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Transporte público, Airbnb y polución: la ciudad neoliberal y social se enfrentan el 28M

Unas chicas hacen un picnic aprovechando las altas temperaturas, en el Parque del Retiro, a 11 de marzo de 2023

Carlos no aparta la vista de la carretera mientras conduce su taxi en dirección al aeropuerto de Bilbao. No necesita GPS, sabe qué calles están cortadas y qué semáforos son insufribles. Al fin y al cabo, lleva toda su vida viviendo en Barakaldo (Bizkaia). Está orgulloso de su ciudad: buen clima, montaña, la playa a media hora... pero sobre todo porque le ofrece una vida agradable donde criar a sus hijos. En 2010 el pleno del Ayuntamiento aprobó que los taxistas solo pueden trabajar 10 horas al día, y no se permite ceder el coche para que otro conductor aproveche el resto de la jornada. "Y luego vas a otras ciudades y ves cómo hacen turnos de 12 horas o contratan a conductores y el dueño de la licencia se queda en casa, lo han convertido en una inversión", explica. Pone de ejemplo a la ciudad de Madrid, donde los taxistas pueden trabajar hasta 16 horas al día, y están pendientes de que la Comunidad ratifique la llamada liberalización total del sector, que permitirá trabajar las 24 horas. 

Ángela Matesanz es profesora de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid, ha estudiado la ordenación de toda clase de ciudades, grandes y pequeñas, de gobiernos de izquierdas y derechas, y afirma que la capacidad de los ayuntamientos para influir en el día a día de la gente es mayor de lo que parece, aunque sus competencias sean limitadas. "Claramente hay ciudades que llevan años apostando por modelos sostenibles: controlan su crecimiento y dan peso al medioambiente y a la proximidad. La alternativa es una apuesta neoliberal, o directamente la ausencia de modelo, donde el mercado organiza la ciudad y su economía se basa en el turismo", opina.

La ciudad de Madrid es un ejemplo de manual, según Matesanz, de una urbe que desde hace más de dos décadas trata de expandirse a costa de los vecinos que llevan toda su vida en la ciudad, y donde la ambición por atraer turismo y negocios pone en un segundo plano los servicios públicos. "El plan urbanístico de 1997 sigue sin modificarse y se basa en el desarrollismo que no busca la reversión de las desigualdades sociales", añade la experta. La fiebre de los PAU en el extrarradio de principios de siglo se deshinchó con la crisis de 2008, argumenta, pero el espíritu de la construcción como negocio perdura hoy. Pone de ejemplo proyectos del interior de la ciudad como Madrid Nuevo Norte, el espacio Canalejas o el proyecto de la Ermita del Santo, en el barrio de Latina, donde un promotor quiere tirar el centro comercial del barrio para construir 600 viviendas de lujo.

El escritor y periodista Jorge Dioni dedica su último libro El malestar en las ciudades, publicado este mes, a estudiar cómo la estructura de las ciudades y la forma en que se priorizan sus servicios son también maneras de hacer política y de moldear la ideología de sus habitantes. Promover la sanidad pública o privada, dar más espacio al peatón o al coche o promover el consumo local o los centros comerciales, son formas sutiles de construir el imaginario colectivo, según el escritor, y su importancia no es menor teniendo en cuenta que el 80% de la población española vive en zonas urbanas.

En la ciudad neoliberal, argumenta el autor, los alcaldes y concejales buscan atraer inversión a cualquier precio, y la mejor manera es cediendo la organización de la ciudad a los empresarios, que deciden dónde se construye y qué negocios prosperan, y los vecinos que no puedan permitirse ese ritmo de vida, quedan expulsados de la urbe. "Se puede atraer mediante polígonos industriales o polos tecnológicos, pero lo más sencillo es usar las herramientas administrativas", se lee en el libro. "Por ejemplo, la venta de viviendas a fondos de inversión, el uso de fondos públicos para rehabilitar edificios destinados al turismo o creando festivales", añade.

