Hace más de un año que el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Castilla-La Mancha se sentaron a elaborar un plan para rehabilitar el humedal de las Tablas de Daimiel, que lleva tres décadas sobreviviendo con respiración asistida. Pero según explican diferentes expertos, las dos administraciones no se ponen de acuerdo y el plan sigue dentro de un cajón. La situación es paradójica teniendo en cuenta que las dos están gobernadas por el PSOE y que ese mismo ministerio ya ha cerrado proyectos similares en Doñana y en el Mar Menor con el Partido Popular.
Esta primavera, las Tablas de Daimiel lucen mejor de lo habitual porque las abundantes lluvias de marzo han llevado agua a los humedales, pero hasta ese momento el parque estaba prácticamente muerto. En diciembre había 25 hectáreas inundadas, de un total de 1.700 encharcadles, el 1,5%. La situación es tan grave que dos de los expertos consultados proponen que se retire el estatus de Parque Nacional, el exclusivo sello que ahora tienen 16 enclaves en toda España.
A finales de los años 70, la agricultura intensiva en regadío y los pozos ilegales hundieron las reservas subterráneas de agua que hay bajo el conocido como acuífero 23 y dejó de brotar agua de los Ojos del Guadiana —solo revivieron temporalmente en 2012—. Además del Guadiana, las Tablas de Daimiel se alimentan del río Gigüela, que también está seco la mayor parte del tiempo. Para que el humedal no se muera, una tubería que parte de la cabecera del Tajo vierte agua regularmente, una decisión que se tomó después de que en 2009 se incendiase el parque por la sequía que sufría la turbera.
Octavio Infante, experto en espacios protegidos de la ONG Seo Birdlife, subraya que ese parche artificial no es una solución seria ni permanente, y que hace falta acabar con el regadío masivo ya. "Antes de proponer ninguna otra medida hay que cerrar el grifo del regadío intensivo y que la Confederación Hidrográfica se coordine con la Fiscalía para perseguir el riego ilegal. Probablemente con estas dos medidas el parque se recupere por sí solo", añade Infante.
Una situación similar es la que hay alrededor del Parque Nacional de Doñana, rodeado de fincas de fresas ilegales o de regadío superintensivo. Alrededor del Mar Menor, otra laguna altamente protegida, también hay un problema de agricultura y ganadería intensiva que contamina la laguna. En ambos lugares, el Ministerio de Transición Ecológica logró cerrar dos importantes acuerdos pese a la fuerte crispación política entre PSOE y PP, pero en las Tablas de Daimiel las conversaciones están en punto muerto.
"La negociación está completamente estancada, da la sensación de que no se ponen de acuerdo", afirma Alberto Celis, doctor en Territorio y Medioambiente por la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la Asociación Ojos del Guadiana Vivos. "Tenemos la sensación de que el ministerio quiere reordenar los usos de las aguas del subsuelo y eso no le gusta a la Junta. A lo que aspira la comunidad es a que las tablas sean un pantano que viva con las aguas trasvasadas del Tajo, pero eso es un maquillaje que, además, nos haría incumplir los compromisos con la Directiva Marco del Agua", añade.
Francisca Baraza, la delegada de Transición Ecológica en el Mar Menor, las Tablas de Daimiel y Doñana, dijo hace dos semanas en el diario El País que todavía están en plena negociación. "Estamos elaborando un plan de rescate conjuntamente con la Junta de Castilla-La Mancha. Estamos aún en la fase de diseño". También reconoció que el problema de esa zona es "la sobreexplotación del acuífero" por parte del sector primario.
Por su parte, fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha afirman a infoLibre que tienen "voluntad de llegar a acuerdos con el Gobierno central", pero "teniendo en cuenta que estos acuerdos no serán a cualquier precio". Destacan que su objetivo es "lograr soluciones de futuro para alcanzar el mejor estado ambiental de las Tablas de Daimiel y, al mismo tiempo, el desarrollo de una actividad agraria y social". Sobre el calendario, el Gobierno regional lanza la pelota al tejado de Madrid: "Hemos hablado con todos los agentes implicados y hemos trasladado al ministerio nuestras propuestas. Estamos a la espera de saber su valoración".
80.000 pozos legales
Según un informe de Greenpeace de 2022, basado en datos de la CH del Guadiana, hay más de 80.000 captaciones legales de aguas subterráneas en toda la cuenca de ese río. Los derechos de extracción superan en un 200% los recursos subterráneos de la cuenca, y alrededor de las Tablas se alcanza incluso el 300 y el 400%, por lo que cada año simplemente hay menos agua bajo tierra. El Plan Especial del Alto Guadiana, de 2008, estimaba que había 7.000 pozos ilegales en la zona.
Ana González Besteiro, doctora en Geografía por la Universidad de Lyon, publicó en 2021 una investigación sobre la relación entre la política, los agricultores, los expertos ambientales y los vecinos en los humedales del Alto Guadiana para entender por qué este conflicto lleva enquistado más de tres décadas. El problema ambiental está claramente identificado y en otros lugares se ha resuelto, por no mencionar los millones de euros en programas e investigaciones que se han destinado en estos años.
"Yo creo que nunca se ha querido resolver el problema porque entonces se acaba con la gallina de los huevos de oro. La Junta ama a los agricultores porque son sus votantes, y estos saben perfectamente que mientras haya trasvase del Tajo, habrá agua para ellos. Pero el problema va más allá de la agricultura. Los expertos ambientales a los que entrevisté también tienen su responsabilidad, porque si esto se resuelve dejaría de llegar mucho dinero", explica González, que también es bióloga y experta en humedales.
Hace más de un año que el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Castilla-La Mancha se sentaron a elaborar un plan para rehabilitar el humedal de las Tablas de Daimiel, que lleva tres décadas sobreviviendo con respiración asistida. Pero según explican diferentes expertos, las dos administraciones no se ponen de acuerdo y el plan sigue dentro de un cajón. La situación es paradójica teniendo en cuenta que las dos están gobernadas por el PSOE y que ese mismo ministerio ya ha cerrado proyectos similares en Doñana y en el Mar Menor con el Partido Popular.