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Tren alta velocidad

El Tribunal de Cuentas explica este lunes en el Congreso los sobrecostes del AVE a Francia

  • Su fiscalización detecta un aumento del 18% en el precio, hasta 3.760 millones
  • Las obras de La Sagrera de Barcelona registraron irregularidades monetarias de 117,39 millones de euros, por lo que se contrató una auditoría externa

infoLibre Publicada 26/06/2017 a las 10:31 Actualizada 26/06/2017 a las 13:59    
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El Tribunal de Cuentas explica este lunes en el Congreso los sobrecostes del AVE a Francia

El Tribunal de Cuentas explica este lunes en el Congreso los sobrecostes del AVE a Francia.

EP
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado este lunes en el Congreso el informe que alerta del encarecimiento del 18% en el tramo Barcelona Sants-Figueres de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, hasta costar 3.760 millones de euros.

Uno de cada dos contratos de obra del AVE a Francia variaron su precio inicial. La mitad de los contratos de obra analizados por el Tribunal de Cuentas del AVE a Francia desde Barcelona sufrieron una variación de su precio inicial, con un incremento del precio del 11,6%.

En el informe se alertaba del encarecimiento del 18% en el tramo Barcelona Sants-Figueres de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, hasta costar 3.760 millones de euros de los 3.185,8 millones adjudicados inicialmente.

Respecto a los contratos de obra, el Tribunal señala que las bajas ofertadas en los contratos "eran muy elevadas", pero que en el 49% de los contratos analizados se aprobaron modificados, lo que supuso un incremento del precio del 11,6%.

Responsabilidades penales

Según ha expuesto Álvarez de Miranda, en las obras del entorno de la estación de La Sagrera "se detectaron importantes diferencias entre las obras realmente ejecutadas y las certificadas y abonadas por importe de 117 millones de euros".

Preguntado por varios grupos de la oposición, el presidente del Tribunal ha señalado que el Ministerio Fiscal ha formulado peticiones de responsabilidad penal por presunta falsedad documental en Adif, y que en diferentes juzgados de instrucción de Barcelona se están investigando presuntos delitos de malversación de fondos, cohecho y falsedad documental.

Álvarez de Miranda ha presentado ante diputados y senadores siete informes de fiscalización sobre entidades públicas que guardan relación con el transporte y la construcción y explotación de infraestructuras, y entre las que se encontraban, además de Adif, Aena, Aena Aeropuertos, Renfe-Operadora, FEVE o la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitsa).

En su intervención ha señalado que se han abierto diligencias tras la fiscalización en Renfe Operadora, FEVE y Adif, siendo la mayoría archivadas a excepción de las mencionadas en el caso del AVE hasta la frontera francesa y la construcción del centro de formación de FEVE.

Las obras de este centro de formación, proyectado para la ciudad de Oviedo, no llegaron a iniciarse, según ha apuntado. En su informe de fiscalización advirtió que FEVE asumió de forma "no justificada" varios gastos de administración, y que también compró un local de oficinas en Oviedo y dos edificios en León "por precios superiores a los de mercado".

Disolución de la Seitsa si no se aprovecha

Otra de las cuestiones trasladadas a la Comisión para Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha sido la del futuro de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitsa), de la que el órgano fiscalizador advierte una "actividad muy reducida, sin aumento significativo de nuevas infraestructuras y sin haber generado mayor aportación de financiación privada".

"Teniendo en cuenta la limitada relevancia de su actividad y los costes que genera su funcionamiento, se sugiere que se adopten medidas para optimizar los recursos asignados a la misma y, si ello no es posible, que se proceda a su disolución y extinción", ha manifestado Álvarez de Miranda.

Por parte del PSOE, su diputada Ana María Botella ha cuestionado que, pese a su limitada actividad, las dietas de sus consejeros ascendieran el pasado ejercicio hasta los 123.000 euros, lo que dividido entre sus doce miembros supone un reparto de 10.800 euros para cada consejero.

