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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Madrileños, camareros y dependientes de comercio inundan las ofertas para trabajar en el campo por el salario mínimo

  • Cerca de 140.000 personas se inscriben en las bolsas de empleo de las organizaciones agrarias para recolectar fruta y hortalizas
  • La mayoría son extranjeros y muchos de ellos, sin papeles, pero el Gobierno no revela si planea una regularización temporal como en Italia
  • Sólo 2.000 personas se apuntan a recoger ajos en Castilla-La Mancha en una faena que hasta ahora reunía a 10.000 temporeros, sobre todo rumanos
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Publicada el 23/05/2020 a las 06:00 Actualizada el 23/05/2020 a las 15:52
Dos trabajadores recogían ajos en Córdoba el pasado mes de abril.

Dos trabajadores recogían ajos en Córdoba el pasado mes de abril.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Esta semana comienza en Castilla-La Mancha la recogida del ajo, una campaña en la que cada temporada se emplean unos 10.000 jornaleros, la mayoría rumanos, aunque también los hay marroquíes, búlgaros o senegaleses. Este año, sin embargo, el cierre de fronteras y las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia van a impedir que se cubran las necesidades de mano de obra de un cultivo que exporta el 70% de las 156.579 toneladas anuales que produce. Al menos ése es el temor de las organizaciones agrarias, que alertan del peligro que correrán a partir de junio y por el mismo motivo otras campañas, desde la siembra del tomate en Extremadura hasta la recolección del albaricoque, la nectarina o el melocotón en el Valle del Ebro y Lleida. Sólo en Aragón, cada temporada se contratan 15.000 jornaleros para recolectar fruta de hueso y 8.000 trabajadores más en los almacenes. De ellos, el 30% suelen ser extranjeros.

Al menos hasta ahora, y pese a los malos augurios, las actividades agrícolas se han desarrollado “con bastante normalidad”, aseguran los empresarios, sobre todo gracias a la ayuda inesperada del mal tiempo: una primavera fría y lluviosa que ha mermado el volumen de fruta a la espera de ser recogida, además de retrasar su recolección. Aun así, las organizaciones agrarias se adelantaron al posible desastre de las próximas campañas creando bolsas de empleo para todo aquel que quisiera trabajar en el campo supliendo a los extranjeros retenidos en sus países de origen. El Ministerio de Agricultura cifra en hasta 80.000 trabajadores las necesidades totales de mano de obra desde finales de marzo hasta finales de septiembre.

En total, unas 140.000 personas se han apuntado hasta el momento en las bolsas abiertas por las tres principales organizaciones de agricultores. La más numerosa ha sido la de Asaja, que dice haber recibido hasta la fecha solicitudes de empleo de 123.560 personas. COAG ha registrado 8.000 sólo en Aragón y UPA, unas 3.000. Según los datos recopilados por Asaja, de donde más peticiones le han llegado es de Madrid, 13.613 –el 11%–, casi tres veces más que las enviadas desde Barcelona, 5.356. A Madrid le siguen Alicante, con 10.397, y dos provincias andaluzas, Sevilla –9.961– y Málaga –9.847–. Valencia y otras tres provincias andaluzas, Granada, Córdoba y Cádiz, han sido las más interesadas. Las menos, Lugo y Ourense, con sólo 186 y 143 solicitudes de empleo. Lo mismo dicen en COAG y UPA: las consultas y demandas de trabajo desde Madrid han sido las más numerosas. También desde zonas turísticas de costa donde se prevé un pinchazo de la actividad este verano.

Así, el 20% de los inscritos en la bolsa de Asaja, 24.600, estaban hasta ahora empleados en la hostelería y el turismo, 7.015 más en el comercio y 3.573 en grandes almacenes, precisamente los sectores más castigados por la parálisis del covid-19. El 40%, de hecho, carecen de experiencia previa en las faenas del campo. No obstante, un número también significativo, 22.798, ya trabajaban en la agricultura y la ganadería.

Desde luego, no todos son españoles. Aunque las cifras difieren dependiendo de la bolsa. Mientras UPA calcula que las solicitudes se reparten al 50% entre nacionales y extranjeros, y Asaja no pregunta a los candidatos por su nacionalidad, COAG precisa que el 90% de los inscritos son foráneos y, de ellos, otro porcentaje similar admiten estar en situación irregular, lo que les impide acceder a un puesto de trabajo. Según los requisitos establecidos por el Gobierno, sólo pueden optar a estas ofertas desempleados, autónomos en cese de actividad, trabajadores con contratos suspendidos, migrantes cuyo permiso de trabajo concluye entre el 9 de abril y el 30 de junio y a los que se permite su ampliación, y jóvenes de terceros países entre 18 y 21 años que se encuentren en situación regular en España.

