La ONU pide suspender el desahucio de Maricarmen, pero el mandato no asegura que pueda mantener su casa

Su cara aparece en miles de carteles naranjas con el logo del Sindicato de Inquilinas y la imagen de Maricarmen apoyada en su andador durante las concentraciones para evitar su desahucio, la han convertido en un símbolo de la actual crisis de vivienda que ha dado la vuelta al país. Su caso tiene todos los ingredientes: es pensionista, no puede afrontar el precio del alquiler que le pide el grupo de inversión que ha comprado su casa, lleva siete décadas en la misma vivienda y, con 87 años, le obligan a buscarse otro sitio en el que vivir en un mercado de vivienda cuyos precios siguen desbocados. La otra alternativa es una residencia. Ha agotado las vías legales porque “el sistema permite que ocurran estas cosas”, señaló su abogada a infoLibre. Sin embargo, este lunes el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, al que habían acudido como último recurso, le da la razón. Es un paso adelante, aunque sin garantías explícitas de que se pueda solucionar su situación, ya que los mandatos de este comité de la ONU en este sentido están muy abiertos a la interpretación.

“Han notificado al juzgado que la ONU solicita la suspensión del desahucio para evitar un daño irreparable mientras se tramita el procedimiento”, explica la letrada que lleva el caso, Beatriz Duro. La respuesta del organismo internacional les llegó este lunes, 15 días antes de la fecha para la que está programado el tercer intento para desalojar a Maricarmen. 

La pregunta inmediata es si este mandato servirá de algo o solo prolongará aún más un proceso que ha ido agotando las fuerzas de Maricarmen. La abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Alejandra Jacinto explica que las resoluciones que emite este organismo de la ONU en lo relativo a la vivienda dependen bastante de la interpretación que haga cada juzgado.

Al acudir al Comité DESC, lo que ha obtenido la defensa son unas medidas cautelares, en base a un mandato de la ONU que señala que los Estados deben garantizar el acceso a una vivienda adecuada. Estas medidas piden al Gobierno y a todas las administraciones públicas implicadas que aporten soluciones y dan un plazo de seis meses para que se informe sobre el plan a seguir. “Para evitar el daño irreparable que supone un desahucio, se suelen dictar unas medidas provisionales, que son como medidas cautelares. Esto se hace para que, bien se suspenda el desahucio, o bien se dicten planes alternativos”, explica Jacinto, que ha llevado otros casos como este.  

Pese a que se trata de un organismo internacional, no hay garantías de que se pare el proceso. “Si nos atenemos al cumplimiento de los derechos humanos, es una resolución que debería respetarse porque el Estado español suscribe los tratados internacionales de la organización”, explica Jacinto. Pero la realidad no es tan contundente. “Hay debate al respecto y hay casos en los que los juzgados entienden que no aplica y otros que sí lo aplican. Debería tomarse siempre en cuenta, pero no siempre pasa”, lamenta. "Lo que está fuera de toda duda y defiende también la Abogacía del Estado es que hay que tomar en consideración el dictamen, así que, tanto si suspenden el desahucio como si no, tienen que razonar su decisión y explicar cómo han llegado a esa conclusión", afirma la abogada.

El caso de Maricarmen y los plazos para "desmovilizar" la protesta social

El problema de Maricarmen comenzó hace ocho años. En ese momento, la familia propietaria del edificio lo vendió a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España. Le ofrecieron que se quedara con el piso, ya que la ley marca un derecho de adquisición preferente para el arrendatario, pero el precio era demasiado alto para una pensión de 1.450 euros. Aquí entró en juego Urbagestión, que compró su casa en 2020, no reconoció el alquiler de renta antigua que ella pagaba, lo anuló en los tribunales y, tras pedirle un alquiler de más de 1.600 euros que no podía pagar, comenzó el proceso de desahucio porque ella siguió abonando el alquiler que pagaba antes de que la especulación inmobiliaria pusiera los ojos en su casa, los 440 euros que estipulaba la renta antigua. 

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El primer intento de desalojo fue en octubre de 2025 y la movilización social consiguió posponerlo. El segundo estaba programado para el pasado 3 de junio, pero de nuevo, la presión popular y una concentración que el día antes reunió a cientos de personas y a varios artistas frente a su casa hicieron que el juzgado retrasase 20 días el lanzamiento. “Vivir dos desahucios en 20 días es una tortura psicológica que ninguna persona debería pasar”, explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Este aplazamiento es un burdo intento de desmovilizar a las vecinas y vecinos ante la avalancha de apoyos que está recibiendo Maricarmen”, concluían en una nota de prensa. 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que lleva el caso de Maricarmen, se habían organizado una serie de eventos, tanto el día del desahucio como en jornadas previas, para tratar de evitarlo. Unas horas antes de que el primero se realizase, el juzgado que lleva el caso anunció que posponía 20 días el lanzamiento. Para el sindicato, se trata de una estrategia destinada a "desmovilizar" y esperar a que la presión y el descontento vecinal se rebajen.

La vivienda está situada en el distrito madrileño de Retiro y Maricarmen entró en ella hace 71 años, cuando su padre era titular del contrato. El precio de este barrio es uno de los más altos de España. De acuerdo con el portal estadístico del Notariado, el precio del metro cuadrado en la compra supera los 9.000 euros y los alquileres rondan los 24 euros por metro cuadrado. En términos generales, un estudio reciente de la tasadora Tinsa señala que desde 2015 el precio de la vivienda nueva y usada en España ha aumentado un 75,4%, un ritmo imposible de seguir tanto para los salarios como para pensiones como la de Maricarmen.