En EEUU hay 11 Estados al borde de la quiebra

Estamos ante un desastre muy norteamericano, perfectamente evitable y grotesco; un psicodrama que, una vez más, pone a la primera potencia económica occidental al nivel de un país en vías de desarrollo, gestionado sin sentido común ninguno. Y, esta vez, Donald Trump no tiene la culpa.

El año fiscal da comiezo el 1 de julio. Y, en esta ocasión, los habitantes de 11 Estados, entre ellos Illinois y Nueva Jersey, se han enterado de que sus representantes no han alcanzado un acuerdo sobre los presupuestos antes de la fecha tope que marca la ley. Y, como consecuencia de ello, ante la falta de crédito, los servicios públicos han cerrado en masa. En Nueva Jersey, 50 parques estatales han echado el cierre de la noche a la mañana, incluidas las playas públicas, en vísperas del fin de semana en que se celebra la fiesta nacional con motivo del día de la Independencia; los guardas forestales dedicaron 24 horas a la evacuación, preventiva, de campistas y scouts, antes de declararse ellos mismos en paro técnico hasta nueva orden.

En Illinois, un Estado que se jacta de albergar los mercados de futuro de Chicago, puede que vea pronto cómo las agencias de rating degradan su nota hasta uno de los niveles más bajos del mundo, dado que no pueden ofrecer ninguna garantía de pago a sus miles de proveedores. Wisconsin, sin presupuestos, también suspendió durante el fin de semana los servicios “no esenciales”, y ahora los créditos para las cárceles, la Policía y los hospitales públicos: deberán encontrar cómo salvar un déficit de mil millones de dólares, provocado por una caída de ingresos, mayor de lo previsto, en un impuesto sobre la gasolina. Maine y Connecticut, pese a haber celebrado maratones legislativos en sus respectivas administraciones locales, tampoco han conseguido aprobar a tiempo los presupuestos.

Donald Trump –hay que decirlo– y el Estado Federal de Washington no tienen ninguna responsabilidad técnica directa en esta farsa. Sin embargo, no cabe duda de que la atmósfera política nacional, la división cada vez más irremediable de los partidos americanos y la espiral populista de los republicanos desde 2012 han contribuido a esta situación de callejón sin salida.

El caso de Illinois es el más llamativo. Bruce Rauner, un hombre de negocios local, fue elegido gobernador en 2014; prometía una bajada de impuestos y control del gasto público, para contrarrestar las subidas fiscales impuestas durante cuatro años por la mayoría demócrata de la Cámara legislativa del Estado. Estas subidas no se aplicaron en 2016, en un mensaje claro enviado con la elección del nuevo gobernador... pero todavía no se ha encontrado la manera de llenar el agujero, por importe de 7.000 millones de dólares, en los ingresos del Estado.

En California, los legisladores no consiguieron consensuar unos presupuestos en tiempo y forma y, mientras persista la situación, no pueden cobrar sus sueldos. En cualquier otro Estado, un bloqueo semejante supondría el cierre provisional del Gobierno –una vergüenza que vivió el Estado federal en 2005–, lo que generalmente no es motivo insuficiente para alcanzar un compromiso de acuerdo.

Illinois, por su parte, ha podido sobrevivir en los últimos tres años sin votar los presupuestos, aprobando individualmente buena parte del gasto previo, sin preocuparse por el descenso de los ingresos fiscales. El gobernador nunca ha cejado en su proyecto de bajada de las ventajas sociales para los funcionarios, considerado una panacea frente a la caída de las inversiones. En lo que respecta a los demócratas, rechazan una bajada impositiva local que causaría estragos en las escuelas públicas.

Mientras persista el bloqueo, primero serán los ciudadanos más débiles y los peor representados los que sufrirán las consecuencias. Los sin techo y las mujeres víctimas de la violencia de género se quedan en la calle por el cierre de las residencias; los enfermos de zonas más desfavorecidos, cuyos seguros públicos locales ya no tienen validez en los dispensarios, deben pagar en metálico las prestaciones sanitarias. En cuanto al personal sanitario de los centros sociales, hace dos años que no perciben en su totalidad sus sueldos.

La situación se ha degradado tanto que la agencia de rating Standard & Poor’s amenaza con degradar, próximamente, hasta el bono basura los títulos de Illinois, en caso de que no se alcance un acuerdo presupuestario. Una decisión amenazadora: el coste de los préstamos públicos del Estado aumentaría de forma vertiginosa, penalizando aún un poco más las cuentas públicas, ya catastróficas. A falta de financiación de urgencia, la Comisión de Enseñanza Superior de Midwest puede retirar pronto su acuerdo a las universidades. El fin de los préstamos a los estudiantes podría obligarlos a tratar de continuar sus estudios en otros Estados.

