producción de acero primario.
La ley autorizó al ministerio de Industria a tomar el control inmediato de la planta, garantizar los salarios de los 3.500 trabajadores, gestionar los suministros y los flujos logísticos, y tomar todas las medidas necesarias para mantener la planta en funcionamiento. Se creó un fondo de 2.500 millones de libras esterlinas (2.900 millones de euros) para garantizar el futuro. “Hemos cometido un error. Nunca debimos vender nuestra siderurgia”, explicó el primer ministro británico para justificar una medida que supuso la ruptura con el thatcherismo iniciado a finales de los años setenta.
En Francia, ningún responsable ha reconocido nunca que la venta de Usinor, convertida en Arcelor, a la familia Mittal en 2006, fuera un error. Pero en las plantas siderúrgicas, muchos empleados, proveedores que trabajan para el grupo o políticos locales consideran que dejar el destino del grupo —reconstruido y modernizado con miles de millones de dinero público desde finales de los años setenta— en manos de un único accionista privado, sin que el Estado pueda exigirle rendir cuentas, sin que se tenga en cuenta el interés público, ha sido un error fatal.
Año tras año, han visto cómo se vaciaban las instalaciones, sin que se vislumbrara ninguna esperanza de recuperación. El anuncio a principios de abril de la supresión de 600 puestos de trabajo en siete centros del norte del país, la mitad de ellos en Dunkerque, confirmó todos los temores. Muchos temen que este plan social sea el primero de una larga serie que culmine con el cierre de altos hornos en Francia, considerados poco rentables y cuya modernización sería demasiado costosa.
¿Cómo imaginar un futuro para la industria francesa sin un sector tan estratégico, eslabón indispensable tanto para la automoción como para la defensa, el transporte y la construcción? Si la familia Mittal, principal accionista del grupo, ya no está interesada en Francia, ¿por qué no renacionalizarlo?
Nacionalización, una “palabrota”
Basándose en el ejemplo británico, la idea está ganando terreno en todas partes. La federación del metal del sindicato CGT lo ha convertido en uno de sus caballos de batalla, exigiendo la nacionalización total o parcial de las actividades del grupo en Francia. Políticos de izquierdas como François Ruffin, Marine Tondelier, el primer secretario del Partido Socialista (PS) Oliver Faure o Aurélie Trouvé, apoyan la propuesta. El Partido Socialista ha anunciado además su intención de presentar una propuesta de ley de urgencia para poner la planta de Dunkerque “bajo tutela del Estado”.
Pero la propuesta también tiene adeptos en el bando presidencial. El senador por el Norte Franck Dhersin (Horizons) considera que hay que plantearse la idea de la nacionalización si permite “mantener la fabricación de acero en Francia”.
La respuesta del ministro de Industria, Marc Ferracci, no se hizo esperar. Como cada vez que se menciona la palabra nacionalización, considerada “una palabrota” —excepto en el caso de los astilleros de Saint-Nazaire, pero otras consideraciones influyeron en esa decisión— en un dossier industrial. “Recurrir a la tutela o a la nacionalización, como hacen algunos, es un reflejo un poco pavloviano”, ironizó el 5 de mayo en Sud Radio. En un momento en el que solo se habla de economía presupuestaria, según él, sería malgastar el dinero público: “ArcelorMittal tiene una capitalización de 22.000 millones de euros. Por lo tanto, comprar Arcelor, o incluso solo la mitad de sus acciones, sería con el dinero de los franceses”, explicó.
Un proyecto costoso
Las cifras mencionadas por el ministro de Industria son falsas. En el contexto actual, no se trataría de tomar el control de todo el grupo, de sus plantas en la India, Brasil o Estados Unidos, sino solo de las plantas francesas. Porque, según las declaraciones contables de ArcelorMittal, que ha elevado la optimización fiscal al arte supremo de la gestión, las plantas francesas apenas son rentables, o incluso pierden dinero. Sobre esa base, el coste de recuperar el control de las plantas de producción francesas sería mucho menor de lo anunciado, del orden de unos pocos miles de millones.
Pero es después cuando el coste podría volverse muy elevado. Y todo el mundo, incluidos los más fervientes defensores de la nacionalización, parece pasar por alto lo que vendrá después, como si recuperar el control público de un capital o de una planta industrial bastara para garantizar su supervivencia.
