En la sala de audiencias, es casi seguro que parte del público ya ha probado alguna vez una lechuga o una escarola de Didier Cornille. Ya sea en una ensalada César al mediodía o en una bolsa comprada en el supermercado para añadir verduras a su comida.
A sus 58 años, este agricultor afincado en Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône) se ha convertido en el rey de las ensaladas en Francia. Su empresa (la SCEA Reveny) cultiva 470 hectáreas, lo que supone 34 millones de unidades al año. Y estas ensaladas cuentan con la etiqueta de alto valor medioambiental (HVE), que premia la “estrategia fitosanitaria” del horticultor.
Pero en mayo de 2022, unos gendarmes acompañados de investigadores de los servicios veterinarios descubrieron en su explotación 1.174 litros y 275 kilos de productos fitosanitarios prohibidos.
El presidente del tribunal, Pascal Gand, da lectura a la lista:
“Legurame líquido, tres garrafas de 5 litros; Atraline 50, dos garrafas de 5 litros; Actara, tres cajas de 1 kilo; Klartan, una garrafade 5 litros; Rovral, setenta y dos sacos de 1 kilo; Karva, treinta y tres garrafas de 10 litros; Rovral Aqua Flo, una garrafa de 1 litro; Plenum 50 WG, una caja de 1 kilo; Proteo blanc L 20, cincuenta y tres garrafas de 1 litro; Sekoya, cuatro garrafas de 5 litros; Sabero Mancozeb 80, ocho sacos de 25 kilos; Palermo, treinta y siete garrafas de 20 litros”.
También había “seis productos españoles sin licencia comercial (Laotta, Finale, Kerb Flo, Flordimex, Dominex) y otros dos de Bélgica (Legurame) y Grecia (Sharimida)”.
La mayoría de esos productos estaban almacenados en un cobertizo, lejos del local de los productos autorizados, sin ningún tipo de etiquetado. En cuanto a los 300 litros de Karva, un fungicida prohibido, o los 740 litros de Palermo, otro fungicida, un investigador de los servicios veterinarios, presente en la audiencia, estima que podría tratarse de “existencias” denominadas “de oportunidad”, constituidas antes de la prohibición de esos productos.
Con la mano en el corazón y el rostro contrito, Didier Cornille, vestido con un chaleco sin mangas acolchado, hace las paces: “Debo reconocer que es una falta profesional no haber eliminado estos productos [tras su prohibición] en el plazo establecido”, declara. “Era totalmente innecesario conservarlos.” “No puedo aceptar que se hable de negligencia”, zanja el investigador veterinario. “No se almacenan cantidades así... El Sr. Cornille es un profesional experimentado”.
El horticultor afirma haber constituido su colección recuperando productos, en particular en granjas abandonadas, y haberlos ocultado debido a los repetidos robos. Pero también se le acusa de realizar pedidos a gran escala de productos prohibidos.
Facturas falsas
Junto a Didier Cornille, otros dos horticultores y un intermediario comparecen desde el lunes 12 de enero en la sala de juicios extraordinarios del cuartel de Le Muy, en Marsella, por posesión de productos fitosanitarios prohibidos.
Otros tres agricultores se han excusado, uno de ellos por motivos médicos, y están representados por abogados. Es el caso de Frédéric Berlhe, número uno francés en la producción de melones, que trabaja 1.300 hectáreas.
Antes de pillar a los horticultores, la Brigada Nacional de Investigaciones Veterinarias y Fitosanitarias (BNEVP) había descubierto en 2020 entregas de un pesticida prohibido (probablemente cancerígeno) a base de dicloropropeno a productores de zanahorias en Créances (Manche), a través del mismo intermediario, bajo la apariencia de ventas de fertilizantes. Esa primera red fue juzgada y condenada en 2021 y 2023.
En una escucha telefónica de octubre de 2020, desvelada por el abogado de Générations futures, el intermediario se jactaba de haber encontrado Basta para Cornille. ¡3.000 litros nada menos!