Por supuesto, también hay ciudades que son ejemplo de buenas prácticas. Vitoria es el ejemplo más habitual, pero Dioni destaca Pamplona, ya que equilibra su fama internacional –atrae a más de 400.000 turistas en San Fermín– con servicios de calidad y una vida tranquila. José Vicente Valdenebro es arquitecto de la Universidad Pública de Navarra y trabajó en el Ayuntamiento de Pamplona entre 2011 y 2015, por lo que conoce de primera mano la modernización de esta ciudad industrial. "La clave es que está muy equilibrada, todos los barrios tienen los mismos servicios y las grandes cadenas no han elegido el centro histórico, por lo que sigue conservando los negocios tradicionales y la hostelería", afirma.

Como el centro urbano está muy por encima del resto de la ciudad, instalaron 11 ascensores en la ciudad para salvar el desnivel y escaleras mecánicas para que la gente mayor pueda acercarse a las tiendas. La ciudad está dividida por el río Arga, pero en lugar de encararlo como un problema, levantaron un parque fluvial que atraviesa Pamplona y construyeron multitud de pasarelas para conectar los barrios separados por el agua. "Estas actuaciones convirtieron lo que era una barrera en un punto de unión, lo mismo que los ascensores, que animan a la gente a moverse andando y no usar el coche", dice Valdenebro.

Uno de los temas candentes durante la campaña de las municipales y autonómicas ha sido la política de vivienda, donde las comunidades tienen cedida la competencia completa para elaborar planes a gran escala y los ayuntamientos se ocupan de promover la vivienda social. Atxu Amann, también urbanista de la UPM, ha estudiado cómo se aborda esta política en España y comparte con Jorge Dioni la opinión de que la arquitectura es política. "En los 90 España abrazó la liberalización del mercado y eso nos ha llevado a precios imposibles que impiden a los jóvenes independizarse. Ahora se suman los Airbnb que también expulsan a la gente mayor del centro. La vivienda está totalmente ligada a la ideología", opina la arquitecta.  

En su área, Madrid vuelve a salir como ejemplo de ciudad que da vía libre a la especulación inmobiliaria, sin límite al establecimiento de pisos turísticos y con un Gobierno local y autonómico que insisten en que dar libertad al sector privado es la mejor manera de frenar el encarecimiento de la vivienda. De hecho, la capital es de lejos la ciudad con mayor número de apartamentos turísticos de España, 13.502 según el Instituto Nacional de Estadística, el doble que Barcelona, la ciudad que ocupa el segundo puesto, aunque esta ciudad sí cuenta con un número máximo de licencias de pisos dedicados al turismo para frenar la especulación. 

La regulación de los Airbnb son solo una parte del abanico de la vivienda. Amann destaca el programa de vivienda del País Vasco, donde se inventaron un plan de obra pública de pisos más pequeños de lo que permite la ley de vivienda, llamado alojamiento dotaciones, para acoger temporalmente a menores de 35 años, jubilados, familias monoparentales o en riesgo de exclusión social. También los hay en Barcelona y la gente vive en ellos durante cinco años pagando alquileres de 100 y 200 euros al mes, relata la investigadora, que insiste en que soluciones hay para quien quiere implementarlas. "No se trata de una utopía. Como arquitecta lo único que me interesa es lo que cuesta el metro cuadrado al construir y lo que le cuesta al inquilino. Ni siquiera necesitamos gastar más dinero porque en España ya se invierte mucho en vivienda pública, pero pensando en que el inquilino termine siendo propietario, no en el alquiler", remata.

Ángela Matesanz reconoce que transformar una ciudad en una legislatura de cuatro años es imposible, pero reconoce que ciudades como Barcelona se esfuerzan por revertir décadas de política basada en la especulación y el turismo. "Para lograr una ciudad global se necesita equilibrar a la población a través de políticas que tengan presente el medioambiente, los espacios verdes, el transporte sostenible, la sanidad pública y la educación de calidad. Aproximar los servicios a la gente, básicamente".

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