La ciudadanía española quiere más regulación digital y está dispuesta a pagar el precio que supuestamente eso implica para lograr algunas libertades. La primera encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, presentada este miércoles en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona y que ha comenzado este miércoles en la capital catalana, arroja un retrato coherente y algo incómodo: la población exige protección, pero el instrumento que prefiere para lograrlo —la identificación obligatoria en internet— afecta directamente al anonimato en línea.
El estudio, impulsado por el Observatorio de Derechos Digitales y elaborado a partir de una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos a la que se ha sumado un componente cualitativo, recoge respuestas obtenidas entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostase públicamente por restringir el acceso de los menores a las redes sociales, contribuyendo así a impulsar un movimiento que ya alcanza a diez países europeos, incluidos Francia, Polonia o Dinamarca. Es, según sus promotores, el primer análisis sistemático del conocimiento y las actitudes de la población española frente a los derechos en el entorno digital.
El 69% considera insuficiente la protección actual
La cifra que estructura toda la encuesta es esta: el 69% de los encuestados considera que los derechos digitales están insuficientemente protegidos. No es una valoración abstracta. Cuando se desglosa por nivel de estudios, la sensación de vulnerabilidad en internet afecta al 69% de quienes tienen únicamente educación obligatoria, frente al 35% de quienes tienen educación superior. La brecha educativa no solo separa a quienes saben usar la tecnología de quienes no: también separa a quienes se sienten expuestos de quienes no.
Los principales riesgos identificados son la privacidad y el control de datos personales, citados por el 48% de los encuestados, y las estafas y robos, con idéntico porcentaje. A mayor distancia aparecen la suplantación de identidad (30%), el acceso a información falsa (25%) y el acoso, hostigamiento e insultos (19%). Este último dato tiene una lectura generacional relevante: el 33% de los jóvenes entre 18 y 29 años afirma haber sido víctima de acoso en internet, una cifra que convierte el problema en algo bastante más extendido que una anécdota.
Qué derechos quiere la ciudadanía que proteja la ley
Ante la pregunta de qué ámbitos deben tener cobertura legal, los encuestados muestran un consenso amplio y consistente. La privacidad y protección de datos lidera con un 96% de respaldo. La protección frente al acoso, los mensajes de odio y la difamación en plataformas digitales alcanza el 94%. El derecho al olvido digital —el borrado de información personal disponible en internet— es reivindicado por el 89%, y el acceso asequible a internet por el 81%.
Más allá de los derechos fundamentales, la encuesta también recoge posiciones sobre el funcionamiento técnico de las plataformas. El 76% considera que la libertad de expresión digital debe estar protegida por ley; el 73% pide algoritmos no discriminatorios; y el 72% reclama el derecho a que un humano revise las decisiones tomadas de forma automatizada. Este último punto tiene implicaciones directas para el debate europeo sobre inteligencia artificial, en un momento en que el Reglamento de IA de la UE está en fase de aplicación progresiva.
Sobre quién debe garantizar esos derechos, la ciudadanía señala en primer lugar a las administraciones públicas (45%) y en segundo lugar a las empresas tecnológicas (39%). La atribución de responsabilidad al sector privado es notable, aunque los propios encuestados tienen sobre él una opinión ambivalente: el 88% cree que las tecnológicas acumulan demasiado poder económico y el 85% considera que concentran demasiada información personal, pero el 64% les atribuye una actividad beneficiosa.
El dilema del anonimato
Un dato especialmente relevante de la encuesta afecta a una de las señas de identidad de la red. Ante la pregunta de cómo debe organizarse la participación en el espacio digital, el 71% se decanta por la identificación obligatoria en redes sociales y foros. Solo el 24% defiende la participación anónima.
La cifra es muy abultada. El anonimato en internet siempre se ha considerado algo más que una cuestión de comodidad, en parte con el argumento de que en algunos casos es el mecanismo que permite a periodistas, activistas, víctimas de violencia o disidentes políticos actuar sin exponerse a represalias. Pero también es el escudo de invisibilidad que muchos utilizan para insultar, acosar, difundir bulos o incluso cometer delitos.
