Combatir los pseudomedios, que han hecho de la desinformación y de la difusión de bulos un negocio alimentado con dinero público procedente, sobre todo, de administraciones gobernadas por la derecha, y defender el periodismo de calidad, es uno de los objetivos del Plan de Acción Democrática que el presidente Pedro Sánchez anunció hace un año y que su Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre.
Sin embargo, doce meses después de aquella promesa solemne de poner en marcha herramientas contra los bulos —producto a su vez de los días de reflexión que Sánchez se tomó tras ver cómo una investigación sin base real ponía en el punto de mira a su esposa, Begoña Gómez—, el proyecto se ha atascado.
Ninguna de las medidas que afectan a los medios de comunicación, y por extensión a los pseudomedios que alimentan el odio y las mentiras —de las que se nutren después PP y Vox en las Cortes, las organizaciones ultras en los tribunales y algunos jueces en sus autos— ha tomado todavía forma. Ni siquiera existe un horizonte razonable de tramitación que garantice que entrarán en vigor antes de que termine la legislatura.
De momento, solamente hay una medida parcialmente en marcha, pero muy alejada del núcleo del problema y más enfocada a ese refuerzo anunciado del periodismo de calidad:120,5 millones a disposición de los medios aprovechando los fondos europeos de recuperación. La ayuda más voluminosa, el programa para la consolidación digital de la prensa, está dotada con 65 millones para promover que los medios españoles incorporen tecnologías digitales. La segunda línea de ayudas es un kit digital (5 millones) destinado a periódicos locales. Otros 15 millones tienen como destino fortalecer la ciberseguridad.
Hay previstas otras dos convocatorias de ayudas: una con 10 millones de euros para financiar proyectos de I+D para la integración de la inteligencia artificial dirigida a grandes y medianos medios de comunicación, y otros 10 millones en fomento de la innovación basada en la compartición de datos. Y un paquete de 19,5 millones en préstamos para proyectos de digitalización y herramientas tecnológicas de difusión y gestión de contenidos para los medios de comunicación.
Apenas dos anteproyectos
Más allá de eso, el Plan de Acción Democrática, en lo que se refiere a los medios, no ha pasado del papel a la realidad. Únicamente hay constancia de dos anteproyectos, uno de los cuales, en realidad, deriva de la obligación de aplicar en España el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que ya está parcialmente en vigor y será de obligado cumplimiento a partir del 8 de agosto.
El primero de esos anteproyectos es el que exigirá a los medios dar cuenta de quiénes son sus propietarios y de cuánta publicidad institucional reciben a través de un registro gestionado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), que también adquirirá capacidades para garantizar el pluralismo evitando la concentración mediática. El segundo es el que pretende reformar la Ley reguladora del derecho de rectificación de 1984 para mejorar el sistema con el fin de instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.
Se trata, en todo caso, de medidas que no se convertirán en proyectos de ley, en el mejor de los casos, hasta el final del verano. Entonces, siempre que los apruebe el Gobierno, les quedará todavía un largo camino, si se tramitan en el Congreso y en el Senado de manera ordinaria, que es la intención de los ministerios implicados (el Ejecutivo siempre puede aprobarlos como Reales Decretos y someterlos a convalidación en la Cámara Baja en el plazo de un mes, lo que garantizaría su entrada inmediata en vigor).
La reforma de la Ley de Publicidad Institucional, de la que dependen dos de los puntos clave del Plan de Acción Democrática, ha sido prometida por el Gobierno para este año, pero no hay noticias sobre su anteproyecto. Su modificación debe dar lugar al establecimiento de un deber de publicación anual de la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas, incluyendo sus beneficiarios, así como a la introducción de criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación. También tendrá que garantizar sistemas de medición de la audiencia para cumplir los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad.
Mientras no se lleve a cabo esta reforma, que también es consecuencia del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, las administraciones de la derecha podrán seguir financiando con fondos públicos sin límite alguno a pseudomedios sin audiencia real que se dedican a difundir bulos.
El secreto profesional que murió en el Congreso
De la anunciada futura ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes, nada se sabe. El Gobierno presentó un proyecto en 2023 que dejó morir en el Congreso, enterrado en el trámite de ponencia. Decayó con la convocatoria electoral del 23J. Y hasta ahora.
Tampoco se tiene noticia de la trasposición de la directiva europea para la protección de los periodistas frente a acosos externos. La Unión Europea la aprobó en 2024, con el fin de proteger a las personas que participan en la vida pública contra demandas manifiestamente infundadas y los procedimientos judiciales abusivos, pero España no tiene obligación de adaptarla a su ordenamiento jurídico hasta el 7 de mayo de 2026.
Sobre la reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana —más conocida como ley mordaza— en lo que se refiere a las sanciones por el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuentes del Ministerio del Interior aseguran que no se va a tramitar desde el Gobierno. Se está negociando entre el grupo parlamentario del PSOE y sus socios. De momento, no hay un texto concreto ni plazos. Tampoco se sabe si se limitará a ese aspecto —la difusión de imágenes de los agentes— o si, como quieren algunos socios del Ejecutivo, se ampliará a otros artículos de la ley.
La lista de asuntos pendientes es amplia. El Gobierno sigue sin dar luz verde a la anunciada reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y sigue sin disponer de la prometida estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación, un asunto que depende del Departamento de Seguridad Nacional.
Límites a la financiación pública
En lo que respecta a otras promesas, la incertidumbre es todavía mayor. Es el caso del compromiso de introducir límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas. Una medida que nadie sabe cómo plantea el Ejecutivo implementar ni si está trabajando en su desarrollo, que exige en todo caso el voto favorable de las Cortes.
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Tampoco se sabe cómo piensa el Gobierno reforzar la autorregulación de los medios y las plataformas digitales en el marco del Código de Buenas Prácticas a nivel europeo, un objetivo que —como reconoce en su propio plan— depende de los propios medios, siempre reacios a la adopción de esta clase de medidas.
Mucho más fácil sería cumplir una promesa que depende del Congreso: la creación de una comisión sobre desinformación. Pero nadie parece interesado en tomar la iniciativa.
Como sucede en el caso de la ley mordaza, el Gobierno ha dejado el abordaje de la reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística en manos de los grupos parlamentarios. El PSOE ha incluido este asunto como parte de otra propuesta diferente, relacionada con la “protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, pero ni siquiera ha llegado a someterse al trámite de toma en consideración. De esta reforma depende eliminar los artículos que se refieren a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.