Putin pone en la diana a las organizaciones ecologistas rusas
La noticia ha conmocionado al activismo ecologista ruso. El pasado mes de marzo, la rama rusa del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una de las ONG ecologistas más importantes del país, fue clasificada como "agente extranjero". El Ministerio de Justicia la acusa de haber "intentado influir en las decisiones de las autoridades rusas" y de haber "obstaculizado la realización de proyectos industriales y de infraestructuras" so pretexto de defender el medio ambiente.
En una carta abierta, más de sesenta expertos y científicos denunciaron esa decisión "profundamente errónea, injusta y perjudicial para la política medioambiental del país". El Fondo, presente en Rusia desde finales de los años 80, ha contribuido a la creación de más de 145 zonas protegidas de diverso estatus y a la salvaguarda de numerosas especies animales amenazadas, como el tigre de Amur o el leopardo de las nieves.
El director de WWF Rusia, Dmitry Gorshkov, declaró que la ONG, que cuenta con 130 empleados y oficinas en una docena de ciudades rusas, seguirá trabajando. Sin embargo, esa infamatoria etiqueta complicará enormemente las actividades de la organización al someterla a procedimientos tediosos y restrictivos. En concreto, tendrá que indicar ese estatus en cada una de sus publicaciones, incluido cualquier mensaje colgado en las redes sociales, y presentar trimestralmente el detalle de sus gastos e ingresos. La ONG ya no podrá llevar a cabo actividades educativas ni colaborar con el Estado.
El viernes 19 de mayo, Greenpeace fue declarada "indeseable", decisión que convierte en ilegal cualquier actividad de la ONG en Rusia. En un comunicado, la Fiscalía General rusa afirmó que Greenpeace International, con sede en los Países Bajos, representaba una "amenaza para los fundamentos del orden constitucional y para la seguridad" y pretendía "tumbar al poder de forma inconstitucional".
Según la ONG, activa en Rusia desde hace 30 años, la decisión se tomó "precisamente porque intentábamos impedir la realización de proyectos que destruyen la naturaleza, y en muchos casos con éxito". Greenpeace cita una larga lista de proyectos que ha llevado a cabo, entre ellos algunos relacionados con la protección del lago Baikal, el mayor y más profundo del mundo.
La presión sobre los ecologistas en Rusia no es nada nuevo. En la última década, más de 35 ONG relacionadas con el medio ambiente han sido catalogadas como "agentes del extranjero", lo que ha obligado a dos tercios de ellas a disolverse, según Ecological Crisis Group, una iniciativa de apoyo a los ecologistas.
En 2022, ese fue el caso de cuatro de ellas: Amigos del Báltico en la provincia de Leningrado, Movimiento 42 en la región de Arkhangelsk, Sakhalin Environmental Watch y el Centro de Estudios del Salmón del Lejano Oriente. Dramáticos cierres para la protección de la naturaleza en las respectivas regiones de estas ONG locales tan activas.
Por ejemplo, el Movimiento 42 investigaba la contaminación de la costa del Mar Blanco y realizaba una gran labor de concienciación pública sobre la separación de residuos. Durante sus veintisiete años de existencia, Sakhalin Environmental Watch ha librado muchas batallas, entre ellas impedir la tala de la última selva virgen de la isla de Sajalín y salvar de la extinción a la única población de ballenas grises del territorio.
"El gobierno lleva varios años utilizando la ley de agentes extranjeros para eliminar a quienes, desde su punto de vista, suponen una amenaza para sus políticas. Es decir, todas las organizaciones o individuos que no están bajo su control y que tienen peso en la sociedad. En este sentido, nuestra ONG, independiente, de renombre y con un amplio apoyo, era un objetivo", nos dice por teléfono el fundador de Sakhalin Environmental Watch, Dmitry Lisitsyn. Tampoco descarta presiones de grandes empresas regionales, muy molestas con su organización.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la represión contra toda la sociedad civil en Rusia no tiene precedentes. Tras diezmar a la oposición política, a la prensa independiente y a organizaciones de defensa de los derechos humanos como Memorial y el Grupo Helsinki de Moscú, las organizaciones ecologistas internacionales ya no se libran.
