Martínez Dalmau: "Hay resistencia de la vieja política a regular los precios de los alquileres"

El Gobierno de Baleares ha sido noticia estos días por expropiar 56 viviendas vacías de bancos y fondos de inversión. Pero en materia de vivienda pública, quien abrió camino fue el tripartito que gobierna la Comunitat Valenciana (PSPV, Compromís, UP) al hacerse con centenares de pisos sociales por el derecho de tanteo, que viene a ser una adquisición preferente. 

Aunque la medida parece menos agresiva que la balear, el vicepresidente segundo y consejero de Vivienda valenciano, Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem) prepara un censo de casas vacías con el mismo fin, además de promover suelo público y de expandir el derecho de tanteo, dotando de competencias a los ayuntamientos de su región, una de las más castigadas por la subida de precios en los últimos años. 

PREGUNTA: La Comunitat Valenciana adquirió el año pasado hasta 235 viviendas por derecho de tanteo. ¿Van a ser más en 2021?

RESPUESTA: Sí, por supuesto. Desde que llegamos a la Vicepresidencia Segunda, hemos adquirido para el parque público más de 400 viviendas, de las cuales el 40% fueron por tanteo. El año pasado fueron 235, y este año vamos a superarlo. Hemos ampliado también el presupuesto destinado a compra de vivienda, y la compra por tanteo nos sale muy económica: nos ahorramos de media 16.000 euros comparado con la compra directa.

P: ¿Se van a construir alquileres asequibles además del tanteo?

R: También. Por primera vez en décadas hemos puesto casi 9 millones de euros para la promoción de viviendas en alquiler asequible junto con el sector privado, y ahora estamos con la cesión de suelo para construir viviendas sociales y con el proyecto de La Torre, en Valencia, que supone más de 2.000 viviendas en alquiler asequible.

P: ¿Manejan alguna cifra de viviendas sociales en su propiedad para el final de la legislatura?

R: Sí, sí. El parque actual lo conforman 17.000 viviendas, de las que 14.000 son propiedad de la Generalitat y el resto de los ayuntamientos. La idea es que a través del tanteo tanto nuestro como de decenas de municipios que tienen ya esa competencia, de la construcción o de la compra por emergencia, elevemos esa cifra hasta las 33.000 en 2030.

P: ¿Ha recibido presiones de los fondos o de otros actores?

R: Ha habido de todo. A medida que nuestras iniciativas se han revelado efectivas, ha habido una relación bastante ambivalente. Por un lado estamos comprando viviendas a fondos de inversión, como en La Pobla de Vallbona, para solucionar el problema de decenas de familias que se iban a la calle, pero por otro saben que tenemos una lucha permanente contra la especulación inmobiliaria y que vamos a controlarlos más. Hemos conseguido casas a 1.000 euros e incluso a un euro. La media de compra por tanteo son 38.000 euros. Los fondos están a la defensiva.

P: Pero ¿ha chocado con los fondos?

R: Sí. Hay una permanente falta de colaboración. Intentan buscar todas las vías para desahuciar y nos obliga a actuar con rapidez, como en La Pobla. Nos obstaculizan la entrada a las casas, no nos dan las llaves... Juegan a la picaresca, pero sorteamos sus obstáculos de mil formas.

P: ¿Y en el Govern tripartito hay división en este tema?

R: El Govern es muy plural. En materia de vivienda no he visto ningún tipo de resistencia: al contrario, me siento respaldado. Nuestro modelo suscitó pequeñas resistencias que fueron salvadas. Recordemos que la cartera de Vivienda forma parte de la Vicepresidencia Segunda. Esto no pasa en otra autonomía.

P: Su apuesta por el derecho de tanteo está judicializada. ¿Teme un revés?

R: El PP lo llevó a los tribunales, como lleva todo: pone palos en las ruedas permanentemente. ¿Por qué? Porque con la vivienda no hacemos una política basada en el negocio como en Madrid, sino en la vivienda como derecho. El PP está permanentemente alerta para judicializar todos los casos, y este también: lo recurrió por la forma, porque fue un decreto-ley. Pero gracias a ese decreto hay 400 familias más que pueden tener una casa. Veremos qué dice el Tribunal Constitucional. Confiamos en que prevalezca el artículo 47 de la Constitución. Como constitucionalista que soy no espero un revés.

P: Volvamos a la construcción de vivienda social. Los países de nuestro entorno tienen hasta un 20% de parque público. Eso en España son cinco millones de viviendas más. ¿No cree el tanteo o la compra directa de vivienda son insuficientes?

R: En primer lugar, hay que definir bien vivienda social, porque incorpora promociones públicas, promociones privadas...

P: Me refiero a alquileres asequibles

R: Efectivamente. Es un concepto que era controvertido: en la Comunitat Valenciana eso de “asequible” deja mucho que desear. Nosotros creemos en un modelo público como en Europa, en un parque público de viviendas asequibles. Arrendamientos garantizados por el Estado y adaptados a las necesidades de las familias: unas que paguen 50 euros y otras 400.

P: ¿Hay alguna estimación de viviendas vacías en su región?

R: Ninguna fiable todavía. Estamos justo trabajando en eso. Dentro de un año creo que podré decir cuántas hay exactamente. Son centenares de miles solo en nuestra comunidad. Hay que ir incorporándolas al parque público vía diferentes mecanismos: concurso público, compra de emergencia, tanteo, etcétera.

P: ¿Cómo ve la negociación de la Ley de Vivienda a nivel estatal?

R: Se dan debates donde no debería debatirse nada: hay un pacto de legislatura para un Gobierno de coalición que dice claramente que tiene que haber una regulación de los precios de los alquileres. Otra cosa es que se discutan los mecanismos de dicha regulación. Pero debe ser una ley que fortalezca los mecanismos de tanteo, la promoción de alquileres públicos... Parece que hay resistencias basadas en la vieja política.

P: Transportes dice que prefiere compensar fiscalmente a los propietarios

R: Sí, el modelo portugués, que en realidad no es exactamente así. El problema en España de la vivienda tendrá soluciones poliédricas, no una sola. La Ley de Vivienda debe de ir acompañada por las comunidades autónomas. Por ejemplo, hemos multiplicado por nueve las ayudas para la vivienda de alquiler que daba el PP. Hay que regular el precio del alquiler.

P: ¿Cree que el concepto de “grandes tenedores” debería de reducirse de 10 a cinco inmuebles, como pide UP?

R: Se tiene que valorar, claro que sí. No me preocupa tanto el número de viviendas como el propietario: si son particulares, si son fondos de inversión que hacen negocio con el alquiler turístico que crea una serie de problemas en alquiler, si las viviendas están deshabitadas o tienen un uso fraudulento... A mí no me preocupa tanto que alguien tenga X viviendas, sino si esas casas están habitadas.

P: ¿Y qué hacer con los alquileres turísticos? El impacto del modelo Airbnb en València antes de la pandemia era considerable

R: En la Comunitat Valenciana aumentó el precio del alquiler un 60% en pocos años. Eso es insostenible. Muy por encima de ciudades como Barcelona o Madrid. Y eso se debe, sin ninguna duda, al alquiler turístico. Los alquileres turísticos tienen que estar mucho más regulados, más vigilados para acabar con los VUT piratas que no reúnen las condiciones legales, y mucho más limitados a determinadas zonas. Para que no perjudique al vecindario ni tensione el mercado inmobiliario.