“Estamos de capa caída, hay que ser realistas”, se lamenta Eugenio Campanario, portavoz del movimiento Extremadura Vaciada. Hace siete años que esta plataforma se unió a las reivindicaciones de otros territorios para llevar a Madrid las deudas pendientes con las zonas más despobladas. La España Vaciada sonó bien alto, pero la revuelta ha ido perdiendo fuerza y poco se ha avanzado en sus peticiones. Campanario, que es cura en tres pueblos de la provincia de Badajoz (Ahillones, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre), pertenece al Movimiento Rural Cristiano y conoce de primera mano las necesidades de su entorno. Los problemas siguen ahí: despoblación, envejecimiento, emigración de los jóvenes por falta de oportunidades, déficit de infraestructuras o la lucha constante por mantener servicios básicos. No obstante, ahora hay otro elemento en la ecuación que, considera, ha venido a perjudicar a las zonas rurales: el impacto de las plantas fotovoltaicas.
Lo explica así para infoLibre: “Es una obviedad que hay que seguir el camino de las renovables, pero el modelo que la España Vaciada puso sobre la mesa es ir contra los macroproyectos, porque aniquilan las alternativas. No ha habido control y no se ha tenido en cuenta la sostenibilidad. Tampoco ha servido para fijar población porque la mano de obra que se crea es temporal”.
Con él coincide Cecilia Carrasco, secretaria de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) en Extremadura: “Lo que se ha hecho es alimentar los macroproyectos, no la autosuficiencia de los pueblos para que sean más sostenibles y paguen menos en la factura de la luz. Es lo que ocurre siempre en el medio rural, que es un campo de experimentación; y no se piensa en sus habitantes, sino en el beneficio de las empresas que hay detrás”.
Ella reconoce que en algunos casos estos parques solares se han colocado en terrenos con poca fertilidad o cuyos propietarios no querían hacerse ya cargo “y les ha venido bien vender y llevarse un dinero”. “Igual que a los ayuntamientos, que han tenido ingresos puntuales por determinadas parcelas. El problema está en que, una vez que terminan las obras de instalación, se acabó el empleo, no hay ninguna progresión”.
Carrasco también habla del impacto visual: “Vas desde Aliseda a Malpartida de Cáceres, que es una carretera preciosa, y estás rodeada de espejos”. “Lo que sí hemos conseguido”, prosigue, “es que en algunos parques solares entre el ganado a pastar”.
Las cifras
Los datos que recoge Red Eléctrica sirven de contexto: en 2015 había 562 megavatios (MW) de fotovoltaica instalados en Extremadura; en 2025 ya eran 8.512 MW. La potencia se ha multiplicado por 15 en una década, destacando en esta cifra las grandes plantas que se reparten por toda la comunidad autónoma.
En cuanto al peso del autoconsumo, apenas se llega al 2% del parque de renovables, la tasa más baja del país, según el informe elaborado por la consultora Opina 360 a través de Red Eléctrica. Habría que añadir, no obstante, que en ese porcentaje influye la poca industria que existe en la región extremeña.
El pasado mes de febrero, cuando todavía la Junta de Extremadura estaba en funciones, se publicó un decreto para determinar las zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica. En el decreto se buscar dar garantía jurídica a los promotores, pero también se especifica la protección de la dehesa y de los cultivos leñosos (olivar, vid, frutales), por ejemplo.
Este documento lo analiza Eugenio Romero, profesor de Formación Profesional y uno de los portavoces de la Asociación 25 de marzo: “Sacan de la catalogación a los núcleos de población, lo que nos parece un error, porque en los edificios públicos y privados y en las viviendas es donde se debería fomentar el uso de placas para el autoconsumo”.
Romero pone el foco, sobre todo, en el porcentaje de territorio que Extremadura destina a proyectos fotovoltaicos según este citado decreto: “La superficie catalogada como de alta o muy alta capacidad es el 20%, una quinta parte de la región, 840 mil hectáreas. Y si se añaden las zonas con capacidad media se llega al 39%. Por hacer una comparativa, en Madrid solo se permite hasta el 4%. Y a estos datos hay que sumarle que la comunidad extremeña exporta el 80% de la electricidad que genera. No podemos ser una colonia energética para los grandes puntos de consumo”.