Y es que ArcelorMittal ha sido desmantelada y reorganizada para convertirse en una simple pieza de un grupo mundial integrado. Sus suministros, sus transportes, parte de sus sistemas informáticos de producción y gestión, su cartera de clientes... todo depende de una dirección centralizada que escapa a su control. Todo ello supone aceptar perder mucho dinero mientras se reconstruye todo.
Los medios financieros movilizados por el Gobierno británico para mantener la única planta de Scunthorpe dan una idea de la magnitud de las sumas que se necesitan. Porque si las plantas francesas recuperaran su autonomía, habría que reconstruirlo todo, reinvertir en herramientas de producción parcialmente abandonadas, modernizar los centros de fabricación para producir acero sin emisiones, so pena de tener que cerrar los altos hornos el 1º de enero de 2030.
Y todo ello en un momento en el que el mercado mundial del acero sufre un exceso de capacidad que provoca un desplome de los precios mundiales, en el que parte de los mercados están cerrados debido al aumento de los aranceles, en el que el sector automovilístico europeo, su principal salida, está en crisis, en el que ya no puede apoyarse en parte de lo que antes constituía su fuerza: sus patentes, sus redes de distribución y sus filiales en el extranjero.
Acabar con el chantaje de ArcelorMittal
En definitiva, para el ministro de Industria, el de Economía y Finanzas y el gobierno en general, el proyecto, más allá de la convicción ideológica, es impensable. Para salvar Dunkerque y el resto de las plantas francesas de ArcelorMittal, Marc Ferracci tiene la respuesta: “Hay soluciones industriales”. Antes de citar el plan siderúrgico europeo y el impuesto sobre el carbono en las fronteras a partir del 1º de enero de 2026, reconoce que deben reforzarse las medidas de protección en Europa.
Pero el ministro de Industria, fiel defensor de la política de la oferta, cuenta sobre todo con todas las ventajas y ayudas públicas que puede ofrecer el Gobierno. Mucho más eficaces, en su opinión, que establecer una relación de fuerza para incitar a la dirección del grupo siderúrgico a invertir en Francia. Muchas promesas.
En 2023, el Gobierno se comprometió a financiar la mitad de la inversión estimada en 1.800 millones de euros para poner en marcha la producción de acero eléctrico sin emisiones en Dunkerque. El grupo ha decidido suspender el proyecto, al considerar que ya no tiene la visibilidad suficiente para lanzar una inversión de tal envergadura. Pero Marc Ferracci sigue contando con él, dispuesto a aumentar la apuesta si es necesario.
Además de esa importante inversión, también promete al grupo garantizarle una electricidad a precios sin competencia, entre 40 y 42 euros por megavatio hora (MWh), por debajo de los costes de explotación de las centrales nucleares históricas. Promete ayudas para el empleo, la formación y la reclasificación de puestos, así como movilizar fondos europeos.
“ArcelorMittal no está en suspensión de pagos”, señala Christèle Khelf, secretaria general adjunta de la federación de minería y metalurgia de la CFDT, en referencia al aumento de los dividendos y al nuevo plan de recompra de acciones aprobado en la junta general del grupo el 6 de mayo. A diferencia de otros sindicatos, la CFDT se opone a la nacionalización. Pero el sindicato rechaza que el grupo vuelva a recibir ayudas públicas sin ofrecer nada a cambio. “Hay que acabar con el chantaje de Mittal. No se debe conceder ninguna ayuda pública sin contrapartida”, insiste Christèle Khelf.
Y es que el grupo es el campeón de las subvenciones públicas. Según las cifras elaboradas por el senador comunista Fabien Gay, cada año ArcelorMittal recibe 295 millones de euros de dinero público, de los cuales 195 millones se destinan a cuestiones energéticas, 40 millones a exenciones de cotizaciones sociales y 11 millones a créditos fiscales para investigación. Todo ello “sin contrapartida alguna”, señala este senador.
Evitar un nuevo Florange
Todos temen que esta situación se perpetúe y que el grupo siderúrgico aproveche la emoción del plan social en el norte para obtener nuevas prebendas. La reunión celebrada el 6 de mayo entre los responsables de ArcelorMittal, los sindicatos, los políticos locales y el ministro de Industria no les dejó nada tranquilos. La dirección de la siderúrgica solo tiene previsto presentar la lista de puestos de trabajo que se suprimirán el 13 de mayo. De lo demás, nada. No se ha asumido ningún compromiso ni se ha esbozado ninguna perspectiva. Los responsables se han negado incluso a comprometerse a participar en una mesa redonda sobre el futuro del grupo en Francia, solicitada a gritos por los sindicatos y los políticos locales, entre ellos Xavier Bertrand, presidente de la región de Hauts-de-France.