2,5 euros la caja de ajos, 25 cajas al día

Para aumentar el atractivo de un trabajo considerado duro y no muy bien pagado, el Gobierno permite compatibilizar ese salario –nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 950 euros netos al mes– con la prestación de desempleo –siempre que no se cobre por un ERTE de fuerza mayor–, el subsidio agrario o el cese de actividad de los autónomos. En principio, el real decreto-ley que regula estos contratos habla de un máximo de dos meses y 20 días de duración. Pero las campañas agrícolas no terminan el 30 de junio, sino que, dependiendo de las zonas y los cultivos, pueden extenderse hasta octubre, como es el caso del melocotón en Aragón. De hecho, el Ministerio de Agricultura acaba de prorrogar seis meses todas las autorizaciones de residencia y trabajo que venzan durante el estado de alarma.

Según Asaja, sólo el 13% de los inscritos en su bolsa de empleo cobran una prestación pública, apenas el 4% son migrantes a los que se les pueda ampliar el permiso de trabajo y no llegan al 3% los jóvenes de países no comunitarios.

Recoger ajo “no es un trabajo físico, sino pesado, muy mecánico”, precisa Miguel Esponera, secretario general de UPA Cuenca. En realidad, la recolección se lleva a cabo con máquinas. Tras una semana aireándose en el campo, donde se han ido amontonando los manojos, una vez secos los ajos se cortan los tallos y las barbas con tijeras de podar. Y ése es el trabajo que llevan haciendo años miles de temporeros extranjeros. A destajo. A razón de 2,5 euros la caja. “Un jornalero experto puede hacerse hasta 25 cajas al día”, asegura Esponera. Dice que vienen de Rumania familias enteras, muchos de ellos gitanos. Los mismos cada año. La mayoría no han llegado aún, sin embargo, por culpa del coronavirus. “Ya en Córdoba [donde la recogida comienza antes] hubo problemas de mano de obra”, añade, que se solventaron contratando trabajadores de la zona.

Pero en Cuenca va a ser imposible. En Las Pedroñeras, la capital del ajo, sólo viven 6.600 personas, insuficientes para tanta faena. “Y no hay plan B”, lamenta el responsable de UPA, “si los ajos se quedan en el campo, una vez arrancados el seguro no cubre la pérdida”. Con el millar de personas que se han apuntado en la bolsa de empleo del servicio público de empleo, el centenar que lo ha hecho en los ayuntamientos de la zona y los que han acudido a UPA en busca de trabajo, será imposible cubrir las necesidades de mano de obra. “Muchos españoles prefieren trabajar en las naves, no quieren hacerlo al aire libre porque piensan que es más duro”, resume.

Cuarentena en origen, pruebas del virus en España

Pero no se trata sólo de que los españoles sean reacios a volver al campo. También, y en ese punto coinciden las organizaciones agrarias, los empresarios prefieren trabajar con las cuadrillas que llevan más de 10 años contratando. No hace falta enseñarles y son más rápidos. “No es sólo un problema de cuántos son, sino también de cómo organizar el trabajo”, aclaran en UPA. En Calanda (Teruel) recogen desde hace años el melocotón de octubre temporeros de Pakistán. En Huelva, la campaña de los frutos rojos –arándanos, frambuesas– la están salvando las mujeres marroquíes que recogieron la fresa antes de que estallara la pandemia y a las que se les ampliaron los permisos de trabajo, apuntan en Asaja. Todos defienden la contratación en origen y recelan del rendimiento y el apego de los españoles por este tipo de trabajo: o no aguantan toda la temporada o, si encuentran otro empleo en la ciudad, no dudarán en dejar el tajo. Y todos reniegan de la mala imagen que les han dejado las operaciones de la Guardia Civil que han descubierto auténticas situaciones de explotación de los jornaleros. Esponera advierte de que la Inspección de Trabajo está “muy encima”, controlando la documentación de los trabajadores y evitando la actuación de las “mafias”. Óscar Moret, responsable de COAG en Aragón, cree que los temporeros deberían ser quienes “fijaran la población en el mundo rural”: “Si se les proporcionaran viviendas dignas, traerían a sus familias y se quedarían”.

En Italia el Gobierno ha concedido una regularización temporal, durante seis meses, a jornaleros que hasta ahora trabajaban sin papeles. infoLibre ha preguntado al Ministerio de Agricultura si prevé una medida similar en España, pero no ha obtenido ninguna respuesta. UPA, por su parte, cree que “no es necesaria ninguna regularización”. Tampoco contesta Agricultura cuando se le pregunta si van a ser necesarias autorizaciones especiales como la concedida a los 250 esquiladores uruguayos a los que se permitió viajar a España para ocuparse de una tarea tan especializada que sólo ellos podían llevarla a cabo de forma eficaz. El ministerio se limita a explicar que los esquiladores “disponían con antelación de un visado de larga duración”.

Las organizaciones agrarias quieren que los jornaleros extranjeros puedan repetir este año, pero piden que la cuarentena la pasen en sus países de origen y después, en España, se les haga la prueba del coronavirus. Agricultura tampoco revela si están dispuestos a permitirlo. Los empresarios agrícolas temen una segunda pandemia: el aumento de los costes laborales –un 30%, calcula COAG– y de producción por los equipos de protección, las mayores necesidades de alojamiento de los jornaleros y los problemas para transportarlos debido a las nuevas exigencias de distancia física.

Por ejemplo, el Gobierno de Aragón ha creado un servicio de autobuses para trasladar a 82 jornaleros desde Zaragoza hasta diferentes municipios de la provincia, situados a más de 50 kilómetros de distancia de sus lugares de residencia. En Lleida, por el contrario, los temporeros que han llegado sin contrato están encontrando problemas para encontrar vivienda, protesta Moret, que cifra en un 20% el déficit de mano de obra para recoger la fruta en Aragón.

Espárrago sin cortar, fresa arrancada, cereza rajada

Y es que el relato que el sector hace de este 2020 es un rosario de calamidades. Parte del espárrago se quedó sin cortar en Guadalajara por falta de los trabajadores búlgaros que lo recogían otros años. Los empresarios de la fresa de Huelva han terminado arrancando entre un 30% y un 40% de las plantas, tras la caída del consumo por el confinamiento –es un fruto muy perecedero– y el hundimiento de los precios en origen. Y ello pese a que cubrieron la recolección prorrogando los contratos a 6.600 jornaleras marroquíes que ya se encontraban en España antes del estado de alarma, para suplir a las casi 12.000 que no pudieron desplazarse desde su país. Las lluvias rajaron la cereza de Mequinenza (Zaragoza), que se quedó sin salida comercial. Lo mismo ha ocurrido con los albaricoques, “que no se han recolectado por falta de calidad”, destaca Óscar Moret. Pero haciendo bueno el refrán de que no hay mal que por bien no venga, al haber dado menos frutos los melocotoneros este año por culpa del mal tiempo, las labores de aclareo –eliminar algunos de ellos para permitir que el resto crezca hasta alcanzar un tamaño adecuado– han necesitado menos trabajadores estos dos últimos meses. Así que no ha llegado a notarse la ausencia de los extranjeros porque los empresarios han podido dilatar las tareas en el tiempo, explica de nuevo Óscar Moret. Sólo los invernaderos de Almería y Murcia, que encadenan cultivos todo el año y por tanto, mantienen a sus jornaleros hasta ocho y 10 meses, han escapado de las penurias.

Ni siquiera el aumento del consumo de frutas y hortalizas instado por el confinamiento les ha aliviado. Las organizaciones agrarias se quejan de que la subida de precios que ha sufrido el consumidor no ha llegado a los productores. “Incluso hemos estado cobrando por debajo de costes en el caso de la cebolla, la sandía y el melón”, advierten en COAG. La cebolla, resaltan, a sólo siete céntimos. “Las grandes superficies llenan los lineales de productos de terceros países, en el caso de la cebolla de Nueva Zelanda y Perú, durante los primeros 15 días de cada campaña, y sólo empiezan a comprar producto nacional cuando cae el precio”, se quejan. COAG calcula que el diferencial de precio entre el campo y la mesa del consumidor durante el confinamiento se disparó al 1.700%.

De momento, las fronteras están cerradas hasta el 15 de junio, pero en la orden ministerial que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) se permite la entrada en el país a quienes vengan con un “motivo exclusivamente laboral, incluidos los trabajadores de temporada”. Si la desescalada sigue su curso y la actividad económica vuelve gradualmente a la normalidad, las recolecciones de ajo, fruta de hueso y las siembras de melón, sandía y tomate pueden ser las últimas que sufran la falta de jornaleros. Porque el campo no para y es intensivo en mano de obra. En septiembre empezará la vendimia. En octubre, la aceituna.

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