Además de Greenpeace, la Fundación Bellona, organización noruega que llevaba treinta años trabajando activamente para mejorar la seguridad nuclear y reducir la contaminación industrial en el norte de Rusia, también ha sido declarada organización indeseable en abril. Esa gravísima acusación la obligó a cerrar sus oficinas de San Petersburgo y Murmansk y a trasladar su personal ruso a Vilna, en Lituania.
Legislación medioambiental socavada
En paralelo a la represión, ha habido en 2022 numerosas modificaciones de la legislación medioambiental que han debilitado las normas vigentes. Por ejemplo, el plazo para la introducción de sistemas automáticos de control de emisiones atmosféricas, que debían ser obligatorios en 2024 en todas las grandes fábricas, se ha retrasado hasta 2028.
Además, se ha introducido una moratoria en las inspecciones medioambientales programadas de emisiones y vertidos. Otros ejemplos: desde un decreto de octubre de 2022, se han elevado los límites de determinadas sustancias peligrosas en las aguas residuales vertidas al lago Baikal y han dejado de regularse los compuestos organoclorados, clasificados como "peligrosos" y "muy peligrosos" y se ha suprimido la evaluación del impacto ambiental durante la colocación de tuberías en zonas naturales especialmente protegidas.
En el contexto de la guerra en Ucrania, muy costosa para las finanzas del Estado, el principal objetivo de estas medidas es librar a las empresas de las trabas medioambientales para apoyar la economía. "Al eliminar el control público y amordazar a las organizaciones civiles, el gobierno está creando todas las condiciones para que las empresas tengan vía libre", afirman activistas medioambientales, que hablan desde el anonimato. Muchas empresas también están abandonando sus compromisos de mejorar la gestión de los riesgos medioambientales y de "ecologizar" sus operaciones con el pretexto de salvar su negocio frente a las sanciones occidentales.
El pretexto de la guerra
También se utiliza la excusa de la "operación militar especial" para evitar cualquier desafío. En Moscú, por ejemplo, a principios de enero se destruyeron en pocos días tres zonas forestales, en teoría para alojar sistemas de defensa antiaérea. Cuando los grupos ecologistas y los residentes denunciaron esos proyectos destructivos, que se llevaron a cabo sin consulta previa, se esgrimió inmediatamente la etiqueta de "seguridad nacional" para impedir cualquier apelación.
Las ONG temen que esos múltiples contratiempos conduzcan a una explotación desenfrenada de los recursos naturales. También advierten del mayor riesgo de accidentes medioambientales y contaminación industrial en ausencia de protección, con el peligro de que se deteriore la calidad del aire y del agua y aumente el descontento social. Porque, aunque los rusos están perdiendo interés por la política, que consideran demasiado peligrosa, están dispuestos a defender su medio ambiente.
Según una reciente encuesta del Centre Levada, la población expresa una mayor preocupación por "las malas condiciones ecológicas, la contaminación del medio ambiente, el vertido de basuras" y "la destrucción de parques" que por "la violencia doméstica", "la arbitrariedad de las fuerzas del orden" y "la censura en Internet".
Todos los días se producen protestas en el país. En varias ciudades, como Syktyvkar, Novosibirsk y Riazán, los ciudadanos se movilizan contra los proyectos de vertederos. Las zonas protegidas, atacadas regularmente para reducir su tamaño, también preocupan mucho a los ciudadanos, que firman peticiones masivas contra su explotación.
En Sajalín, a Dmitry Lisitsyn le sorprendió el gran número de reacciones de apoyo tras la disolución de su ONG: "Recibimos miles de mensajes, comentarios en las redes o en directo. No esperábamos tanta repercusión". Aunque Sakhalin Environmental Watch haya dejado de existir, el equipo continúa algunos de sus proyectos medioambientales en forma de iniciativas ciudadanas.
¿Se preocupa la ciudadanía española por el medio ambiente?
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La ecología parece ser el último espacio donde la gente aún se atreve a hacer valer sus derechos, una situación que recuerda a la época soviética. ¿Hasta cuándo?
Traducción de Miguel López
