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Un coronel de pon y quita

Publicada el 02/05/2021 a las 06:00

Con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2020, se convocó la tradicional manifestación, que el Delegado del Gobierno permitió por considerar que no existía ningún peligro de alteración del orden público ni para las personas y para los bienes, como sucedía en otras manifestaciones y concentraciones que se celebraron en esa fecha: el mitin de Vox en Vista Alegre, partidos de fútbol y multitud de actos colectivos. Nadie podía esperar que la decisión de no oponerse al ejercicio de un derecho fundamental se convirtiese en un hecho presuntamente delictivo.

Nos encontrábamos en los albores de la aparición del virus covid-19 y el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, con fecha 2 de marzo, había calificado la situación, en general, como de riesgo, entre moderado y elevado. La Organización Mundial de la Salud, después de valorar todos los datos que había recibido de 114 países, el día 11 de marzo, declara el estado de pandemia. Estos datos, unos previos y otros posteriores al 8 de marzo, en cualquier sociedad estable, equilibrada y democrática, son suficientes para generar un debate, en términos estrictamente científicos y sanitarios, sobre las decisiones que se habían tomado en esa fecha y las que se deberían adoptar en el futuro.

Las decisiones pudieron haber sido erróneas pero, en mi opinión, en ningún caso delictivas. Después de una campaña mediática, centrada exclusivamente en la manifestación feminista del día 8 de marzo, se creó el clima necesario para que alguien tomase la iniciativa de presentar querellas o denuncias demenciales por estimar que se habían cometido posibles homicidios imprudentes, derivados de una decisión administrativa que se consideraba, inicialmente, como prevaricadora.

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid (que terminó archivando provisionalmente las diligencias), tramitó la denuncia, presentada a título individual por un abogado desconocido, que también se dirigía contra el Presidente del Gobierno, por lo que la remitió, en parte, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La jueza llegó a la conclusión de que el Delegado del Gobierno le iba a ocultar datos, quizá sin darse cuenta que lo estaba considerando ya como un posible delincuente que, con toda seguridad, trataría de eliminar las pruebas. Lo demostró, encargando sorprendentemente al Coronel Pérez de los Cobos para que nombrase una unidad de investigación que actuaría con riguroso secreto para evitar que el "culpable" pudiese manipular o destruir los datos que manejó para no oponerse a la manifestación, a pesar de que existía un riesgo de contagio.

Desconfía a priori del deber de lealtad, transparencia y objetividad del Gobierno, encomendando secretamente una diligencia sobre el curso que se dio "al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en lo que a España se refiere". En concreto, solicitó un informe sobre cuál fue el "órgano de recepción oficial de dicho informe en nuestro país, difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid (fechas, texto literal remitido)". Que cada uno saque las conclusiones que se pueden obtener de esta anómala actuación judicial. El informe elaborado, de ochenta folios, termina filtrándose a un medio de comunicación que como es lógico lo publica, sin que el Coronel Pérez de los Cobos diese explicación satisfactoria alguna sobre el origen de tan grave negligencia.

La Directora General de la Guardia Civil consideró que esta fuga de información justificaba suficientemente la pérdida de confianza en el Jefe de la Comandancia que, en cumplimiento de las normas reguladoras del régimen del personal de la Guardia Civil, había designado libremente. Lo sucedido implicaba, por lo menos, una negligencia merecedora de la revocación del nombramiento. El Ministro del Interior confirmó, en el ejercicio de sus atribuciones, que procedía la propuesta de cese.

Ante la demanda de la anulación del cese que presenta el Coronel Pérez de los Cobos, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo considera que el acto de cese es nulo por no estar suficientemente motivado, sin tener en cuenta la numerosísima jurisprudencia que consagra la libertad de decisión, en los casos de cargos de libre designación. Cualquier persona, sin necesidad de conocimientos jurídicos, puede comprender que si se tiene libertad absoluta para la designación, también se tiene para la destitución. El incidente me recuerda una divertida historia que me contó uno de sus protagonistas. El Presidente del Gobierno designó Ministro a un buen amigo que recibió el encargo con notable euforia y voluntad de trabajo. Pasado un tiempo remodeló el Gabinete y decidió cesarle. Recibió la noticia con evidente irritación. Enojado, decidió pedir audiencia al Presidente para que le explicase su pérdida de confianza. La respuesta que recibió no pudo ser más lapidaria y contundente: ¿Me preguntaste por qué te nombré?.

El proceso judicial sigue su curso y, como era de esperar, el Ministerio del Interior por medio de la Abogacía del Estado acaba de presentar el oportuno recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente y, entre otras alegaciones, acusa al Juez de haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva que merece la decisión del Ministro. Denuncia, y esto es más grave, que el Juez ha introducido en el relato de hechos probados manifestaciones de Pérez de los Cobos que "contradicen el resultado de las pruebas practicadas". Por supuesto también niega que se haya cometido una desviación de poder ya que siempre se actuó con arreglo a la normativa que rige los ceses por pérdida de confianza.

