No todos somos iguales frente a la pandemia

En nombre de la guerra sanitaria, el Gobierno, tanto el central como los Ejecutivos autonómicos, imponen grandes sacrificios a la población. Al regular todos los aspectos de la vida social, restringen los contactos familiares, prohíben los momentos de convivencia y se encargan de que nos multen. Sin embargo, las trabajadoras y trabajadores tienen que acudir a su trabajo, aunque los transportes públicos estén repletos y muchas empresas sean lugares de alto riesgo de contagio. Asistimos en los medios de información a una campaña de denuncia sistemática de todos aquellos irresponsables que se saltan las reglas —botellones, fiestas en los domicilios privados, etc.— pero ninguna en lo que respecta los centros de trabajo. ¿Será porque no quieren poner en evidencia la responsabilidad de los empresarios?

Aunque el Gobierno repite que uno se tiene que aislar cuando es positivo, ¿en cuántas empresas o sectores de estas se minimizan —o incluso se tapan— los casos conocidos de covid-19 para que sigan trabajando? ¿En cuántas, los empresarios ejercen una presión para que las personas de riesgo o las que han dado positivo no se den de baja? ¿Cuántas tareas en las empresas no ofrecen a las plantillas la posibilidad de mantener las distancias de seguridad pregonadas por los diferentes Comités sanitarios? ¿En cuántos centros de trabajo se contrató a personal dedicado a la desinfección de las áreas colectivas y puestos de trabajo? ¿En cuántos se han modificado las jornadas laborales y turnos para respetar las reglas sanitarias que permiten eludir con más facilidad al contagio?

Por lo visto las lecciones de civismo y buenas costumbres impartidas por las autoridades sanitarias y los Gobiernos, tanto central como autonómicos, no franquean los torniquetes de las empresas. Más allá de estos, las únicas reglas de civismo y buenas costumbres son los empresarios quienes las establecen; el único protocolo que impera es el de los beneficios. Toda medida sanitaria que pueda retrasar la producción es objeto de rechazo.

No cabe duda de que uno de los principales vectores de contagio es la dictadura patronal, el Gobierno, los Gobiernos autonómicos y las autoridades sanitarias lo saben, pero como hemos visto no harán nada al respecto, es más, hace todo lo posible para servirla. El Gobierno está manejando la crisis de salud acorde a los intereses de las grandes empresas, únicamente de las más grandes. Al permitir de nuevo el cierre, vía Ejecutivos autonómicos, de los negocios llamados "no esenciales", muestra una vez más, que está dispuesto a sacrificar decenas de miles de pequeños comerciantes y autónomos para facilitar las ganancias de las más grandes. Lo peor de la situación es que para estas últimas es solo una pequeña anticipación de lo que vendrá después.

Los ERTES, los despidos, procedentes o improcedentes, el incremento de la productividad, las horas extra no pagadas, el incremento de la pobreza o las colas del hambre, la lista no exhaustiva, solo es el comienzo de lo que se nos viene encima a las clases populares. Ya me dirán cómo el Ingreso Mínimo Vital o el incremento del 1,8% para las pensiones no contributivas pueden ayudar a las familias o personas beneficiadas a salir de la pobreza. ¿Ayudar? Bueno, se puede aceptar, efectivamente es una ayuda, no obstante, la pregunta que debemos hacernos es ¿ayudar a qué?

Viendo las cifras diarias que arroja la pandemia, podemos concluir que tanto Gobierno como patronal no la están manejando con eficacia, hay que apuntar, claro está, que la tarea no es nada fácil, pero lo que sí están haciendo con mucha facilidad es usarla para tenernos atados y amordazados. Tomarse en serio la pandemia y no dejarse engañar por el negacionismo o no sé qué complot, como por los aullidos de la derecha y extrema derecha, no quiere decir, en ningún caso, que tengamos que bajar la cabeza, defender lo indefendible y callar cuando el Gobierno se muestra comedido en sus decisiones con respecto a las clases populares. Defendernos contra el coronavirus-19 pasa por defendernos contra la gran burguesía que solo piensa en como atesorar cada vez más beneficios en sus arcas.

Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre