Algunas claves sobre la 'guerra de la leche': ganaderos asfixiados y consumidores desinformados

La lucha permanente del sector lácteo por alcanzar unas condiciones dignas de trabajo para los ganaderos parece remontarse a donde no alcanza la memoria. Sin embargo, durante las últimas semanas las movilizaciones por parte de los ganaderos gallegos en Lugo y Santiago de Compostela han regresado con una especial intensidad. Su demanda es sencilla: un precio justo que garantice la viabilidad del sector. Según datos del Ministerio de Agricultura, Galicia es la comunidad autónoma que más leche produce en todo el territorio español (224.047.489 kilos al año), pero es donde se pagan los precios más bajos al ganadero. 

El pasado miércoles tanto empresas y distribuidores, como cooperativas agroalimentarias y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), suscribieron un acuerdo en Madrid que desde hace semanas venía siendo anunciado por Gobierno y sindicatos. El pacto, pensado en un principio para conseguir precios competitivos para el sector, no ha cubierto sin embargo las expectativas de todos. Los sindicatos mayoritarios, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), lo han rechazado debido a la falta de precisión y garantías.

El Consejo de Ministros aprobó además este viernes un real decreto por el cual se conceden ayudas extraordinarias de 300 euros por vaca, hasta un máximo de 10.000 euros por explotación láctea, a aquellas que no están cubriendo los costes de producción, y de 110 euros por animal para otras explotaciones también afectadas por precios bajos, pero en un nivel inferior de vulnerabilidad económica.

Andoni García, portavoz de COAG, explica en declaraciones a infoLibre que el acuerdo "es inconcreto, porque al no definir qué es la sostenibilidad, nadie puede decir si se cumple o no se cumple ese criterio". El portavoz asegura que las referencias varían según la zona, pero "un ganadero puede demostrar cuál es su coste de producción". De hecho, el Ministerio de Agricultura posee los datos sobre los costes de producción por comunidad autónoma. Por tanto "sí que se podría concretar un precio sostenible, porque los datos están", asegura Andoni García, al tiempo que denuncia que con este nuevo acuerdo "no está sobre la mesa qué cadena de valor debe tener el sector para que todos supiéramos de qué mínimos estamos hablando".

El pasado 18 de agosto, la ministra Isabel Tejerina presentó un primer borrador sobre el acuerdo, donde "se instaba a la industria a pagar al ganadero los costes de producción en función de los datos del pasado año (punto 4)", destaca Andoni García, "pero todo eso se ha eliminado".

La ministra, en cambio, anunció el miércoles ayudas para los ganaderos de 300 euros por vaca. "El sector lácteo va a recibir ayudas, pero no se dice todo lo que pierde el productor. La ayuda es necesaria en situaciones dramáticas como la que estamos viviendo, pero no es la forma de abordar la crisis", explica García. El otro punto que destacan los detractores del acuerdo es la ausencia de sanciones para quienes no cumplan las garantías.

Ni precios mínimos, ni penalizaciones a quienes vendan la leche por debajo de su coste. Pero, ¿cuál debería ser el precio mínimo de un litro de leche? ¿Y quiénes cumplen con esos precios? Cuando los sindicatos hablan de precio mínimo por litro de leche, lo hacen en función de una serie de costes de producción, envasado y distribución. Se trata de un precio aproximado y de cantidades medias, pero es una orientación para esclarecer cuáles son los límites entre explotación y trabajo digno.

La producción del litro de leche teniendo en cuenta variables como la alimentación, cría y combustible, sumado al transporte a la industria, el fabricado y envasado, y finalmente el transporte al punto de venta, "rondaría los 0,61 euros", explican fuentes del sindicato Unións Agrarias. A este precio mínimo habría que añadirle la variable para que las distribuidoras obtengan beneficios en el punto de venta. Por lo tanto, es lógico concluir que un cartón de un litro que esté por debajo de los 0,61 euros estará generando pérdidas para el sector que produce la leche que guardamos en nuestras neveras.

Los precios del mercado

La organización FACUA-Consumidores en acción elaboró un informe en el que recogía las diferencias entre el precio por litro de leche en España durante el mes de julio de este año. Para ello, recogió información sobre cuánto cuesta un cartón de un litro de leche entera según la marca y según el supermercado.

El precio medio por litro de leche entera uperizada fue de 66 céntimos, siendo las marcas más caras Covap (0,81 euros de media), President (0,80), Hipercor (0,78 euros), Asturiana (0,77 euros) y Puleva (0,76 euros); mientras que las que ofrecían precios a la baja eran LR (0,54 euros), Carrefour Discount (0,56), El Pulgar (0,57), Día y Finesa (0,59).

