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La reforma de la regulación bancaria pasa a mejor vida

Mario Draghi durante la comparecencia ante los medios en Fráncfort.

Martine Orange

Debía ser la última piedra del edificio, con la que aprender de la crisis financiera de 2008. Claro que, a tenor de las reacciones del sector bancario, una vez anunciada la nueva reglamentación del sector –conocida como Basilea IV y presentada el 7 de diciembre–, hay algo que no encaja. Tras años en que los banqueros europeos batallaron en contra de estas nuevas normas bancarias que iban a ponerlos “de rodillas”, ahora todos alaban el nuevo mecanismo.

Poco después de ratificado el acuerdo, la Comisión Europea se felicitaba: “Las medidas adoptadas por el Comité de Basilea suponen el último instrumento legislativo importante de la reforma reglamentaria puesta en marcha tras la crisis financiera”, decía. “El acuerdo que acaba de alcanzarse y que pone punto y final a Basilea III es el mejor acuerdo posible para Francia y para Europa. Tal y como reclamamos, este acuerdo presenta tres características fundamentales, es equitativo, razonable y definitivo”, aseguraba, por su parte, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau.

El mundo bancario también se congratulaba. En un comunicado, los analistas de JP Morgan Case subrayaban que “el acuerdo es mucho mejor que lo esperado”. Por su parte, desde UBS se apresuraban a subrayar que era todo un alivio para los bancos, “que van a poder aumentar de nuevo sus dividendos”. Hasta ahí lo fundamental.

Si Basilea IV recibe las alabanzas de los banqueros, es porque han sacado una conclusión inmediata: no va a cambiar nada. “El mundo bancario sale indemne”, reconoce The Financial Times. Incluso el Comité de Basilea, el organismo internacional de regulación bancaria encargado de desarrollar el nuevo mecanismo, lo confiesa en pocas palabras: el compromiso alcanzado con todos los actores financieros y bancarios no va a traducirse en “aumentos significativos” de los fondos propios destinados a cubrir sus riesgos.

Este paso atrás en los requisitos de los reguladores se resume en un cifra. Hace unos años se calculaba estimaba que los bancos deberían aprovisionarse, para responder a las nuevas reglamentaciones bancarias en negociación, por un importe de cientos de miles de euros –la Federación Bancaria Europea hablaba entonces de 850.000 millones de euros de capital adicional–. Ahora, en cambio, el Comité de Basilea ha cifrado finalmente en 90.700 millones el aumento de capital necesario para el conjunto de los grandes bancos internacionales. Los grandes bancos europeos, que se sentían más amenazados, sólo pueden necesitar 36.700 millones de euros de capital adicional para cumplir con la nueva reglamentación, según las estimaciones. Los analistas, empezando por el FMI, coinciden en que los bancos europeos están infracapitalizados.

Con la crisis financiera de 2008, el Comité de Basilea se comprometió a endurecer las reglas del sector bancario. Se impusieron nuevas ratios prudenciales, los bancos se vieron obligados a aumentar sus fondos propios, pero la calidad de sus reservas seguía negociándose. Existía demasiada opacidad en cuanto a los cálculos y los modelos de riesgos establecidos por los propios bancos, según los reguladores. Todo ello hacía imposible evaluar en su justa medida los riesgos, que suponen los miles de millones ocultos en las carteras bancarias en forma de préstamos, de créditos inmobiliarios, de derivados, de compromisos diversos, decían. Dicha opacidad había conducido a la crisis de las subprimes y amenazado con engullir al planeta financiero y, con él, a la economía mundial. De ahí la necesidad de los reguladores internacionales a la hora de establecer nuevos modelos más claros, de aplicación para todos.

Pero no se contaba con la hostilidad de los bancos europeos y, en particular, con la oposición de las entidades francesas y alemanas. Porque retomar determinadas prácticas contables, imponer nuevas obligaciones prudenciales podía cuestionar el modelo del banco universal, el que permite la enorme confusión entre las actividades de banca minorista y de inversión, que autoriza los rescates públicos en nombre del too big to fail [demasiado grande para caer]...

Desde entonces, los trabajos del Comité de Basilea, que dieron comienzo en 2013, no han dejado de encontrar una oposición sistemática: el del lobby bancario europeo, en guerra continua. Y recurrieron a todo tipo de argumentos: el endurecimiento de la reglamentación iba a penalizar la economía europea porque los bancos no iban a poder financiar las empresas como antes; los bancos europeos iban a estar en desventaja con relación a sus competidores de Estados Unidos, porque al contrario que los bancos norteamericanos, mantienen en su balance una parte de los préstamos hipotecarios; en el momento en que Norteamérica de Trump se disponía a acabar con aspectos completos de la regulación bancaria que nació de la crisis de 2008, los bancos europeos iban a tener que cumplir nuevas obligaciones que amenazarían la supervivencia de todo el sector en Europa, etc. En resumen, era urgente no tocar nada.

Y las críticas han surtido efecto. Durante dos años, Alemania y Francia se han opuesto a las propuestas adelantadas por el Comité de Basilea. Pero, finalmente, se ha logrado un acuerdo: los propios bancos podrán seguir evaluando, en parte, sus riegos, conforme a sus propios métodos. En los balances bancarios, en el futuro, los riesgos ponderados serán de hasta el 72,5%, según las reglas determinadas por el Comité de Basilea. O lo que es lo mismo, los bancos seguirán cocinando los resultado, evaluando ellos mismos las obligaciones financieras de más del 25% de su propio balance. Todo esto lleva a pensar que recurrirán en mayor medida a sus propios métodos para calcular su exposición a los derivados que en el caso de los créditos inmobiliarios.