Vengo denunciando el exceso de intervencionismo o activismo judicial en casos en los que los hechos que se denuncian pertenecen al ámbito de las decisiones estrictamente políticas y esta es la razón por la que me he decidido a escribir estas líneas. Hemos visto numerosas resoluciones judiciales en las que se cesa a Presidentes de Autonomías o de los Parlamentos autonómicos por decisiones o actuaciones que entran dentro del campo de sus competencias, recibidas por el voto de la soberanía popular. Si seguimos por esta senda, sin objeción alguna por parte de los constitucionalistas o representantes políticos, caminamos hacia una subversión de los principios constitucionales que proclaman que la forma política del Estado Español es una monarquía parlamentaria. A la vista de lo que está sucediendo, realmente vivimos bajo una Monarquía judicial. 

___________________

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo, comisionado de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra y abogado.

 

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23 Comentarios
  • diego lopez diego lopez 03/05/21 11:10

    Como apunta Petin 1, la jueza quizá intenta borrar el "oprobio" de ser descendiente de un "traidor" al "glorioso movimiento nacional".
    La clase media española aprendió muy bien la lección: apoyar a la chusma, querer modernizar y europeizar España es un delito que se paga muy caro. Así que hay que borrar ese pasado culposo que mancha a toda la familia. Hay que apoyar a la "gente de bien", a la "gente de orden", no desviarse de la moral católica, de la ideología reaccionaria propia de la clase dirigente.
    Salud y República

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  • Evaus Evaus 03/05/21 02:09

    Brillante artículo, sobre unos jueces para sospechosos de que la emoción (Pp) les p`riva del conocimiento.

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  • Poirot Poirot 02/05/21 23:41

    Recuerdo lo ya dicho por mí: el art. 1.2 de la CE dice "La soberanía reside en el pueblo [NO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, eso lo digo yo], del que emanan los poderes de Estado". El poder judicial está funcionando sin que el PUEBLO SOBERANO lo haya elegido. Sucede que los 7 hijos de puta que escribieron la CE dicen una cosa en el primer artículo, y la contraria artículos después. Y amparándose en esa MIERDA escrita, se cumplen algunas cosas y se INCUMPLEN muchas otras. Y lo más chungo es que la escribieron sin consultar con el PUEBLO, dejaron escrito en ella el nombre de un REY LADRÓN, y para deshacer los errores nombran a un tribunal PROSTITUCIONAL en el que han estado un miembro con carné del PP, otro miembro BORRACHO y otro AGRESOR de género. Eso de entre 20 miembros, un buen porcentaje de GENTUZA y calaña. Claro que todo está atado y bien atado con una gran y mal oliente cagada.

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  • Petín 1 Petín 1 02/05/21 22:24

    La lectura de sus esclarecedoras razones, es una lección muy clara para los iletrados en cuestiones jurídicas.

    Sus aclaraciones dejan en un brete a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, una jueza que no tuvo ningún problema para instruir las acusaciones, creo que bastante bien fundadas, a los “titulados” Casado y Cifuentes y con antecedentes familiares dignos de encomio es nieta del difunto comandante de la G.C. José Rodríguez-Medel, asesinado el 18 de julio del 36 en Navarra al intentar oponerse a los golpistas de Mola.

    Desde luego que los errores cometidos y destapados, no hablan nada bien de un recto proceder y parecen motivados, más por amistad a Pérez de los Cobos, que por razones de Justicia.

    Lamento mucho tener que cambiar de opinión sobre esta jueza, pero las razones, opinión y sapiencia de usted me es más creíble.

    Muchas gracias por sus aclaraciones y lecciones.

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  • arrossinat arrossinat 02/05/21 22:05

    Muchas gracias, Sr. Martín Pallín, por hacer públicas UNAS VERDADES que, como ya era de esperar en este desgraciado país, han ocultado o manipulado los medios de comunicación de mayor difusión (que están en manos de oscuros poderes económico-políticos). ¡Es vergonzoso, intolerable y delictivo!
    También en su periódico digital “hermanado”, elDiario.es, hoy Dña. Elisa Beni coincide en denunciar la bochornosa e indecente parcialidad “semper ad dextram” de muchos “jueces” en querellas que afectan a políticos o a ideas políticas.
    ¡Y luego nos toman por idiotas queriendo convencernos de que “esto” es una Democracia Plena!

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  • Hammurabi Hammurabi 02/05/21 20:59

    Un lujo leerle y agradecerle el señalamiento de muchos de los recovecos, que tenemos en nuestra plena democracia.

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  • jumar jumar 02/05/21 20:11

    Sr. Martín Pallín, me alegro de leerlo y agradezco el punto de vista experto y acreditativo, que viene a corroborar y afianzar lo que muchos venimos defendiendo según nuestras posibilidades.

    Al igual que otras veces, al menos yo, observo comportamientos delictivos en esta y en otras actuaciones que por tratarse de funcionarios a los que se les paga para esclarecer, cumplir y hacer cumplir la ley, no alcanzo a entender, porque en el sistema no hay quien de oficio proceda a, por lo menos a INVESITIGAR estas presuntas acciones delictivas (al menos tanto como al resto de ciudadanos).

    La verdad es que cada vez somos más los que pensamos que el sistema judicial (léase un subconjunto) está podrido y delinque un día si y otro también, actuando de parte (es decir siempre de la misma parte derecha), por activa y pasiva.

    Ánimo y cada vez que pueda compartir su experta y acreditada opinión al menos yo le agradezco que lo haga.

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  • Chinchirina Chinchirina 02/05/21 20:10

    D. José Antonio, más claro el agua. Ahora, lo que no se dice es como, mientras tanto, la prensa se ha encargado de engrandecer el currículo del Ser, Pérez. Al principio se decía, que era número uno en todas las promociones en las que se presentaba. Hasta se decía que la OTAN estaba persuadiendo a Dª Margarita para que se hiciera cargo de la presidencia. Lo más increíble es que hace un año, en su historial, se decía que hablaba nueve idiomas y tras el rifirrafe con la directora de la GC se dice que no son nueve, que son doce, incluyendo el Euskera. En menos de un año tres idiomas. Igual se equivocó de carrera.

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  • lagun50 lagun50 02/05/21 20:05

    Muchas gracias por su artículo tan esclarecedor Sr. Martín Pallín.
    Parece mentira que la lucha política entre partidos se haya instalado en el poder judicial. Que yo sepa ningún juez ha planteado a sus colegas que ya está bien de menoscabar y desprestigiar entre ellos mismos el ejercicio de una materia tan sensible como la justicia, uno de los tres poderes del Estado, lo que en mi opinión es un síntoma muy peligroso de hasta qué punto se está degradando la calidad democrática de las instituciones. Esta situación por supuesto favorece a Vox que no cree en la democracia sino tan solo como instrumento para alcanzar el poder político para implantar su autoritarismo y una visión única del mundo. Parece que el thrumpismo ha llegado con retraso a Europa, y las derechas reaccionarias están sacándole ya provecho: cualquier día arman un asalto al Congreso de los Diputados como el del Capitolio

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  • Antonio Basanta Antonio Basanta 02/05/21 18:25

    Siguiendo la línea argumentativa de Martín Pallin. Se investigó al Sr Franco, delegado del Gobierno en Madrid por la manifestación de mujeres el 8-M. ¿Es una casualidad que no se le investigara por los partidos de futbol de esos días que tuvieron mas del triple de asistentes y además en espacios sin movimiento? ¿También es una casualidad que no se le investigara por no prohibir la concentración politica de Vox? ¿Y tampoco por no haber cerrado el metro de Madrid ese día y el anterior y el siguiente? Eso demuestra que la causa es una investigación de tipo político o persecutorio políticamente dirigido por una jueza politica y familiarmente emparentada con la Guardia civil. Cuando la jueza encargó una investigación a la Guardia civil ¿A quien se la encargó a los concretos guardias civiles como policía judicial o dijo que el cargo a dedo Perez de los Cobos podía conocer impunemente los informes de la policía judicial'?: Que yo sepa la policía judicial son unos señores que no son sus jefes, que tienen el deber de no conocer nada de la policía judicial. ¿por qué la sra jueza se lo encargó a la Guardia civil sabiendo que el debido destinatario era la la Policia Nacional? Si el sr Perez de los Cobos sabía... ¿Lo debía saber o era una intromisión en la justicia? El sr de los Cobos es el responsable político de la filtración a no ser que el sr de los Cobos demuestre que la responsable de la filtración era la jueza. Si la Guardia civil como policía judicial tienen el deber de secreto de las actuaciones ¿Por qué se filtró a los medios las actuaciones secretas' ¿Quién fue el responsable de esa filtración? Suponiendo que no fuera la jueza el responsable de la filtración interesada es el sr de los Cobos, aunque el filtrador fuera uno de sus guardias porque la misión del sr de los Cobos, es que no se filtre nada y si fuera así acusarle por delito a uno de sus guardias ¿Cómo puede ser mando y ni tan siquiera estar en la Guardia civil una persona que es el responsable de la filtración como cualquier mando tiene que ser responsable de sus guardias Si no los denuncia por delitos? La mínima higien democratico pone al sr de Los Cobos en su casa porque la sociedad no se fía de él.

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