Indra rechaza una de cada tres solicitudes de baja voluntaria de sus trabajadores en el ERE

Un total de 1.414 trabajadores se han adherido al plan de bajas incentivadas y prejubilaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Indra, que pretende recortar la plantilla de la firma tecnológica en 1.750 personas. De las solicitudes presentadas, la dirección de la empresa sólo ha aceptado, de momento, 879, el 62%: 626 bajas voluntarias y 253 prejubilaciones. Es decir, ha rechazado una de cada tres peticiones de baja incentivada, un total de 191. Una ratio que los sindicatos consideran “elevada”ratio. Sólo ha descartado seis prejubilaciones. El plazo para pedir la salida voluntaria de Indra se cerró el pasado 18 de septiembre.

Según ha informado la empresa a los sindicatos en la segunda reunión del comité de seguimiento del ERE, celebrada el pasado lunes, permanecen pendientes de respuesta 338 solicitudes, 307 de baja voluntaria y 31 de prejubilación. Estas últimas quedan aún muy lejos de los objetivos de la empresa: 290 trabajadores con más de 57 años han pedido jubilarse de forma anticipada, cuando la meta era alcanzar los 600. La empresa tiene aún de plazo hasta el próximo día 18 para contestar las solicitudes de sus trabajadores.

Una vez cerrado, la empresa recurrirá a los despidos hasta completar la cifra de 1.750. Aunque antes ofrecerá 200 a los candidatos al despido ser recolocados en otras empresas del grupo o subcontratadas, así como un nuevo contrato a 150 con una rebaja de hasta el 20% del sueldo. Los trabajadores que sean finalmente despedidos tras esa última criba percibirán una indemnización de 40 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades y dos primas de 5.000 euros cada una: la primera por antigüedad si llevan más de 15 años en la empresa 10.000 si son más de 20, y la segunda por su adscripción voluntaria 3.000 euros si su antigüedad está entre tres y cinco años.

No obstante, han quedado excluidos del ERE un nutrido grupo de trabajadores. Según el acuerdo firmado con los sindicatos UGT, CCOO, STC y USO, no podrán adherirse a las bajas incentivadas los trabajadores de software de tráfico aéreo, los de la división de defensa y la plantilla de soluciones para el transporte terrestre. Además, la empresa está vetando a los empleados de Business Analytics, Business Intelligence, diseño de radares y sensores y guerra electrónica internacional, que considera “perfiles de alta demanda”, así como a los empleados que evalúa como de “rendimiento extraordinario acreditado” y con “alto potencial y desarrollo profesional clave para la empresa”.

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Las fuentes sindicales consultadas por infoLibre denuncian que las aceptaciones y rechazos de las solicitudes se han dejado en manos de los jefes inmediatos, lo que abre margen a una cierta “arbitrariedad”. “La decisión final debería ser tomada por Recursos Humanos, no por los responsables de los proyectos”, critica el delegado sindical de USO, Juan Luis Alarcón. En cualquier caso, la empresa se ha comprometido a revisar las solicitudes rechazadas, en una suerte de “segunda vuelta” que se llevará a cabo entre diciembre y enero, explica el responsable de CCOO, Emilio Bautista. El objetivo, asegura, es que los vetos no superen los 250.

A quienes pidan la prejubilación y tengan 57 y 58 años, se les abonará una paga de 5.000 euros lineales. La empresa también les ingresará el 85% de su salario neto anual hasta que cumplan los 62 años. Ese porcentaje será del 90% para quienes superen los 59 años. Además, Indra se hará cargo del convenio especial con la Seguridad Social de estos trabajadores hasta que lleguen a la edad legal de jubilación.

Los sindicatos CGT y Cobas, que no han firmado el acuerdo del ERE con la empresa, han presentado una demanda en la Audiencia Nacional cuya vista oral se celebrará el 11 de noviembre. Ambos sindicatos entienden que no existe la causa económica alegada por la empresa para ejecutar el despido colectivo.