Adiós a la voluntad de regular las prácticas bancarias

Aunque, a cambio, el Comité de Basilea pide un aumento de las ratios prudenciales, de representar el 12,5% de los fondos propios o incluso del 15,2%, en el caso de los grandes bancos “sistémicos”, la medida pierde pertinencia, en buena medida. En cualquier caso, esto explica que las estimaciones en cuanto a las necesidades de capital adicional se hayan esfumado como por arte de magia.

Pero aunque son más laxas, es posible que estas nuevas normas no vean nunca la luz. Oficialmente, los bancos tienen hasta 2017 para cumplir con la nueva normativa, que debería entrar en vigor en 2022. Y, hasta entonces, puede producirse una nueva crisis financiera. Esta normativa, para que sea adoptada, debe ser traspuestas en las legislaciones de los países firmantes.

“Espero que los bancos apliquen fielmente la nueva reglamentación”, señalaba Stefan Ingves, presidente del Comité de Basilea, en una entrevista concedida a Bloomberg, no sin cierto pesimismo. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, también se ha mostrado prudente. “Ha sido difícil alcanzar un acuerdo. Será también difícil conseguir que todas las jurisdicciones adopten y apliquen este acuerdo a tiempo y de forma efectiva”, constataba en el momento de la firma. Una manera de dar a entender que la adopción de la nueva reglamentación, incluso con los arreglas incluidos, está lejos de ser una realidad.

Sin esperar más, el lobby de la banca ya ha iniciado las primeras maniobras con los responsables políticos. “No debemos perder de vista que la reglamentación puede causar numerosos daños a las economías europeas y a la competitividad de los bancos europeos”, ha declarado Wim Mijs, uno de los responsables de la Federación Bancaria Europea.

Los bancos europeos, dirigidos por entidades francesas y alemanas, saben que tiene de su parte a sus Gobiernos respectivos y a la Comisión. En lo peor de la crisis, los bancos franceses consiguieron que el Ejecutivo francés modificara la separación bancaria, hasta el punto de vaciarla de contenido. La maniobra ha salido mejor de lo que esperaban: las propuestas de Michel Barnier, entonces comisario europeo de Mercado Interior, que hacía suyas las demandas del informe Liikane sobre la necesidad de separar las actividades de mercado de los bancos, han quedado enterradas de inmediato.

Desde entonces, Europa va de renuncia en renuncia. La tasa sobre las transacciones financieras se ha pospuesto para mejor momento. Las concentraciones bancarias han seguido adelante, en beneficio de los grandes bancos, cada vez más gigantescos. A finales de octubre, la Comisión Europea le volvía a hacer un regalo magnífico al sector bancario: con la mayor discreción, abandonó definitivamente cualquier proyecto de separación de las actividades bancarias. Después de situarse en vía muerta desde 2015, el proyecto ya no se impondrá, según la Comisión, dadas las “importantes medidas tomadas ya para limitar las actividades de mercado en los bancos”. Para Bruselas, los bancos europeos son más seguros que nunca. Y la Unión Bancaria ha aportado todas las respuestas a los problemas de los bancos.

Las recientes quiebras del Banco Popular en España o del Monde dei Paschi, de Veneto Banca o de Banca di Vicenza, en Italia, demuestran que el estado de salud de los bancos europeos no se encuentra garantizado. Incluso la situación parece haberse agravado. Según las últimas estimaciones, una decena de grandes bancos europeos –entre ellos numerosos bancos italianos– tienen lastrados sus balances: el número total de préstamos de cobro dudoso -por no decir las cantidades que no cobrarán- y de bonos basura supera el montante de sus capitales.

El Banco Central Europeo parece tan preocupado que está dispuesto a contemplar medidas coercitivas, muy alejadas de los mecanismos de rescate acordados en la Unión Europea. En una nota muy discreta, publicada a comienzos de noviembre, la institución monetaria, que supervisa también todos los grandes bancos europeos, preconizaba la disminución de las retiradas de fondos por parte de los ahorradores en caso de quiebra bancaria. Oficialmente, se trata de sacar enseñanzas de las recientes quiebras bancarias europeas. Y es que, tras la caída del Banco Popular, las retiradas de fondos por parte de los ahorradores rondaron los dos mil millones diarios, acelerando con ello la quiebra. Así, y para evitar una fuga de depósitos, los titulares de cuentas sólo podrían retirar un montante equivalente a lo que supone cinco días sus ingresos, en caso de dificultades.

Esta medida tiene un subtexto. Durante este tiempo, los accionistas y los acreedores, que tienen información asimétrica, conservarían total libertad para vender sus títulos lo antes posible para no tener que pagar el precio del rescate, mientras que los depositantes se verían atrapados. Por lo tanto, ¿en qué queda la garantía de 100.000 euros por ahorrador y entidad bancaria, prevista en la Unión Bancaria? Tras el rescate con fondos públicos (bail out), los ahorradores ¿no serán los primeros que tengan que acudir al rescate de los bancos, lejos de los esquemas anunciados públicamente que hablan de reflotamiento por parte de los accionistas y los acreedores (bail in)?

Se trata de cuestiones menores, según el entorno bancario. “La crisis financiera ya pasó”, dicen los banqueros. En cierto modo, es verdad que la crisis ha pasado: ya no hay voluntad política alguna por intentar regular mejor las prácticas bancarias. Con Basilea IV, se han apretado los últimos tornillos del féretro de la regulación bancaria. _______________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La comisión de la crisis y el rescate descarta llamar al Congreso a los grandes bancos y constructoras

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