Fomento da un mes a las 172 familias de Villaverde para que paguen 885.000 euros por el retraso en el pago de sus viviendas sin construir

Las 172 familias de la Ciudad de los Ángeles  (un barrio situado en el distrito de Villaverde, al sur de Madrid) que esperaban como agua de mayo que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Fomento, desbloqueara el proyecto que permitiera la construcción de sus viviendas, todavía no ven la luz al final del túnel. Después de un año pagando la mensualidad de sus viviendas protegidas de precio básico (VPPB), sin ver ni los pilares de la construcción y reclamando soluciones, este jueves por fin se reunieron con la institución. "Pero nos fuimos de allí con una sensación agridulce", confiesa Luis Grigelmo, uno de los afectados, a infoLibre.

Tras meses esperándola, ha llegado la respuesta. Pero no les satisface. El SEPES ha acordado darles de plazo hasta el próximo 20 de diciembre para pagar la cantidad de 885.000 euros en concepto de intereses por retrasos en el pago. En caso de no hacerlo, continuará el proceso judicial que inició la institución para recuperar la titularidad del suelo, vendido a la cooperativa Vitra –impulsada por CCOO–, que es la que construirá los pisos. 

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Y con esta perspectiva, Grigelmo asegura que habrá gente que "se caiga" del proyecto. "Hay personas que no van a poder pagar esa cantidad porque nos piden abonarla prácticamente de golpe", lamenta. 

La parcela, situada en el antiguo Parque de Ingenieros de la Ciudad de los Ángeles, fue vendida por SEPES a la cooperativa Vitra en el año 2011. "Se escrituró a favor de la cooperativa, que pagó lo previsto en el contrato, el 5% del precio", según explicó su propio presidente, Francisco Naranjo, en el mes de mayo. El resto, más de seis millones de euros, debía pagarse en dos plazos antes de finalizar el año 2013, pero el derrumbe de Bankia, entidad con la que tenían convenido el préstamo, hizo que la financiación desapareciera y no pudieran hacerlo.

Consiguieron nueva financiación en el año 2017 e informaron a la entidad dependiente de Fomento, que entonces dio luz verde a la promoción de viviendas. Sin embargo, SEPES interpuso una demanda judicial. Desde entonces, las 172 familias han seguido pagando las mensualidades sin ni siquiera saber si sus viviendas llegarán a construirse. Y la solución, tras esta última reunión, tampoco parece tan clara.