Que casi tres cuartas partes de la población española prefieran un modelo de identidad obligatoria revela hasta qué punto el discurso sobre la seguridad en red y la necesidad de poner freno a la impunidad que acompaña el anonimato ha desplazado al que defiende la libertad digital absoluta como extensión maximalista de los derechos civiles.
La infancia digital como cuestión de consenso
Si hay un tema donde la encuesta no deja margen de duda es en la protección de los menores. El 95% considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital. El respaldo a medidas concretas es igualmente contundente: el control parental cuenta con el apoyo del 96%; la implantación de una edad mínima para el uso de smartphones, del 91%; y la regulación de la publicidad dirigida a menores, del 96%.
Son porcentajes que cruzan cualquier línea ideológica y que sitúan este asunto en una posición singular dentro del debate político: hay muy pocas propuestas de regulación digital que puedan presumir de ese nivel de acuerdo ciudadano. El dato llega, además, en un momento en que varios países europeos y algunas comunidades autónomas españolas discuten activamente restricciones de edad para el acceso a redes sociales.
La encuesta también mide la percepción sobre la inteligencia artificial, y el resultado es coherente con la desconfianza general hacia las tecnologías de gran escala. El 77% pide más regulación de la IA y el 56% preferiría que su desarrollo se ralentice. Solo el 49% cree que la inteligencia artificial tendrá efectos positivos para personas como ellas.
Es una mayoría escéptica, aunque no apocalíptica. La demanda de regulación está por encima de la demanda de freno: la ciudadanía no quiere necesariamente detener el desarrollo tecnológico, pero sí que alguien ponga normas antes de que el daño esté hecho.
Lo que la gente sabe —y lo que no— sobre sus derechos
El informe dedica un apartado específico a la alfabetización digital en materia de derechos. El resultado es ilustrativo de una paradoja habitual en estos estudios: siete de cada diez ciudadanos han oído hablar del término “derechos digitales”, pero el 28% no sabría explicar en qué consisten. Conocen la etiqueta, no necesariamente el contenido.
La brecha de competencias digitales sigue trazándose a lo largo de los mismos ejes que otras brechas sociales. Nueve de cada diez ciudadanos de entre 18 y 44 años consideran que la tecnología digital es fácil de usar. Entre los mayores de 60 años, esa percepción cae al 46%. Entre quienes tienen niveles de estudios más bajos, al 44%, especialmente en tareas de relativa complejidad como los trámites administrativos en línea.
La digitalización de las administraciones públicas acusa esta fractura con datos concretos. Entre el 70% y el 80% de la población de 18 a 59 años afirma que les ha facilitado la vida. Entre los mayores de 60, esa valoración positiva desciende al 49%. Y el 40% de ese grupo de edad considera que los trámites digitales con los servicios públicos les dificultan la vida. Un sistema diseñado para ser más eficiente ha resultado menos accesible para una parte significativa de la población.
El medio de los jóvenes, el medio del bulo
El Sindicato de Periodistas rechaza que se proponga eliminar el anonimato en las redes sociales
La encuesta incorpora también datos sobre hábitos informativos y desinformación. Hasta los 29 años, las redes sociales son el primer medio para informarse, con un 55% de preferencia. A medida que aumenta la edad, otros medios ganan peso.
Esa preferencia tiene su correlato en la percepción sobre dónde circulan las llamadas noticias falsas: el 88% señala a las redes sociales como el entorno donde más se difunden. El 86% las identifica también como el principal canal de difusión de discursos de odio.
Frente a eso, en una afirmación que mueve al escepticismo, el 78% afirma verificar habitualmente el contenido que consume en internet, ya sea recurriendo a otras fuentes dentro de la propia red (53%) o a fuentes externas (25%). Apenas el 18% admite no comprobar la veracidad de lo que lee. En una encuesta sobre derechos digitales, esa cifra tiene el valor añadido de ser, también, una medida indirecta del alcance potencial de la desinformación.
La ciudadanía española quiere más regulación digital y está dispuesta a pagar el precio que supuestamente eso implica para lograr algunas libertades. La primera encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, presentada este miércoles en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona y que ha comenzado este miércoles en la capital catalana, arroja un retrato coherente y algo incómodo: la población exige protección, pero el instrumento que prefiere para lograrlo —la identificación obligatoria en internet— afecta directamente al anonimato en línea.