RTVE

La Justicia obliga a TVE a rectificar una información falsa sobre Rivas en el Telediario

Una emisión del Telediario.

Televisión Española deberá rectificar una información falsa emitida en el Telediario (TD1) del 13 de marzo, y en la que se involucraba a ediles del Ayuntamiento de Rivas en una operación anticorrupción desarrollada por la Audiencia Nacional y vinculada en realidad a la supuesta trama de la Federación Española de Fútbol presidida por Ángel María Villar.

La noticia, según el ayuntamiento de esa población, "fue emitida por TVE, en directo y en horario de máxima audiencia, daba cuenta de unos registros que nunca existieron y hacía referencia a unos supuestos "contratos irregulares que implican a concejales de Podemos e IU". La información fue publicada sin contrastar, sin citar fuentes y sin ofrecer la versión del Ayuntamiento de Rivas".

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, solicitó al director de Televisión Española, Eladio Jareño, la rectificación por burofax, el pasado 16 de marzo, sin que fuera atendida su demanda, como sí hicieron diversos medios escritos. Ahora, la titular del Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº7 de Arganda del Rey ha estimado la demanda presentada por el Ayuntamiento de Rivas contra el director de Televisión Española, Eladio Jareño Ruiz, tras su negativa a la "rectificación de hechos inexactos y perjudiciales" y condena al demandado "a emitir íntegramente la rectificación contenida en el burofax remitido por el demandante el día 19 de marzo de 2018, con relevancia semejante a aquella en que se procedió a divulgar la información inexacta. Se condena a la parte demandada al pago de las costas procesales".

El fallo señala "la falta de cumplimiento por parte del demandado de su obligación de publicar la rectificación requerida por el demandante", en un burofax remitido por el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y niega que la emisión, en la segunda edición del Telediario, de una noticia ya contrastada pueda ser considerada una rectificación.

Así se dió la noticia

Entradilla: (Leída por la presentadora, Pilar G. Muñiz) Agentes de la Guardia Civil se han personado esta mañana en el Ayuntamiento de Rivas en Madrid dentro de un operativo contra la corrupción que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Se han presentado para requerir documentación sobre un contrato municipal. Rosa Ortiz, ¿continúan los registros?

Titular: Anticorrupción investiga contratos irregulares que implican a concejales de Podemos e IU

Texto: (Texto leído por la redactora Rosa Ortiz) Pues no, a esta hora no continúan los registros que se han llevado a cabo esta mañana cuando agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se presentaban en este ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. El operativo que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo que busca es recabar información sobre supuestas irregularidades en ciertos contratos municipales por parte del actual equipo de Gobierno, un equipo de gobierno en coalición de las formaciones Izquierda Unida y Podemos. Toda esta investigación de la que todavía no han trascendido en concreto de qué se trata parte de una documentación aportada por los propios trabajadores del consistorio donde se apreciarían esas supuestas irregularidades.

Este es el texto que deberá ser leído en el TD1 tras el fallo judicial.

"El pasado 13 de marzo este Telediario emitió una información falsa que ahora rectificamos. Esa información vinculaba a concejales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con una investigación desarrollada por la Audiencia Nacional. Una noticia que no era cierta y que en ningún momento citaba fuentes. La investigación realmente estaba vinculada a casos de corrupción en la Federación Española de Fútbol y nunca a las actividades del Gobierno local. En ningún momento tuvo lugar un registro en el ayuntamiento, como se afirmó en este telediario, y tampoco se trataba de contratos irregulares. En la información emitida tampoco se contó con la versión del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid".

En un comunicado público de ese municipio, el concejal de Presidencia y portavoz del Gobierno municipal, Curro García Corrales, señala que "la sentencia deja claro que TVE cometió una tremenda irresponsabilidad", no solo por el tratamiento de la información "sesgado, manipulado y sin contrastar" sino también "por impedir que el propio ayuntamiento pudiese rectificar la información divulgada inicialmente". Además, señala Corrales, "lamentamos el efecto de esta noticia en la imagen de la ciudad, manchada injustamente por este tratamiento informativo, pero también que la televisión pública tenga que verse, por la negligencia de sus gestores actuales, sometida a estos pleitos".

"Vulneraciones deontológicas"

Por su parte, el Consejo de Informativos inició una investigación, tras la denuncia inicial, por si se hubieran contravenido normas y principios del Estatuto, y ha completado un informe en el que se constata que "no se pueden acumular más vulneraciones deontológicas en una sola noticia", según fuentes de ese órgano de representación de la redacción.

  En el informe del Consejo de Informativos [puede consultarlo aquí en PDF] sobre la cuestión se detallan los pasos dados para comprobar cada uno de los extremos y se concluye: "Nos encontramos en este caso ante un cúmulo de incumplimientos de las normas deontológicas que obligan a todos los profesionales de la información audiovisual de RTVE, incluidos, tal y como especifica el Estatuto de Información, 'los directivos y responsables editoriales de las diferentes sociedades de la corporación”.

En la cobertura de esta información se han vulnerado las siguientes normas deontológicas de dicho Estatuto:

Artículo 9.1. “Observarán siempre una clara distinción entre los hechos y las opiniones, evitando toda confusión entre ambas cosas, así como la difusión de conjeturas y rumores sin especificar claramente su condición de tales”.

Artículo 9.2. “Difundirán únicamente informaciones fundamentadas. Las informaciones deberán ser contrastadas con un número suficiente de fuentes. Evitarán afirmaciones o datos imprecisos y sin base suficiente que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas, el derecho a su propia imagen, o provocar daño o descrédito injustificado a instituciones públicas y privadas, así como la utilización de expresiones o calificativos injuriosos”.

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