En el debate sobre qué camino deben seguir las renovables, inevitablemente aparece la central de Almaraz. Su posible cierre ha generado una gran polémica en Extremadura. “La nuclear nos sobra porque los extremeños solo consumimos el equivalente a la mitad de lo que producen las energías alternativas. Y si Almaraz continúa, supondrá un freno para las renovables, que muchas veces tienen que tirar electricidad porque hay exceso, lo que también afecta a la rentabilidad de las grandes plantas”, subraya el portavoz de la Asociación 25 de marzo. No obstante, va más allá en su reflexión: “Hay una base clara: la transición energética es imprescindible, pero al mismo tiempo somos conscientes de que la sustitución total del petróleo, el gas y el carbón por energías renovables es muy complicada. La cuestión que se debe poner encima de la mesa es el nivel de consumo energético que llevamos, porque los recursos son finitos. Hasta para extraer minerales hace falta petróleo. Las cosas no se están haciendo bien y hay intereses que chocan. Y no hay que olvidar que muchos de los conflictos bélicos que tenemos son por las materias primas”.
Volviendo a la fotovoltaica y su repercusión en Extremadura, Romero tiene claro que estos macroproyectos son “una burbuja sostenida con fondos públicos”.
En cuanto al autoconsumo, asegura: “Cualquier país del norte de Europa, con menos sol que nosotros, tiene más superficie destinada a este fin y una factura de la luz más barata”.
¿Qué dicen los ecologistas? El pasado verano, por ejemplo, presentaron un recurso de alzada contra la fotovoltaica de Trujillo por su impacto ambiental. “Es un área de alta sensibilidad ambiental con especies amenazadas”, explica Julio César Pintos, de Ecologistas en Acción.
Pintos denuncia también el daño en la zona entre Calzadilla y Guijo de Coria, “una zona de exclusión ambiental donde está presente el cernícalo primilla y la avutarda”. Por ello, lamenta que la protección de aves quede en un segundo plano y que “el desarrollo tan rápido de grandes proyectos haya dificultado la vigilancia del respeto medioambiental”.
Asimismo, un informe de Ecologistas en Acción de marzo de 2025 recoge: “El despliegue de forma no planificada por parte de grandes empresas, en forma de instalaciones cada vez más grandes en la España Vaciada, ha originado un fuerte rechazo social. A ello se le suman efectos sobre el sistema eléctrico como la saturación de algunos nudos, el desplome de precios en las horas de mayor generación, o la necesidad cada vez más habitual de parar o limitar la generación renovable debido a que la generación se sitúa por encima del consumo”.
Aprovechar los tejados
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Quien se presenta como paradigma de apuesta por las energías limpias es Pablo Ramos, de Ecologistas Extremadura. Cuenta que en su vivienda tiene placas solares y que con ellas también recarga dos coches eléctricos. “Se están desaprovechando los tejados. Yo estoy desenganchado de la red, no viví el apagón en mi casa”, remarca.
Asimismo, bajo su punto de vista, el hecho de que ya no haya Consejería de Medio Ambiente o que las plazas de funcionario de evaluación ambiental sean limitadas influye en que, a veces, no se hayan establecido criterios precisos de protección, especialmente cuando se trata de las aves.
Ramos, al igual que el resto de voces de este reportaje, alerta del peligro de “la mentalidad colonialista” en cuanto a la energía y de las consecuencias que esta práctica tiene y tendrá en la Extremadura Vaciada.
“Estamos de capa caída, hay que ser realistas”, se lamenta Eugenio Campanario, portavoz del movimiento Extremadura Vaciada. Hace siete años que esta plataforma se unió a las reivindicaciones de otros territorios para llevar a Madrid las deudas pendientes con las zonas más despobladas. La España Vaciada sonó bien alto, pero la revuelta ha ido perdiendo fuerza y poco se ha avanzado en sus peticiones. Campanario, que es cura en tres pueblos de la provincia de Badajoz (Ahillones, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre), pertenece al Movimiento Rural Cristiano y conoce de primera mano las necesidades de su entorno. Los problemas siguen ahí: despoblación, envejecimiento, emigración de los jóvenes por falta de oportunidades, déficit de infraestructuras o la lucha constante por mantener servicios básicos. No obstante, ahora hay otro elemento en la ecuación que, considera, ha venido a perjudicar a las zonas rurales: el impacto de las plantas fotovoltaicas.