La "revolución verde" de la Andalucía de Moreno se ahoga por la falta de agua

Embalse de La Viñuela (Málaga) al 15% de capacidad.

Andalucía, que el próximo 19 de junio se juega su futuro y la presencia de la extrema derecha en San Telmo, tiene varios frentes abiertos en el terreno medioambiental. Y el cambio climático vertebra los problemas ecológicos como la gasolina que aviva el fuego. Es bien sabido, y así lo evidenció la última gran revisión de la literatura científica de los expertos de Naciones Unidas, que el sur de Europa es muy vulnerable al fenómeno no solo por el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos o la subida de las temperaturas, sino por la probable escasez hídrica y la desertificación de los suelos. Y, como muestran las proyecciones, dentro de la península ibérica, el escenario se complica entre Despeñaperros y el Estrecho.

Juanma Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía, reivindica para sí las políticas verdes; no son "de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común", como ha dicho en campaña. Sin embargo, el reto de la crisis ecológica exigirá, si se quieren evitar los peores efectos, un cambio de modelo poco compatible con los principios del conservadurismo político; y mucho menos con la reacción negacionista de Vox, el probable socio de Gobierno. Esto es lo que dicen los datos.

El Visor de Escenarios de Cambio Climático habilitado por el Ministerio para la Transición Ecológica plantea, en el medio plazo (2040-2070), un aumento generalizado de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones en toda España, en base al escenario RCP 4.5., fijado por el IPCC en su informe de 2014; uno de los más probables, en el que se incumple el Acuerdo de París y se llega al máximo de emisiones en 2040 para luego descender. No es el peor de los imaginados por los especialistas convocados por entonces, pero tiene más papeletas para convertirse en realidad. Algunos indicadores del modelo dibujan un peor pronóstico para Andalucía y, en concreto, para el valle del Guadalquivir, entre Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla, la conocida como la sartén de España.

En esta zona se esperan hasta 10 días menos de lluvia al año con respecto a la serie histórica, y entre 50 y 80 días al año con temperaturas mínimas por encima de 20 grados, por encima de la media actual de 30. La evapotranspiración, es decir, la cantidad de agua que pierde tanto la superficie como la vegetación de una zona por el calor, pasará a partir de 2040 de entre los 75/80 mm/día a más de 90 en el peor escenario. Entre Huelva, Sevilla y Cádiz, la media de temperaturas máximas podría alcanzar los 30 grados, frente a los 25 actuales (contando para el recuento las noches y los inviernos), unos registros que serán inalcanzables para el resto de la península, con picos por encima de los 45 grados en la depresión que hace el antiguo río Betis cerca de su desembocadura.

El pasado verano, Montoro (Córdoba), en medio de este triángulo del calor extremo, volvió a romper el récord de temperatura en España al registrar 47,2 grados. El cambio climático no solo amenaza con subir el mercurio, también con escenarios incompatibles con la vida. Junto a la falta de precipitaciones, con la cuenca del Guadalquivir en riesgo de sequía desde hace casi una década, revelan el principal desafío ambiental de Andalucía: el agua. Falta agua. Va a faltar más. El 21% de la superficie andaluza está en un riesgo alto de desertificación, según el borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación. No solo por el cambio climático, sino por la conversión de cultivos de secano en regadío sin control; una estrategia apoyada por la Junta. El modelo ha causado que la mitad sur peninsular concentra el mayor volumen de agua subterránea en mal estado, y más de la mitad de las cuencas andaluzas que vierten al Mediterráneo registran un mal estado químico.

Juanma Moreno, poco sospechoso de negacionista y con políticas medioambientales más ambiciosas que otros presidentes autonómicos de su partido, lo sabe. Y lo explica. Su compromiso para la próxima legislatura es el de encabezar "una revolución del agua como no se ha hecho en otra región europea". Sabe que la región escasea de recursos hídricos y que va a ir a peor en los próximos años, por los efectos inevitables del cambio climático, aunque reduzcamos radicalmente las emisiones. Sin embargo, su receta no pasa por moderar el consumo de los sectores más hidrointensivos, como el regadío, sino por distribuirla más entre cuencas supuestamente "excedentarias" y otras supuestamente "deficitarias"; y por sacarla de donde ahora mismo no la hay con una apuesta por la desalación.

Sin embargo, en el Parque Nacional de Doñana, un ecosistema único y herido de muerte, se pueden comprobar los límites y las contradicciones de la apuesta. El pasado 9 de febrero, PP, Cs y Vox aprobaron, con la abstención del PSOE, una amnistía de las hectáreas de regadío que se quedaron fuera del plan de ordenación del antiguo Ejecutivo socialista. El Gobierno de Susana Díaz estableció que esos terrenos, que llevaban años utilizando el agua de las marismas sin permiso, no tenían derecho a una regularización: y la proposición de ley que salió adelante abre la puerta a que se regularicen, aunque el permiso final para utilizar el recurso hídrico dependerá de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un órgano de Transición Ecológica.