“ArcelorMittal está engañando al Estado”, denuncia Gaëtan Lecocq, secretario general de la CGT de ArcelorMittal Dunkerque. Pero eso no parece importarle demasiado a Marc Ferracci, al parecer. Todos los participantes en la reunión terminaron con la impresión de que la única preocupación del ministro era evitar que Dunkerque se conviertiera en un nuevo Florange (enfrentamiento en 2012 entre la siderúrgica y el gobierno por un ERE, ndt) y que el problema industrial y social se transformara en una crisis política de gran envergadura. La única concesión que parece pedir a ArcelorMittal es que acepte un generoso plan social, que el Estado compensará de una forma u otra posteriormente, con el fin de comprar la paz social en Dunkerque.
Esa visión cortoplacista y cínica no resuelve nada, ya que todo apunta a que el plan social de Dunkerque es una prueba para ArcelorMittal con el fin de arrancar aún más concesiones, ayudas y protección en Francia y en Europa, mientras prosigue su reorganización mundial y el abandono del continente europeo, dejando la factura a los gobiernos.
El coste final de esta destrucción industrial masiva es conocido: se paga con miles de puestos de trabajo, con la desaparición de muchísimos subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, con el abandono de territorios, con la pérdida de competencias y conocimientos técnicos, y con un agravamiento de las cuentas sociales y fiscales.
Nadie suma nunca esos costes dispersos y esas pérdidas de ingresos, pero sin duda son más elevados que los de una nacionalización, por arriesgada que sea. En cualquier caso, al final queda una herramienta productiva. Teniendo en cuenta la importancia estratégica del sector y sus efectos impulsores en toda la industria y en los territorios, esta se justifica.
En todo caso, sin un enorme esfuerzo financiero no se conseguirá detener la hemorragia actual que afecta a todos los sectores económicos y reindustrializar el país adaptándolo a las nuevas urgencias climáticas. Pero eso implica también contar con una estrategia industrial y energética, una política de preferencia nacional que comience por la contratación pública y una visión a largo plazo. Todos esos términos son “palabrotas” para este gobierno.
Ayudas a empresas cada vez más controvertidas
¿Hasta cuándo podrá el Ejecutivo eludir el tema? La política de oferta aplicada por los sucesivos gobiernos de Emmanuel Macron desde 2017 cuesta cada año entre 170.000 y 200.000 millones de euros en ayudas y diversas desgravaciones a las empresas. Pero ¿con qué resultado?
Mientras se multiplican los planes sociales en toda Francia y se ven amenazados sectores enteros, pero al mismo tiempo algunos grupos distribuyen cantidades récord a sus accionistas, merece la pena plantearse la pregunta. Dos comisiones de investigación parlamentaria, una en la Asamblea Nacional y otra en el Senado, han decidido evaluar la pertinencia y la eficacia del gasto público.
En la línea de esas reflexiones, el senador socialista Thierry Cozic acaba de presentar una propuesta de ley para limitar el despido por motivos económicos en las empresas de más de 250 trabajadores.
El texto, que consta de dos artículos, propone revisar una serie de facilidades y libertades, algunas de las cuales se introdujeron con la ley laboral, conocida como ley El Khomri, aprobada en 2016. El primer artículo propone prohibir el despido por motivos económicos si hay distribución de dividendos, acciones gratuitas o stock options, o recompra de acciones durante el último ejercicio contable.
“Por otra parte, ya no es aceptable para Francia que esos despidos sean llevados a cabo por grandes multinacionales que reciben importantes subvenciones públicas”, dice el texto, que propone prohibir cualquier pago de ayudas o créditos fiscales durante tres años en caso de despidos improcedentes, así como el reembolso de las ayudas, incluidas las exenciones sociales relativas a los puestos suprimidos, si la sentencia se considera sin causa real y grave.
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La propuesta de ley se someterá a votación en el Senado el 14 de mayo. Como era de esperar, la mayoría gubernamental y la derecha ya se han declarado totalmente en contra de la propuesta.
Traducción de Miguel López
