Afectados por las cláusulas suelo comienzan su lucha contra el decreto del Gobierno: “Es decirnos 'apáñense ustedes con los bancos'”

Este sábado, la asociación de consumidores Adicae convocó reuniones de sus comités de afectados por las cláusulas suelo en una treintena de ciudades para coordinar las movilizaciones que llevarán a cabo contra las entidades bancarias y en protesta del Real Decreto-ley 1/2017 aprobado el viernes. Denuncian que, tras la medida aprobada por el Ejecutivo, se consideran “obviados por el ministro De Guindos”.

En Madrid, de los 25.000 afectados en toda la comunidad, se dieron cita más de un centenar, la mayoría de ellos clientes de Sabadell y Banco Popular. En la reunión, celebrara en un céntrico local, se animó a “plantar cara”  y, como medida inicial, se propuso el próximo jueves 26 como un primer  “toque a la banca”, consistente en una ruta en grupo por varias sucursales para pedir información y documentos, adherirse al mecanismo extrajudicial, anotar la respuesta de los empleados o hacer una cacerolada a la salida.

Con este tipo de actuaciones colectivas quieren demostrar que están coordinados y también dificultar que les hagan “caer en nuevos engaños”. A través de videoconferencia con el resto de reuniones, se planteó la posibilidad de manifestarse también ante sedes oficiales –especialmente ante las delegaciones del Banco de España– para protestar contra un decreto que “nos les representa” y que parece decir “apáñense ustedes con los bancos”.

Uno de los temas más recurrentes y que más preocupa es la supuesta obligatoriedad de pasar por el procedimiento extrajudicial, algo que se encargó de desmentir Fernando Herrero, responsable de comunicación de la asociación de consumidores. “No hay una obligación de acudir a ese sistema antes de ir al juzgado”, aseguró. En el decreto, según explicó, se expone que, en caso de que se ofrezca una cantidad con la que el afectado no está de acuerdo, si decide ir al juzgado y el juez reconoce una cantidad mayor, el banco será condenado en costas. Pero en el caso de que el juez reconozca la misma cantidad, el banco no será condenado en costas.

Según Herrero, estas confusiones se deben a que “se está lanzando por parte de la banca –y se refleja en los medios–una información muy sesgada” que persigue “desincentivar la reclamación”.

Por su parte, la asociación emitió un manifiesto en el que se especifican las debilidades que encuentran en el decreto y en el que aseguran que seguirán defendiendo a los consumidores. Entre sus denuncias está que las entidades no tendrán que informar a los afectados personalmente, a pesar de que se está difundiendo lo contrario, o que se están contradiciendo las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE que aseguran la falta de transparencia de todas las cláusulas suelo.

Facua

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción criticó que "nadie se atreva a multar a los bancos por el mayor fraude a los consumidores que se ha producido en la historia" y que el plazo de un mes a los bancos para adherirse y constituir los departamentos que tramitarán las reclamaciones y otros tres meses para contestarlas puede convertirse en "una tregua de hasta cuatro meses para las entidades financieras", informa Europa Press.

Por este motivo, anunció que no participará en el órgano de seguimiento previsto en el decreto para no convertirse " en un mero convidado de piedra del Gobierno para hacerse la foto".

La asociación de consumidores consideró que la norma está llena de ambigüedades con las que puede favorecerse que los bancos anuncien su adhesión al procedimiento extrajudicial sin que envíen comunicaciones para informar de ello a cada uno de los usuarios que tuvieran una hipoteca con cláusula suelo, como señaló también Adicae.

Por otro lado, Facua advirtió de que si se reintegra a los hipotecados el dinero cobrado fraudulentamente más los intereses, no será como consecuencia del decreto, sino de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece la retroactividad total en las devoluciones en contra del criterio del Supremo español, "que pretendía que los bancos se quedasen con todo lo defraudado antes de mayo de 2013".