Primera victoria del 'lobby' de las armas en Brasil

“Para garantizaros este legítimo derecho a la defensa, yo, como presidente, utilizaré esta arma”, soltaba Jair Bolsonaro, apuntando con un bolígrafo a la cámara, antes de firmar, el pasado martes 15, el decreto que facilita la posesión de armas de fuego en Brasil –únicamente en casa y en el lugar de trabajo–. “Ahora, el buen ciudadano puede vivir en paz en su casa”, continúa el presidente, que asumió el cargo el pasado 1 de enero.

Después de 15 días de anuncios estrepitosos y de desdecirse, a veces de forma humillante, este decreto supone la primera medida verdaderamente significativa que toma el nuevo presidente, según la prensa brasileña. También se trata de una de sus principales promesas de campaña.

Los futuros compradores ya no tendrán que demostrar la necesidad de poseer un arma: “Los criterios eran demasiado subjetivos”, dice el presidente, que apuesta por la “buena fe” de los ciudadanos. La Policía federal continuará revisando los expedientes, pero ahora tendrá que asumir que los datos proporcionados son ciertos y justificar cualquier negativa.

En lo sucesivo, será suficiente con vivir en una zona urbana donde la tasa de homicidios sea superior a 10 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en un país asolado por la violencia, ningún Estado de la federación cuenta con una tasa inferior (el promedio nacional es de 30,8 homicidios por cada 100.000 habitantes). Sin embargo, no todas las armas son accesibles en venta libre.

Aunque la cuestión de la legalidad del decreto aún no se ha dirimido, el presidente del Tribunal Supremo (STF) parece haber dado su aprobación. Sin embargo, los profesionales del sector no esperan de momento un boom de las ventas dado el precio prohibitivo de las armas en Brasil.

Muchos votantes de Bolsonaro, menos seducidos por su programa que horrorizados por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, no apoyan el conjunto de medidas que quiere aplicar. Para el presidente, se trata sin embargo de una oportunidad para enviar una señal de fortaleza a su base electoral más convencida. Especialmente en las zonas rurales, donde los conflictos por la tierra son más frecuentes. Los residentes en zonas rurales tendrán ahora derecho a poseer un arma. Se espera que aumenten los asesinatos de activistas, alentados por el discurso de odio del presidente, que califica a algunos de “terroristas”.

Durante la ceremonia de firma del decreto, Bolsonaro criticó la ley de desarme de 2003 aprobada con Lula en el Gobierno que, supuestamente, “le quitó el derecho a los buenos ciudadanos a defenderse”. Inmediatamente después de su elección, el nuevo presidente declaraba su intención de ampliar el concepto de autodefensa a todos los ciudadanos armados y de querer facilitar el derecho a poseer armas, que permite circular armado. Para ir un paso más allá, necesita ahora el apoyo del Congreso. Ya ha cambiado el nombre de los parlamentarios de la “bancada da bala” (el lobby de las armas de fuego) como el “lobby de autodefensa”lobby.

Los Gobiernos sucesivos del PT no han logrado revertir la tendencia de los homicidios y han dejado en gran medida a los Estados solos para abordar las cuestiones de seguridad pública. Sin embargo, varios estudios demuestran que la ley de desarme ha salvado más de 160.000 vidas desde su creación. Para el investigador Daniel Cerqueira, entrevistado por el diario El País, “la ley no ha invertido la curva de homicidios, pero ha permitido frenar su crecimiento”.

Entre 1980 y 2003, la tasa de homicidios aumentó un 8% anual. En 1996, Naciones Unidas consideró un distrito de São Paulo como el más peligroso del mundo, incluidas las zonas de guerra. A pesar del deterioro de la situación de seguridad desde 2016, tanto en São Paulo como en Río de Janeiro, los homicidios han disminuido con relación a esos sangrientos años. En cambio, la guerra de bandas, que se extendió por todo el país, contribuyó al aumento de los homicidios en zonas que antes estaban relativamente intactas.

En un país con 64.000 homicidios al año (43.000 por arma de fuego), los asesinatos sin arma de fuego no han aumentado desde la década de 1990. Una parte de la población espera poder defenderse mejor teniendo un acceso más fácil a las armas.

Según Daniel Cerqueira, la mayoría de los asesinatos no están causados por delincuentes, sino por ciudadanos comunes y corrientes que “pierden la cabeza en un momento de ira” por motivos fútiles, como los conflictos de vecindad. También es probable que aumenten los accidentes y los suicidios. Pero el ministro Onyx Lorenzoni, que en la práctica realiza funciones similares a las del primer ministro, ha asegurado que los accidentes se evitarán con buena formación. