La extrema derecha israelí puede saltar de alegría. Ha salido victoriosa. El Knesset, el Parlamento israelí, aprobó el lunes 30 de marzo por la tarde una ley que establece la pena de muerte para los palestinos y palestinas declarados culpables de haber matado a israelíes en el marco de actos “terroristas”.
El texto, impulsado por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit del ministro del Interior y supremacista judío, Itamar Ben Gvir, fue aprobado en tercera lectura por 62 diputados frente a 48, a pesar de la fuerte indignación que suscita, ya que consagra de hecho una nueva discriminación flagrante entre palestinos que viven bajo ocupación e israelíes.
De esta forma, palestinos e israelíes no recibirán el mismo trato por delitos similares relacionados con el terrorismo. Los primeros, que se enfrentan de manera desproporcionada a acusaciones de “terrorismo”, arriesgarán la vida, mientras que a los segundos solo se les aplicará penas de prisión. Y eso si es que llegan a ser procesados, ya que, como señalan en un comunicado conjunto las ONG HaMoked, Adalah, el Comité contra la Tortura de Israel y Physicians for Human Rights: “Los partidarios del proyecto de ley subrayan explícitamente que no existe ningún terrorista judío”.
La ley, concebida para aplicarse exclusivamente a los palestinos, estén en Gaza, en la Cisjordania ocupada, en Jerusalén Este o residan en Israel, augura “un régimen de pena capital racista”, alertan estas cuatro asociaciones de defensa de los derechos humanos.
El texto aprobado establece que toda persona “que cause intencionadamente la muerte de otra con el fin de atentar contra un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, será condenada a muerte o a cadena perpetua”. Excluye de facto a los autores judíos, empezando por los colonos israelíes que siembran el terror y la muerte en la Cisjordania ocupada en un clima de impunidad casi total. Según The Guardian, más del 96 % de las investigaciones contra estos últimos se archivan sin más y no se ha iniciado ningún proceso judicial desde 2020, mientras que han sido asesinados más de 1.100 palestinos, de los cuales al menos una cuarta parte eran menores.
La versión inicial del texto imponía la pena capital, pero ha sido modificada e incluye la opción de la cadena perpetua, si el tribunal considera que lo justifican “circunstancias excepcionales”, sin precisar cuáles. El destino de los acusados lo decidirán los tribunales civiles israelíes, competentes para juzgar a los ciudadanos palestinos y los residentes en Israel, incluidos los habitantes de Jerusalén Este.
No hay ejecuciones desde Eichmann
Para los palestinos de Cisjordania, que son juzgados por tribunales militares mientras que los israelíes son juzgados según el derecho común, esta ley prevé que la pena de muerte se convierta en la sanción por defecto, si el homicidio se califica como acto de terrorismo. La decisión no requerirá unanimidad, sino mayoría simple, y los jueces no estarán obligados a tener el grado de teniente coronel o superior. El comandante militar se verá privado de la facultad de indultar. En ambos casos, la ejecución en la horca deberá tener lugar en los noventa días siguientes al veredicto definitivo.
Esta ley discriminatoria marca un punto de inflexión histórico: Israel no ha ejecutado la pena capital desde 1962, cuando fue ahorcado el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Era la segunda vez que el Estado israelí recurría a ella, tras una primera ocasión en 1948, poco después de su creación, contra un capitán del ejército acusado de alta traición.
“Es una nueva y emblemática muestra del tipo de régimen impuesto por Israel a los palestinos de Cisjordania, de la Franja de Gaza y de Israel: un régimen de apartheid”, denuncia ante Mediapart la diputada comunista de la oposición Aida Touma-Sliman, una de las pocas voces palestino-israelíes en el Knesset. No se hacía ilusiones sobre la aprobación de la ley, ya que, según ella, esta responde “perfectamente al proyecto ideológico del Gobierno israelí de eliminar, ni más ni menos, a los palestinos”.”El mundo finge no saber que Israel lleva a cabo una política destinada a destruir a los palestinos y a destruir todo lo que les pertenece”, critica la diputada.
Dice sentirse “consternada” por la declaración conjunta, el domingo 29 de marzo, de los ministros de Asuntos Exteriores de cuatro países aliados de Israel —Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido—, en la que expresaban su preocupación por el “carácter discriminatorio de facto” de una medida que “podría ampliar considerablemente las posibilidades de aplicar la pena de muerte”. “La aprobación de este proyecto de ley podría comprometer los compromisos de Israel con los principios democráticos”, lamentaron tímidamente los cuatro ministros.
“¿Dónde estaban estos últimos meses, cuando la ley avanzaba en el proceso legislativo?”, pregunta la diputada. “¿Qué hacen para detener a Israel en su deriva e impedir el genocidio de mi pueblo?”
Esto significa que Hamás nos ha vencido. Nos ha vencido porque hemos perdido todos nuestros valores
Los debates parlamentarios han puesto de manifiesto las motivaciones de los partidarios de esta ley. El diputado Nissim Vaturi, del Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, que votó a favor de la ley, las resumió en tres palabras: “Disuasión, castigo y venganza.” El ministro de extrema derecha Yitzhak Wasserlauf añadió: “La palabra venganza no me da miedo […] los mataremos.”