Por ello, Botella ha ironizado que más que al nivel de responsabilidad de sus consejeros -"casi hay más que empleados", ha bromeado- para acudir a las reuniones del consejo, ha apuntado a que supone más una cuestión del "incentivo" previsto.

El documento indica que en la construcción de este tramo fiscalizado se adjudicaron 323 contratos por un total de 3.185,8 millones, si bien se produjo una desviación del 18% por las modificaciones de los contratos, la revisiones de precios y certificaciones y liquidaciones adicionales.

Todo ello originó un coste final de 3.760 millones de euros y un precio medio de 28,7 millones por kilómetro, ha indicado el Tribunal de Cuentas, que ha precisado que se ha fiscalizado un 75% del importe total adjudicado.

En cuanto a los contratos de obras, el 49% de los analizados experimentaron modificaciones que afectaron al proyecto constructivo inicial, lo que supuso un incremento del 11,6% y un importe de 258,8 millones de euros respecto al precio de adjudicación, que ascendió a 2.227,7 millones.

Además, se tramitaron proyectos modificados por 2,1 millones de euros para convalidar actuaciones ya ejecutadas con anterioridad, sin cobertura contractual y sin que respondieran a situaciones de emergencia, y el 43,3% de los contratos de obras tuvieron un incremento del plazo de ejecución superior al 150%.

Estación de La Sagrera

Las obras del entorno de la estación de alta velocidad de La Sagrera de Barcelona registraron "importantes diferencias" entre la obra realmente ejecutada, la obra certificada y la abonada, por un importe total de 117,39 millones de euros.

Ello obligó a trasladar estas irregularidades a Fiscalía y a contratar una auditoría externa, según la cual, frente a los 580,7 millones de euros certificados y abonados se acreditaron actuaciones por 463,3 millones, de los que al menos 83,9 corresponden a actuaciones fuera del proyecto contratado.

Precisamente el jueves pasado, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró el "compromiso explícito" del Ministerio de reactivar las obras de la estación ferroviaria de La Sagrera antes de que termine 2017.

Según dijo, se prevé que las obras vinculadas a la estación del colector de la rambla Prim -con una inversión de unos 10,5 millones- empiecen antes de verano, y que las obras de la losa de la estación se reanuden en el tercer trimestre.

Servicios y suministros

En cuanto a los contratos de servicios, el precio de adjudicación se incrementó entre un 19% y un 199% por la tramitación de proyectos modificados a causa de deficiencias en el proyecto constructivo inicial, la adecuación del plazo de ejecución del servicio al plazo de construcción de las obras, así como por circunstancias imprevistas sin justificar -algunos de los modificados registraron incrementos superiores al 50%-.

También se produjeron incrementos en el plazo inicial de ejecución superiores al 100% por la necesidad de coordinarse con los trabajos de las obras y por la obtención de autorizaciones para la realización de las prestaciones del contrato: "Si bien dichas razones pudieran considerarse justificadas, evidencian una deficiente planificación de los trabajos".

Además, se convalidaron trabajos ejecutados sin soporte contractual por 908.000 euros, algo que la Asesoría Jurídica, en su informe de 24 de septiembre de 2015, indicó que era procedente, evitando un eventual enriquecimiento injusto por parte de Adif, aunque manifestó la necesidad de suprimir esta práctica que estaba "adquiriendo una habitualidad no deseable".

Por último, los contratos de suministros se tramitaron de forma independiente a la ejecución de las obras, lo que motivó ampliaciones del plazo de ejecución que originaron revisiones de precios, incrementando el coste del contrato y poniendo de manifiesto nuevamente deficiencias en la gestión.

Así, en los expedientes de suministros se produjeron incrementos en el plazo inicial de ejecución que oscilaron entre un 190% y un 225% debido a que el plazo del contrato original estaba afectado por "cierto grado de incertidumbre", ya que el objeto del contrato (traviesas, balastro o carril) fue solicitado con anterioridad a la redacción del proyecto de montaje de vías y, consecuentemente, antes de la propia licitación de las obras.


 


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