Precisamente, aquellas que cuentan con los precios más bajos coinciden con las marcas blancas de las distribuidoras. Desde Unións Agrarias aseguran que "las marcas blancas las hacen las industrias que también tienen sus propias marcas, y luego las venden en subastas electrónicas a la baja. Las grandes superficies priorizan sus marcas ante las buenas, a las que les suben el precio para que el consumidor se acerque más a las blancas".

Frente a las diferencias entre marcas, existen también las diferencias entre supermercados. Los briks de 1 litro de leche entera que se venden en más de un comercio pueden alcanzar diferencias de hasta un 150%, desde el precio de 1 euro que alcanza la marca President en Hipercor hasta los 40 céntimos que cuesta Pascual en Carrefour.

Este último supermercado ha sido precisamente uno de los focos de polémica al perpetuar otro de los fenómenos más perjudiciales para los ganaderos: el producto reclamo. Unións Agrarias denunció recientemente que la cadena low cost Supeco, perteneciente a Carrefour, estaba comercializando briks de leche de un litro a 0,28 euros en la provincia de Pontevedra. "Con este tipo de productos se estafa al ganadero y se estafa al consumidor", aseguran desde el sindicato gallego.

Opacidad e incertidumbre

Tras la presión ejercida durante las últimas semanas por los sindicatos, organizaciones y sociedad civil, algunas distribuidoras y empresas se han visto obligadas a ceder, anunciando un aumento de precios en los productos lácteos que comercializan.

La cadena de supermercados Día ha anunciado que recomendará a la industria láctea con la que trabaja que traslade a los ganaderos la subida de precios. Lo mismo han asegurado supermercados como Eroski o Lidl, quienes anunciaron una subida de 2 céntimos que trasladarán directamente a las explotaciones. Sin embargo, los ganaderos aún no han recibido ninguna garantía sobre esta hipotética subida de precios. "No hay notificaciones de que durante el mes de octubre habrá otro precio", explica Andoni García.

"Quienes han anunciado subidas tendrían que estar notificándolas a los productores, pero esto no está pasando". El portavoz de COAG señala que sólo Mercadona y sus interproveedores se han comunicado con los ganaderos. "Además han notificado que la subida ya será con la leche que se venda el mes de septiembre, pues esta se paga a mediados de octubre. Por tanto las empresas podrían perfectamente decidir las subidas, y eso no ocurre. Es más, en algunos casos han anunciado bajadas", afirma.

¿Quién es entonces el responsable a la hora de fijar los precios? ¿La distribuidora o la industria? Ambas. Isabel Vilalba, secretaria general del Sindicato Labrego Galego, explica a este diario que "o el supermercado dice que compra barato porque la industria lo vende a ese precio, o la industria alega que si no nadie lo compraría". "Es un sistema muy perverso donde está demostrada la posición de dominio de la industria y la distribución para imponer unos precios ruinosos a los productores", señala.

El acuerdo pactado este miércoles asegura que la interprofesional INLAC revisará las condiciones para alcanzar un precio final sostenible "que beneficie a los ganaderos", pero no contemplará precios mínimos. "Hay un total oscurantismo sobre el precio que las industrias le fijan a la distribución, y no existen herramientas para que haya garantías", explica Vilalba. "El acuerdo no nos vale, porque dice que va a estudiar ese posible precio sostenible, pero no hay un compromiso", subraya.

La voluntad de las industrias y distribuidoras por contribuir a esa subida de precios también es foco de incertidumbre. "Habrá que ver si la distribución traduce esa subida de precios en un pago a la industria, y la industria a los ganaderos", señalan desde Unións Agrarias.

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El consumidor es cada vez más consciente de las implicaciones que entrañan actos tan rutinarios como comprar un cartón de leche. A la buena calidad del producto y la accesibilidad adecuada en tiempos de crisis, se unen las exigencias de los consumidores para que el precio del producto tenga efectos positivos para el productor, el primer y más importante eslabón de la cadena, pero también el más débil.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, señala a infoLibre que "los consumidores son conscientes de los problemas de los ganaderos, y se solidarizan con ellos", pero por otro lado destaca "el añadido de una libre circulación de mercancías en la Unión Europea, la leche puede provenir de otros países, y las marcas pueden preferir comprársela a otros países". "La regulación de precios mínimos en el mercado mayorista es complicada", lamenta Sánchez.

Entretanto, y tras el fallido acuerdo del miércoles, los sindicatos han anunciado que las protestas no cesarán.