El Estado ya ha suspendido la lotería. Y es que sería incapaz de hacer frente al pago, en caso de otorgar un eventual premio gordo. Además, cuando en el mes de agosto se prevé un déficit de 158 millones de dólares, sólo en concepto de pagos obligatorios, exigidos por decisión judicial, Illinois puede verse obligado a dejar de pagar las pensiones de sus funcionarios, incluso los salarios de la función pública. El pasado fin de semana Susana Mendoza, la state comptroller (ministra local de Finanzas) anunció el riesgo de un “descarrilamiento inmediato” y aconsejó a la ciudadanía que “se preparan para el shock”.

Frente a electores irredentos

Así las cosas, el rechazo al compromiso y al miedo, en un ambiente político nacional incandescente, a tener que responder sobre sus decisiones ante un electorado enfadado –con los dos partidos– llevan a bloqueos irremediables. En Nueva Jersey –cuyo gobernador Chris Christie, excluido del entorno de Donald Trump en Washington, no ha renunciado a tener una carrera de envergadura–, el bloqueo de un presupuesto de 35.000 millones de dólares tiene su origen en un conflicto con los demócratas sobre un oscuro contrato entre el Estado y una compañía de seguros médicos.

Christie, para recordar su versión de los hechos y estigmatizar al enemigo, colgó la foto del presidente demócrata de la asamblea de Nueva Jersey, Vincent Prieto, en la entrada de un parque natural cerrado durante el fin de semana debido al cierre provisional del Gobierno. “Este lugar está prohibido al público por este hombre”, dice el cartel, donde también figura el número de teléfono de atención del cargo electo. Christie, por su parte, tiene previsto pasar el fin de semana posterior al 4 de julio en una residencia oficial reservada al gobernador, situada… en uno de estos parques prohibidos a sus ciudadanos por la crisis presupuestaria.

Al tomar como rehenes de semejante manera a la población, los representantes políticos intentan responder ante todo a las exigencias de sus electorado más irredento y apuestan por una campaña de imagen que culpe de la responsabilidad del desastre a la oposición.

Pero la apuesta es arriesgada. En el Estado de Maine, también en vías de cerrar su Gobierno, los electores no se dejan engañar por los gestos políticos de turno. Después de dos años de colaboración correcta con su asamblea demócrata, el gobernador republicano, Paul Lepage, enseguida rechazó cualquier compromiso relativo a la bajada de impuestos sobre la renta que reclamaba, comprometiéndose incluso a asumir el cierre de los servicios públicos si no quedaba satisfecho. Las promesas tienen límites. Lepage, según las últimas noticias, trabaja con sus rivales a puerta cerrada en una solución, que le evitaría una pérdida de prestigio.

La repentina deficiencia de los gobernadores republicanos, mayoritariamente en los programas de gestión inteligente de las finanzas públicas, se suma a problemas contables. En Wisconsin, un error de previsión de los ingresos obtenidos de un impuesto sobre la gasolina obliga al gobernador Scott Walker, ya denigrado por los demócratas por sus daños a la función pública, a tratar de recurrir lo antes posible a un préstamo de medio millón de dólares, aprobado gracias a los republicanos en la asamblea. El medio más sencillo es la aprobación de una tasa a los camiones, que se viene posponiendo desde hace años, pero de momento excluida a pesar del riesgo de una quiebra del Estado. Scott Walker opta a un tercer mandato en 2018. Para él, los riesgos son mayores que los beneficios.

Connecticut, uno de los Estados más ricos de América, también es uno de los peor calificados por las agencias de rating. Gobernado por un demócrata y por una asamblea que cuenta con una débil mayoría del mismo partido, este Estado paga muy cara su generosidad fiscal a los ciudadanos que a diario van a Wall Street. El último déficit presupuestario, superior a 5.000 millones de dólares, ha generado una importante batalla ideológica en la asamblea sobre la necesidad de subir los impuestos locales sobre la renta, de los más bajos del país. Dannel Malloy, el gobernador, ha optado por reconducir el gasto público vía decreto, pero la guerra podría eternizarse durante meses.

En Oregón, el único Estado de la costa oeste en situación de crisis presupuestaria, el gobernador demócrata pudo obtener un compromiso sobre el aumento del impuesto de sociedades. La sorpresa llegó con una diputada republicana en la asamblea del Estado, de repente muy furiosa en contra de este impuesto que financia el seguro médico local que trata de promover un referéndum para bloquearlo. Una vez más, el ruido lleva aparejado un riesgo, el de paralizar un Estado y el de perjudicar a los ciudadanos más débiles. Claro que le va a permitir, a buen seguro, hacerse un nombre.

Traducción: Mariola Moreno

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