Los pactos firmados esta semana entre PP y Vox para gobernar conjuntamente Extremadura y Aragón abren la puerta a la desregulación de las normas que protegen el patrimonio natural de estas comunidades autónomas. Los dos acuerdos recogen numerosas medidas de implantación inmediata que priorizan el interés de la agroindustria, los centros de datos, los cazadores o las grandes eléctricas sobre el interés general.
El primer punto del acuerdo de Gobierno de Extremadura consiste en alargar la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una medida que no es de competencia regional, sino nacional. El pacto propone también eliminar por completo la ecotasa autonómica que paga la instalación, librando a Iberdrola, Endesa y Naturgy del pago de más de 80 millones de euros al año.
En 2025, el Gobierno extremeño del PP ya anunció, de hecho, la reducción progresiva del 50% en ese pago, pero ahora será finalmente retirado en su totalidad de aquí a 2029. Tanto en Aragón como en Extremadura, la coalición se compromete también a facilitar la construcción de líneas eléctricas, que a menudo chocan durante su desarrollo con las normativas de protección de espacios naturales.
Otro punto polémico del pacto extremeño, que también recoge el acuerdo aragonés, es la intención de desregular leyes rurales básicas de protección ambiental relacionadas con la caza, la pesca o los espacios naturales protegidos (como las ZEPA), bajo el pretexto de "flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario" y el "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", pese a que esta fue impulsada por el PP Europeo en 2020.
En Extremadura, esta desregulación se resume, por ejemplo, en su compromiso de aplicar siempre que sea "legalmente posible" el principio de la declaración responsable, que abre la puerta a la construcción o alteración del espacio sin justificar previamente su impacto en el medioambiente, presuponiendo que el ciudadano actuará siempre con la buena voluntad. En esta Comunidad, de hecho, Vox tendrá también a partir de ahora la Consejería de Desregulación.
Paco Iturbe, portavoz de Ecologistas en Acción de Aragón, opina que esta nueva coalición, en la que la extrema derecha gana peso, es el siguiente paso a lo que ya se había vivido hasta ahora. "Es sintomático que en Aragón Vox haya pedido la Consejería de Medioambiente, porque su intención siempre ha sido desmontar esta área. Lo preocupante es que el PP ha integrado estas ideas y ahora van un paso más allá", señala.
En la región del Ebro, los conservadores aspiran, por ejemplo, a redoblar su apuesta por los centros de datos, pese a los estudios que advierten del excesivo consumo de agua y luz en un momento en que las redes eléctricas tienen serios problemas para hacerse cargo de nuevas demandas y la sequía es una de las mayores amenazas de España en un futuro cercano. Sobre la política hídrica, los dos pactos de Gobierno son una apuesta total por el incremento del regadío cuando los expertos advierten que España va camino de una reducción drástica de las precipitaciones.
Una promesa muerta, el regadío en Tierra de Barros
Un caso paradigmático de las ambiciones de PP y Vox en el regadío, una promesa habitual para ganar el voto rural, se da en Extremadura, donde aseguran que llevarán por fin el riego a la Tierra de Barros (Badajoz), "tras más de una década de estafas del PSOE a los regantes", se lee en el acuerdo.
Joan Corominas, presidente de la Asociación Nueva Cultura del Agua y experto en regadío, ha estudiado a fondo este proyecto, que lleva más de 20 años en un cajón, y opina que ese compromiso se va a incumplir, y tanto PP como Vox lo saben.
"La realidad es que ni PP ni PSOE han podido sacar adelante este regadío, y todos hablan de Barros con la boca pequeña porque saben que no tiene futuro", opina el ingeniero agrónomo. Principalmente, el proyecto nace muerto porque el 75% del agua que supuestamente alimentaría ese regadío parte del embalse de Alangue, "que en los últimos años no ha pasado del 20% de capacidad", afirma.
En todo caso, Corminas añade que, incluso si hubiese agua, la infraestructura no ayudaría a la agricultura familiar, sino a las grandes empresas agrícolas, que son las que más acceso tienen al agua y mejor optimizan su uso. "En Andalucía, el 80% de los agricultores tienen el 20% del agua de riego, y el 20% tiene el 80%. Las grandes fincas son las que ganan en estos casos", comenta.