El intermediario Alain Hebrard, de 78 años, exrepresentante de productos fertilizantes establecido en España y Marruecos, había reconocido “distribuir los productos en el sureste”. Esas confesiones provocaron la intervención de la fiscalía de salud pública de Marsella y, en 2022, una oleada de registros en las casas de Didier Cornille y sus amigos horticultores.
“Lo preocupante es el uso de los documentos incautados en el domicilio del Sr. Hebrard”, expone el presidente Pascal Gand ante Didier Cornille. “Hay muchos documentos que le mencionan a usted y a su empresa Reveny, y muchos productos...”
En octubre de 2020, por ejemplo, el intermediario escribe: “Reveny OK”, “esta semana se pagarán 104.800 [euros]” por Basta, un herbicida con glufosinato retirado de la venta en octubre de 2017. “En el mismo periodo, usted recibe una factura por el mismo importe de Agro Naqui [el proveedor de la red, ndr] en España”, señala el presidente.
“Yo no sé lo que hizo Hebrard en sus anotaciones”, responde Didier Cornille. “Yo compré Bioclean, un producto que destruye las algas que se encuentran dentro de las tuberías.”
En otro documento, el intermediario anota los precios de compra de los productos, en particular 3.000 litros de Basta, su “precio de venta a Didier” y su “comisión” de 6.000 euros. En esta ocasión, la venta se oculta mediante una factura falsa de fertilizantes pagada por la empresa del horticultor. Por este motivo, los acusados son procesados por falsificación y uso de documentos falsos. En otra factura en la que se mencionan fertilizantes, hay una nota adhesiva escrita a mano por el intermediario indicando los nombres de los productos prohibidos que efectivamente se vendieron.
En la pantalla del tribunal, el presidente muestra otros archivos al horticultor, que permanece imperturbable. “Si yo fuera usted, me haría la misma pregunta”, admite. Se le muestra “la carga definitiva del camión Reveny”, una entrega destinada a su empresa, y la lista de los diferentes palés de productos prohibidos que deben almacenarse en ella: Vapam, un herbicida a base de metam sodio, y Confidor, un insecticida a base de imidacloprid. La misma reacción: “No entiendo nada de esto”, responde.
Llamado al estrado, el intermediario reflexiona largamente y afirma que Didier Cornille no le encargó nada de eso. ¿El camión Reveny con palés en su interior? “Sin duda, eso no se hizo”, asegura. Pero las comisiones que se iban a cobrar, las transferencias que se iban a ingresar, “¿todo eso son castillos en el aire?”, pregunta el juez. Alain Hebrard se encoge de hombros.
En una escucha telefónica de octubre de 2020 desvelada por el abogado de Générations futures (asociación de defensa del medio ambiente, ndt), el intermediario se jactaba de haber “encontrado Basta” para Cornille: “¡3000 litros nada menos!”, decía todo contento.
Sociedad en Delaware
Alain Hebrard reconoció varias entregas, incluso en el sureste.
“Lo hice con toda honestidad, sin saber que algunos productos autorizados en España están prohibidos en Francia...
— ¿Es usted una especie de justiciero del mundo agrícola?”, ironiza el presidente.
— No entiendo por qué se sigue importando en Francia productos tratados con productos prohibidos en Francia...
— ¿Es usted quien decide eso?”, replica el presidente. “En cualquier caso, usted ha hecho negocios con eso, ha ganado dinero con ello.”
El presidente saca a relucir un contrato de consultoría firmado por una empresa del intermediario en Delaware, LLC Liquid Organic Fertilizer, con una estructura del horticultor. “¿Por qué creó usted una empresa en Delaware?”, pregunta el presidente. Hebrard dice que se lió. Que fue su contable española quien le “aconsejó hacerlo”.
“¿Por qué en Delaware? ¿Por motivos fiscales?”, insiste el juez.
“Ni siquiera sé dónde está...”, responde el intermediario.
“Le conozco desde hace veinticinco años”, admitió Didier Cornille, al ser preguntado por el intermediario. “Me daba su opinión sobre los cultivos. Me vendió mucho fertilizante, materia orgánica. Era uno de mis asesores. Si teníamos algún problema, le llamábamos”.