Hay 1.600 hectáreas de regadíos sin permiso en el entorno de Doñana. PP, Cs y Vox quieren que una parte de ellos se regularicen. Organizaciones ecologistas y antiguos directores del parque opinan que el ecosistema necesita que desaparezcan, con una transición justa para los trabajadores.

Las preguntas de fondo son las siguientes: ¿hay agua suficiente en Doñana para el regadío actual? ¿Y para más? ¿La habrá en el futuro? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha establecido un decrecimiento del 6% de la superficie regada para 2030, el Gobierno central, la Comisión Europea y los ecologistas piensan que no. Los partidos de la derecha parlamentaria andaluza, las patronales agrarias y el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla piensan que sí. La apuesta, además de desaladoras, se basa en trasvasar el agua de las zonas de Andalucía en las que, supuestamente, sobre el recurso hacia las que lo necesiten para mantener viva la industria.

Sin embargo, hay dos obstáculos al plan. Uno, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir planea esos trasvases no para ampliar el regadío, sino para que el actual deje de beber de un acuífero sobreexplotado y que amenaza con desertificar una marisma única en Europa. Y, en segundo lugar, porque ninguna cuenca hidrográfica cercana a Doñana es excedentaria. La sequía hidrológica, a pesar de las intensas lluvias de la primavera en el sur, sigue manteniendo a la práctica totalidad de la zona que abarca al Guadalquivir y sus afluentes en situación de alerta: se teme que haya menos recursos de los que se necesitan. Pero las cuencas vecinas, de donde Moreno pretende extraer agua que sirva al imperio de la fresa, tampoco pueden tirar cohetes.

A día 7 de junio, los embalses de la gaditana cuenca de Guadalete-Barbate están al 34,71%. La media de los últimos 10 años en las mismas fechas es del 68,30%. La cuenca del Tinto, Odiel y Piedras disfruta de mejor salud, pero igualmente disfruta de menos agua que en el pasado reciente: 77% de agua embalsada frente al 84,72% de los últimos dos años. En general, Andalucía se enfrenta a un final de 2022 muy preocupante a nivel hídrico, salvo que el verano, que se prevé seco y más caluroso de lo habitual, traiga un improbabilísimo milagro en forma de precipitaciones.

La desalación, por su parte, encuentra sus límites al otro extremo de la comunidad, en Almería. El "milagro económico" de los invernaderos agotó los acuíferos y no recibe agua de trasvases, por lo que tiene que tirar de desaladoras. Como denuncian la patronal agraria y el Ayuntamiento de Níjar, el municipio con menos renta de España y epicentro de la explotación hortofrutícola, el agua desalada es más cara y reduce los márgenes de beneficio de los agricultores.

Más allá del agua: vía libre al desarrollismo

La situación de Doñana y la amnistía a los regantes ha sido, de lejos, la principal y más agria polémica del mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente de la comunidad autónoma andaluza. No la única. En febrero de 2021, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió a la Junta una rectificación por el decreto que abría la puerta a eximir a determinados proyectos de la evaluación ambiental: solo con la decisión del Consejo de Gobierno, si dicha evaluación "pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto". La también vicepresidenta del Gobierno fue contundente: "Así no".

Argumentó la Junta que la ley estatal de evaluación ambiental también recogía excepciones, pero están más detalladas: el Ejecutivo central puede hacer que un proyecto se libre del examen, pero se tienen que garantizar "formas alternativas de evaluación" y el permiso de la Comisión Europea. Para los ecologistas, no es casualidad: la Junta de Andalucía apuesta por el desarrollismo, la ideología que propugna el avance meramente económico como objetivo prioritario, por encima de la protección y preservación de los espacios naturales –algunos de ellos, únicos en el mundo–. No solo pasa en Doñana.

Ribera y Moreno están de acuerdo en el derrumbe del hotel Algarrobico, un mastodonte ilegal en primera línea de una de las pocas playas vírgenes que sobreviven en el entorno de Cabo de Gata. Pero en el mismo parque, en la zona de Los Genoveses, la Junta ha dado el visto bueno a un hotel. Las asociaciones ecologistas que llevan décadas luchando por mantener a Cabo de Gata libre del impacto humano, garantizando aguas cristalinas y una biodiversidad única, sienten que están a punto de perder la batalla.

El Gobierno de Moreno también ve con buenos ojos el golf en Maro (Málaga), que pone en peligro las explotaciones familiares de frutos tropicales; ha permitido reabrir la mina de Aznalcóllar tras el desastre de 1998; y, como polémica más reciente, ha esquivado la evaluación ambiental en un proyecto de carril ciclista, puro hormigón, en el parque gaditano de los Alcornocales.

Hay una tendencia. Pero también hay límites en la autopista infinita que imagina el desarrollismo: la insostenibilidad de la explotación del recurso es un límite físico, no una ensoñación ecológica. En Andalucía, con la complicidad en varios casos del Gobierno de la Junta que opta a la reelección, el calor aprieta, el agua se agota y los ecosistemas se mueren.

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