Puerta abierta a la ganadería intensiva
En Aragón, el problema que describe el experto se repite con otra de las propuestas del nuevo Gobierno. Aunque no detalla cómo, PP y Vox se comprometen a revisar de nuevo la Ley de Agricultura Familiar, una normativa que ya fue reescrita en 2023 por el PP precisamente para deshacer la protección del pequeño ganadero en beneficio de la industria intensiva del cerdo. Entonces se eliminó, entre otros, un artículo que limitaba las explotaciones a un máximo de 720 unidades de ganado mayor, facilitando la ampliación y el impacto ambiental de las granjas.
"El pasado Gobierno de PP y Vox derogó la anterior ley de agricultura familiar, y eso que ya se quedaba corta a la hora de proteger al pequeño ganadero. Ahora, con la entrada de Vox, todo esto no solo se va a acelerar, sino que lo van a convertir en su bandera", valora Iturbe, de Ecologistas.
El activista recuerda también que la expansión ganadera en Aragón ya ha dejado a decenas de pueblos sin agua potable porque sus acuíferos están contaminados por purines. Según un informe reciente de Greenpeace sobre contaminación de agua potable, entre el abuso de fertilizantes en la agricultura y los excrementos de los animales de granja, en 2024 hubo más de 3.000 municipios en España que superaron concentraciones de nitratos en agua por encima de lo recomendado por la ciencia. Docenas de ellos estaban en Aragón, como Azuara (Zaragoza), Ariño (Teruel) o Chimillas (Huesca), donde los niveles de nitratos superaron en algún momento del año los 50 mg/l, el límite legal.
Un historial convulso de Vox en estas consejerías
En Aragón, Vox ya tuvo durante un breve periodo un consejero de Agricultura, Ángel Samper, entre 2024 y 2025, cuando fue cesado contra su voluntad tras la ruptura nacional de PP y Vox por su desacuerdo sobre la acogida de menores migrantes. Donde más poder llegó a acumular en este sector fue en Castilla y León, donde estuvo al mando de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024, y a la que también renunció por las desavenencias entre las cúpulas de los dos partidos.
En Extremadura, Vox mantuvo además, de manera breve, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde fue responsable de algunas áreas agrícolas, como caza o incendios, y por donde el partido ultra pasó de manera atropellada entre 2023 y 2024. La primera consejera de Vox en esa cartera, Camino Limia, no llegó a los tres meses en el cargo, mientras que su sucesor, Ignacio Higuero, rompió con el partido nueve meses después de ascender, en julio de 2024, y un año después dimitió por mentir en su currículum.
Estas experiencias, además de ser políticamente accidentadas, dejaron episodios traumáticos para algunos profesionales del sector primario, como la crisis de la tuberculosis bovina de 2023 en Castilla y León. El consejero agrario Gerardo Dueñas contradijo el histórico consenso del mundo ganadero y prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, medida que además era ilegal y ponía en peligro a las vacas sanas de otras regiones. Cuando la promesa fracasó, la intentona se tradujo en disturbios, un detenido, y abrió una brecha política en el sector primario.
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A nivel administrativo, tampoco parece que haya habido un cambio notable en la vida de los agricultores en las comunidades gobernadas por los conservadores. En la actual crisis derivada de la guerra de Irán, el principal apoyo al sector ha llegado del descuento del Gobierno central sobre el gasóleo B (el agrícola) y de una ayuda del Ministerio de Agricultura de casi 900 millones de euros a la compra de fertilizantes.
País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana han activado además ayudas extra de 1.000 millones de euros (la primera) y 400 millones (las otras dos), mientras que Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, cuatro bastiones de la derecha con un fuerte peso agrario, todavía no han activado ayudas complementarias.
Un análisis de infoLibre publicado en febrero sobre las ayudas autonómicas al campo para apoyar la contratación de seguros agrarios también mostró que comunidades en las que Vox ha participado en el Gobierno autonómico tampoco han tenido una especial atención sobre sus profesionales. Castilla y León, Extremadura y Aragón se encuentran en la mitad inferior de la tabla que compara la participación autonómica sobre el total subvencionado en todas las regiones españolas.
Los pactos firmados esta semana entre PP y Vox para gobernar conjuntamente Extremadura y Aragón abren la puerta a la desregulación de las normas que protegen el patrimonio natural de estas comunidades autónomas. Los dos acuerdos recogen numerosas medidas de implantación inmediata que priorizan el interés de la agroindustria, los centros de datos, los cazadores o las grandes eléctricas sobre el interés general.