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La UE y Canadá avanzan en la ratificación del tratado de libre comercio

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, junto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El mundo al revés. Mientras Donald Trump firmaba el lunes en Washington la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico (TPP), negociado durante años por la administración de Obama, los eurodiputados enviaban el martes por la mañana a Bruselas un mensaje político diametralmente opuesto. Parlamentarios especialistas en asuntos comerciales daban luz verde al tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA), en la que es la última etapa antes de su eventual –y ahora probable– ratificación en sesión plenaria en Estrasburgo (prevista para mediados de febrero).

Los diputados miembros de la comisión de Comercio aprobaban el controvertido proyecto de tratado con una mayoría muy clara: 25 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención. La derecha del PPE votaba a favor con el apoyo de los liberales. Los ecologistas y representantes de la GUE (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea) y el FN decían no. En el grupo de los socialdemócratas europeos, no hubo unanimidad: algunos eran favorables al texto (una mayoría de alemanes) y otros contrarios (socialistas franceses y belgas).

“Lamentablemente, la aprobación no es una sorpresa dada la composición de esta comisión: la mayoría de sus integrantes se encuentran entre los más fervientes defensores de la liberalización máxima de los intercambios y de las inversiones, donde normas sociales, sanitarias y medioambientales se perciben únicamente como obstáculos al comercio”, denunciaba en un comunicado el colectivo STOP TAFTA/CETA, que el pasado 21 de enero organizaba una jornada de movilizaciones contra el CETA, sobre todo en Francia y en Bélgica.

El pasado mes de octubre, el CETA se situaba en el centro del pulso, muy mediático, que mantenía Paul Magnette, presidente de la región valona belga, y la Comisión de Bruselas. Los Veintiocho acabaron por ratificar el texto, para alivio del primer ministro canadiense Justin Trudeau, ferviente defensor del articulo. Ahora, es el Parlamento Europeo el que debe pronunciarse. La institución tiene derecho de veto sobre los acuerdos comerciales desde la entrada en vigor en 2009 del Tratado de Lisboa. Ya en 2012, tiró a la basura otro proyecto de tratado comercial, el ACTA. En esta ocasión, los equilibrios parecen diferentes.

“No necesitamos una agenda trasatlántica al estilo Trump, sino al estilo Trudeau”, declaraba Marietje Schaake, parlamentaria liberal neerlandesa, respaldada por muchos de sus colegas. Para sus partidarios, el CETA es la mejor de las respuestas a la “salida” de Trump, porque no es un simple acuerdo de libre comercio al uso, sino un texto, en su opinión, más ambicioso y protector. En las antípodas de esta cerrada defensa, el frontista Édouard Ferrand, denunciaba lo que a su entender es un texto que va “a contracorriente del nuevo soplo que procede del Nuevo Continente”; acto seguido, elogiaba la “visión muy clara de Trump, que tiene la ventaja de comprender bien lo que sucede y los intereses de EE. UU.”. El ecologista Yannick Jadot, contrario al articulado, arremetió contra los partidarios del CETA “enterradores de un proyecto europeo sostenible [que] no han aprendido nada del Brexit ni de la victoria de Trump, para seguir poniendo la alfombra roja a la ultraderecha y a los nacionalismos rancios”.

El diputado alemán de Die Linke Helmut Scholz, contrario al CETA, declaró, antes de la celebración de los debates previos a la votación, el lunes por la tarde, que “Bombardier, importante empresa canadiense, se disponía a destruir miles de empleos en Alemania y en Europa central” después de la ratificación del tratado. A lo que el eurodiputado francés Franck Proust (Los Republicanos) respondía: “Sí, tiene de preocupación por Bombardier, pero Alstom, una gran empresa europea, ahora podrá presentarse a los concursos públicos para ganar mercados públicos en Canadá”. Estoica, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, también intervenía para defender “su” acuerdo: “Esto ha pasado siempre en la historia de la globalización. Hay empleos que desaparecen y otros que aparecen”.

Por su parte, la conservadora francesa Tokia Saïfi, favorable al texto, instó a la Comisión de Bruselas a hacer, nuevamente, “más pedagogía” con los ciudadanos. “El sábado se celebraron manifestaciones [contra el CETA] y algunos exhibían nuestras fotos y nuestros nombres para denunciar a los eurodiputados que se disponen a votar por el CETA. Estamos yendo demasiado lejos”, se inquietaba la exsecretaria de Estado. El comentario desató las iras de Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, que instaba a “no criminalizar las movilizaciones”, sino al contrario “abrir las instituciones” a los movimientos sociales.

Algunos socialdemócratas decidieron abstenerse o votar en contra del texto por considerar que todavía existe margen para mejorarlo. “Es un tratado que no está acabado, que no tiene nada de un texto del siglo XXI”, declaraba la socialista belga Marie Arena. La mayoría reconoce que los debates han permitido introducir mejoras, como la reforma del mecanismo de arbitraje que permite que multinacionales lleven ante tribunales ad hoc a los Estados. Pero sigue habiendo zonas de sombra.

El capítulo sobre la “cooperación reglamentaria” ha centrado parte de la atención. En resumen, se trata de poner en marcha un “foro” de expertos para ir reforzando, con los años, la cooperación de las autoridades reguladoras, en Europa y en Canadá, sin tener necesidad de reabrir las negociaciones del CETA propiamente dichas. Pero las ONG están convencidas de que esta estructura reforzará el poder de los lobbies de la industria, en el centro del proceso de decisión. Por su parte, hay eurodiputados que siguen temiendo que este mecanismo invada su trabajo de legislador.

Aparentemente cansado de estos debates interminables sobre el CETA, el conservador sueco Christofer Fjellner el lunes hacía gala de un humor particular: Escandinavia, muy favorable al librecambio, como la mayoría de sus compatriotas, proponía “regalar una botella de champán” al que (o a la que) que se atreviera a reabrir un nuevo debate sobre el CETA... Esos sarcasmos aludían a una tentativa de los Verdes, respaldada por la GUE y algunos socialdemócratas, de retrasar cinco meses la votación en la sesión plenaria. Esta enmienda era rechaza el martes.

Así las cosas, la votación debería celebrarse en Estrasburgo en torno al 15 de febrero. Justin Trudeau, que ya viajó el pasado otoño a Bruselas, podría desplazarse hasta la ciudad francesa para asistir a la votación. No obstante, los debates y la votación plenaria pueden ser más difíciles que en el seno de la comisión de Comercio, donde los diputados son en su conjunto más favorables al libre comercio que sus colegas. En estas últimas semanas, otras comisiones internas en el Parlamento Europeo adoptaban “opiniones” sobre el CETA, entre ellas la consagrada al empleo, que decía no al tratado.

En caso de que Estrasburgo termine dando luz verde al acuerdo, el CETA puede entrar en vigor, de forma provisional, en abril de 2017. Al ser considerado un tratado “mixto”, será sometido a votación en todos los Parlamentos nacionales –y a veces, regionales– de los 28 antes de que su aprobación sea definitiva. Esta fase de ratificación puede durar varios años.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El CETA divide a los socialistas europeos ante la votación definitiva en la Eurocámara

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