Ante los parlamentarios, Ram Ben Barak, diputado de la oposición y exsubdirector de los servicios de inteligencia exterior israelíes, expresó su indignación. “¿Entienden”, preguntó, “lo que significa que haya una ley para los árabes de Judea-Samaria [Cisjordania – ndr] y una ley diferente” para los ciudadanos y ciudadanas israelíes? “Significa que Hamás nos ha derrotado. Nos ha derrotado porque hemos perdido todos nuestros valores.”
La diputada de izquierdas Aida Touma-Sliman, por su parte, se refirió a la campaña de 2022 de Itamar Ben Gvir: “Él equipara a árabes con terroristas y hoy consigue lo que quería: una ley que condena a muerte a los árabes.” Recientemente, el ministro supremacista, con un pin de una soga en la solapa, había declarado en un vídeo, grabado en un museo dedicado a los combatientes de la resistencia judía ahorcados por los británicos y posteriormente retirado: “Me muero de ganas de ejecutar a terroristas.”
Para él, esta ley, contraria a la tendencia mundial a favor de la abolición de la pena capital, es el medio para impedir ataques similares al del 7 de octubre. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), por su parte, ve en ella “la expresión más brutal del ataque llevado a cabo por este Gobierno contra los fundamentos democráticos de Israel”.
Tan pronto como se aprobó la ley, la asociación presentó un recurso de urgencia solicitando su anulación ante el Tribunal Supremo, una institución que, hasta ahora, ha encubierto numerosas transgresiones. Se espera que otras organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos sigan su ejemplo.
Condenan una ley “inconstitucional” que vulnera “el derecho a la vida, la dignidad humana, el derecho a un proceso justo y el derecho a la igualdad”. Una ley contraria al derecho internacional. “La Knesset no tiene competencia para legislar sobre Cisjordania. Israel no ejerce allí ninguna soberanía”, sostiene Acri. “La ley no se basa en ningún fundamento probatorio: ningún organismo —incluido el Shin Bet— ha podido demostrar que la pena capital disuada la violencia de motivación ideológica.”
Esta ley constituye “un crimen y una peligrosa escalada en las políticas de la ocupación [por parte de Israel, que] no tiene soberanía alguna sobre la tierra de Palestina”, escribe en la red social X el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, para quien esta norma “revela una vez más la naturaleza del sistema colonial israelí”, al intentar “legitimar las ejecuciones extrajudiciales dándoles una apariencia legal”.
Para la ONG Club de Prisioneros Palestinos, esta ley ha sido “posible gracias a un estado de impotencia, complicidad y abandono perpetuado por el sistema internacional desde hace décadas”. Los presos palestinos, que ya están sometidos a prácticas calificadas de “muerte lenta” y que han provocado la muerte de más de cien presos desde octubre de 2023, viven un infierno en las cárceles israelíes. Algo que Israel niega a pesar de los numerosos informes y investigaciones abrumadoras de asociaciones o de periodistas.
Uno de los últimos informes de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, demuestra el papel de la tortura en la maquinaria genocida en Palestina.
Miles de millones para la guerra y para los ultraortodoxos
El Parlamento israelí aprobó el lunes 30 de marzo el presupuesto para 2026 por 62 votos a favor y 55 en contra. Este asciende a unos 850.000 millones de shekels israelíes, unos 235.000 millones de euros. Sin esta aprobación, el Gobierno de Netanyahu habría implosionado y habría sido necesario convocar nuevas elecciones.
Los más extremistas de su coalición vuelven a salirse con la suya con un aumento de más de 30.000 millones de shekels (unos 8.300 millones de euros) en el presupuesto del Ministerio de Defensa, lo que lo eleva a más de 142.000 millones de shekels.
“Tenemos la capacidad de remodelar Oriente Medio. Este presupuesto coloca a la nación en posición de ganar”, se felicitó el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, en un momento en que Israel está involucrado en varios frentes de guerra. Para el principal líder de la oposición, Yair Lapid, este presupuesto constituye el “mayor robo de la historia del Estado”.
Denuncia, en particular, los retrasos en la aprobación de una ley que permitiría movilizar a los judíos ultraortodoxos, hoy en día en gran medida exentos del servicio militar. Benjamín Netanyahu tiene todo el interés en ello si quiere conservar el apoyo de los partidos ultraortodoxos para mantenerse en el poder.
El ministro israelí Ben Gvir brinda con champán tras aprobar la pena de muerte para palestinos
De hecho, su Gobierno ha aprobado un aumento significativo de los fondos destinados a los ultraortodoxos y a los colonos, con el fin de asegurarse su apoyo. Los partidos ultraortodoxos recibirán así más de 652 millones de euros adicionales para las escuelas privadas que controlan.
Traducción de Miguel López
La extrema derecha israelí puede saltar de alegría. Ha salido victoriosa. El Knesset, el Parlamento israelí, aprobó el lunes 30 de marzo por la tarde una ley que establece la pena de muerte para los palestinos y palestinas declarados culpables de haber matado a israelíes en el marco de actos “terroristas”.