El Gobierno negocia in extremis para superar su prueba más importante desde la censura y salvar el incremento de gasto

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta este viernes a su primera gran prueba de fuego. El Congreso de los Diputados tiene que votar su propuesta de senda de estabilidad, de la que depende que el año que viene pueda incrementar en 6.000 millones de euros el gasto público en los Presupuestos Generales del Estado, y para conseguirlo necesita renovar las alianzas que hicieron posible sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa.

Enfrente tiene ya al PP y sus satélites y a Ciudadanos (169 diputados). Y parece garantizado el voto en contra de EH Bildu (2) y de Coalición Canaria (1), aunque el presidente de la comunidad insular, Fernando Clavijo, señaló el miércoles que sería una “mala noticia” que no se logre aprobar la senda de estabilidad y pidió un “esfuerzo” para alcanzar un acuerdo. Eso son 172 votos en contra. 

El Gobierno necesita más votos a favor que en contra y busca sumar a sus exiguos 84 diputados los de Unidos Podemos (67), Esquerra (9), PDeCAT (8) y PNV (5). Esa combinación alcanza 173 votos. Si la consigue, le bastaría la abstención del resto —cuatro de Compromís y uno de Nueva Canarias—. Y no habría margen para el error.

La portavoz parlamentaria y numero dos del PSOE, Adriana Lastra, lleva días empleándose en la tarea de convencer a los grupos para que respalden el incremento de gasto, así como también la trascendente elección de la periodista Rosa María Mateo como administradora provisional de RTVE en tanto el Congreso no elija un nuevo responsable de los medios públicos estatales.

Pero, de momento, sólo el PNV ha anticipado su respaldo. Y las negociaciones con el resto de los grupos se han llevado a cabo con el lastre de saber que, aunque el Congreso dé su visto bueno, el PP se dispone a tumbar la nueva senda de gasto cuando el asunto llegue al Senado. De ahí que en las últimas horas el Gobierno se haya esforzado en transmitir el mensaje de que, si hay acuerdo entre los grupos que apoyaron la moción de censura, no permitirá que el PP de Pablo Casado se salga con la suya y congele la posibilidad de impulsar el gasto en sanidad, educación, dependencia y Seguridad Social.

A la hora de cerrar esta información, los demás grupos mantenían abiertas todas las posibilidades. A pesar de unas declaraciones conciliadoras pronunciadas a primera hora del jueves por el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en la Cadena SER, esta formación no desvelará hasta este mismo viernes el sentido de su voto. “El techo de gasto, por desgracia, nace muerto, porque el PP, que tiene la llave del Senado, ha dicho ya que va a votar en contra”, lamentó la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra.

Los de Pablo Iglesias llevan días sugiriendo un posible voto en contra argumentando que no les gustan las cifras. El Gobierno, afirma Belarra, propone un techo de gasto que se deja 5.000 millones de euros en el camino para conseguir una abstención del PP que no va a llegar. Compromís, que gobierna la Comunitat Valenciana con el PSOE y Podemos, avanzó esta semana su intención de abstenerse.

Esquerra tampoco había tomado una decisión este jueves. Su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, avisó de que su formación está pendiente de que el PSOE aclare si está negociando con el PP. Tardà aprovechó para pedir al Ejecutivo que, si es necesario, se comprometa a "modificar la ley” para poner fin al veto del Senado.

El PDeCAT tampoco reveló sus intenciones.  El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró que las formaciones independentistas están pensando aún qué hacer. “Estamos estudiándolo. Es una pregunta a la que se tiene que dar una respuesta desde el Govern”, contestó. La nueva senda presupuestaria permitiría a la Generalitat contar el año que viene con una cantidad adicional próxima a los 400 millones de euros. El Gobierno allanó además un posible obstáculo al incluir en el orden del día de la comisión bilateral con Cataluña que se va a celebrar en Barcelona la semana que viene, por primera vez en siete años, el punto que reivindicaba el Govern: “Consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Cataluña”, en “materia de derechos y libertades” y “en relación con las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político”.

La senda del Ejecutivo

La propuesta de nueva senda presupuestaria del Ejecutivo socialista prevé un déficit del 1,8% para 2019, distribuido entre el Estado (0,4%), comunidades autónomas (0,3%) y la Seguridad Social (1,1%). Para 2020 reduce la previsión de desajuste contable al 1,1% del PIB, procedente de una décima del Estado, otra de las CCAA y nueve décimas de la Seguridad Social. Y para 2021 solo prevé cuatro décimas de déficit público, en su totalidad procedentes de la Seguridad Social, ya que el resto de administraciones deberían presentar ese año estabilidad presupuestaria y superávit.

En cuanto a los objetivos de deuda pública, el Gobierno se propone llegar al 96,1% del PIB en 2019, al 94,1% en 2020 y al 91,5% al siguiente.

De no salir adelante la nueva senda, el Gobierno ya ha explicado que confeccionará el proyecto de Presupuestos para 2019 siguiendo lo establecido por los objetivos de estabilidad en vigor, heredados de la etapa del PP, aunque previsiblemente le será mucho más complicado llegar a acuerdos con los demás grupos para aprobar esas cuentas públicas en el Congreso.

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Esta circunstancia hace que este viernes todas las miradas se dirijan a la Camara baja. Un tropezón en esta votación complicaría la estabilidad del Gobierno y acercaría la posibilidad de una convocatoria electoral anticipada de la que, a pesar de todo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no quiere todavía hablar.

Si el Gobierno consigue ganar la votación de este viernes en el Congreso, estará aún lejos de haber cantado victoria. Para aplicar la senda de estabilidad y el incremento de gasto para 2019 va a necesitar modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que otorga al Senado capacidad de veto.

Fuentes del Gobierno confirmaron a infoLibre que esta es “una de las posibilidades“ que están considerando, “aunque no es seguro” que Sánchez se decida a llevarla a cabo. No sería la primera vez: el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya lo hizo, por el mismo motivo, en el año 2005. Una de las fórmulas que se están estudiando es a través de un decreto ley, lo que garantizaría a Pedro Sánchez recuperar la supremacía constitucional del Congreso en esta materia en un tiempo récord.