La trayectoria de Alain Hebrard, condenado definitivamente a seis meses de prisión condicional en el primer caso, plantea interrogantes al tribunal. Antiguo representante, “mejor vendedor” y asesor técnico de fabricantes de fertilizantes, registró varias patentes y creó empresas en España, Marruecos y Estados Unidos.
“¿Estudió usted química, biología?”, pregunta el presidente. “¿De dónde le viene eso de inventar fertilizantes?”
—Mi hermano estaba en el CNRS y mi padre era médico. Yo no hice estudios, pero hablábamos de técnica...
— Entonces, en base a esas conversaciones, se puso a inventar productos...
— Al fin y al cabo, mi hermano estaba en el CNRS...”
El intermediario asegura a continuación que “nunca se ha especializado en fitosanitarios...”
“Usted ha dicho que eran fertilizantes...”, le recuerda el presidente.
— De fitosanitarios no entiendo ni jota.
—Lo que se le reprocha es vender fitosanitarios haciendo creer que eran fertilizantes”, prosigue el magistrado. “Usted no tiene el certificado fitosanitario, pero tampoco tiene la autorización para dar consejos sobre fitosanitarios. Hay un marco, señor, para ejercer esta profesión.
—¡Nunca he dado consejos sobre productos fitosanitarios, nunca!”.
Florette, Bonduelle, Les Crudettes
Didier Cornille pide al tribunal “cinco minutos para resumir su vida”. Partiendo de cero, creó una Gaec (agrupación agrícola de explotación común) con su padre, poco antes de decidir dedicarse al cultivo de una hectárea y media de lechugas, en 1987.
“Poco a poco, fuimos haciendo más”, cuenta. “Conocí a una empresa, Florette, que me ofreció contratos. Me solicitaron mucho. Seguimos trabajando con ellos. Desarrollé la actividad de las ensaladas. Y luego contacté con otras empresas que lo hacen en bolsas: Bonduelle, Crudettes. Esa gente me permitió crecer mucho. También hemos trabajado con Carrefour, Intermarché, Système U, con compromisos verbales. He desarrollado el tomate industrial para hacer pizzas. Esta actividad me ha consumido la vida”, concluye a punto de sollozo. “He trabajado mucho para llegar hasta aquí.”
Además de sus lechugas y tomates, Didier Cornille produce 9.000 toneladas de melones en 300 hectáreas, cultiva 600 hectáreas de trigo duro, 300 hectáreas de arroz de Camarga, 110 hectáreas de olivos y pequeñas superficies de calabazas y sandías...
Sus explotaciones son objeto de “controles aleatorios” “cada semana”, dice en su defensa: “No han encontrado nada. Espero que nuestros clientes sigan confiando en nosotros”. Pero el inspector veterinario contradice al horticultor, subrayando que los análisis multirresiduos “solo permiten encontrar lo que se busca”. “Los riesgos son evidentes, tanto medioambientales como toxicológicos, con productos que no tienen autorización de comercialización y que no se buscan”, precisa el inspector.
El presidente recuerda las antiguas condenas que figuran en los antecedentes penales del rey de las ensaladas, por “trabajo encubierto”, “lesiones involuntarias” por un accidente laboral y, más recientemente, “destrucción irregular de residuos” de plásticos agrícolas.
También fue condenado a una multa por “violencia sin provocar ninguna interrupción temporal del trabajo (ITT)” contra dos periodistas de France 2 en 2020. Además, apareció en la investigación sobre la empresa española de trabajo temporal Terra Fecundis, condenada en dos ocasiones por “ejecución de trabajo no declarado” y “contratación ilegal de mano de obra”.
Una abogada de la parte civil señala además su implicación en otros delitos medioambientales (perforaciones no conformes y esparcimiento irregular), lo que provoca una ruidosa protesta por parte de los abogados del horticultor.
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“No entiendo muy bien qué hago yo aquí”, concluye finalmente Didier Cornille. “No tengo nada que reprocharme.”
Traducción de Miguel López
En la sala de audiencias, es casi seguro que parte del público ya ha probado alguna vez una lechuga o una escarola de Didier Cornille. Ya sea en una ensalada César al mediodía o en una bolsa comprada en el supermercado para añadir verduras a su comida.