Es bien conocido que los narcotraficantes no tienen escrúpulos a la hora de ajustar cuentas con las personas que no cumplen con lo acordado en los negocios ilícitos. Cuando sospechan que alguien ha robado toda o parte de la mercancía, no dudan en acabar con su vida, e incluso si creen que una persona es culpable de la pérdida de un alijo, sufre las consecuencias. Eso es lo que ocurrió en el caso que acaba de esclarecer la Guardia Civil en el Sur de España.
Así, y en el marco de la operación Trepamuros, el Instituto Armado ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que secuestró y torturó durante tres días a uno de sus integrantes culpándole de la pérdida de estupefacientes. Los agentes han detenido a ocho personas y se ha dictado una orden de búsqueda y captura para uno de sus integrantes, que se encuentra fugado.
Los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto. El Instituto Armado recibió una llamada que alertaba de que en una vivienda de Puerto Serrano, una localidad del Norte de Cádiz, no lejos de la provincia de Sevilla, había entrado una persona con extrañas intenciones.
Personados en el lugar, los agentes se encontraron a un joven de la localidad en un estado lamentable, que manifestó haber sido secuestrado y torturado por una serie de personas de la misma localidad, si bien sólo quería que lo acompañasen a su casa. Su intención no era denunciar los hechos. Entre narcos nunca lo hacen para no delatar su propia actividad criminal.
Los guardias civiles, sin embargo, decidieron trasladar al joven al centro de salud, donde fue derivado al hospital para recibir una atención más especializada. "La víctima rehusaba contar más detalles de lo sucedido ni identificaba a los posibles autores de sus lesiones, siendo evidente que se encontraba presa de un profundo temor", según explica la Guardia Civil.
Finalmente, el joven relató lo sucedido. Manifestó que el 25 de agosto se había desplazado, junto a otro de los integrantes de una organización dedicada al tráfico de cocaína y de heroína de la que él mismo formaba parte, hasta Dos Hermanas (Sevilla), para comprar una importante cantidad de estupefacientes con los que abastecer los puntos de venta que controlaban.
Su papel en estas acciones, según su relato, era el de 'mula', es decir, debía introducirse en su organismo los estupefacientes para no ser detectados y expulsarlos una vez en un lugar seguro. Un modus operandi bastante extraño, dado que no tenía que superar ningún control fronterizo.
De vuelta a a Puerto Serrano, siempre según su testimonio, expulsó de su organismo toda la sustancia de droga que portaba. Sin embargo, en un momento determinado, alguien accedió al interior de la vivienda se apoderó de la droga. Cuando los líderes de la organización fueron a reclamar la sustancia para preparar las dosis, se encontraron con las manos vacías, culpando al joven de haber robado la droga.
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Esa pérdida de la droga le situó en la diana de su propia organización, cuyos miembros comenzaron a golpearle y torturarle, suministrarle todo tipo de laxantes, tanto de farmacia como caseros. El secuestro se prolongó hasta la noche del día 28 de agosto, cuando pudo liberarse de sus ataduras y refugiarse en el domicilio donde fue encontrado por la propietaria y, después, por la Guardia Civil.
Una vez comprobada la veracidad de los testimonios, en la madrugada del 4 de septiembre, los agentes realizaron diversos registros que concluyeron con la detención de ocho de los nueve integrantes de la organización, quedando el último con una orden vigente de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
Los detenidos y las diligencias quedaron a cargo del Juzgado de Instrucción 3 de los de Arcos de la Frontera, que decretó el ingreso en prisión para seis de los ocho detenidos, a los que se les imputan los delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Solo las parejas de los líderes quedaron en libertad con cargos.
Es bien conocido que los narcotraficantes no tienen escrúpulos a la hora de ajustar cuentas con las personas que no cumplen con lo acordado en los negocios ilícitos. Cuando sospechan que alguien ha robado toda o parte de la mercancía, no dudan en acabar con su vida, e incluso si creen que una persona es culpable de la pérdida de un alijo, sufre las consecuencias. Eso es lo que ocurrió en el caso que acaba de esclarecer la Guardia Civil en el Sur de España.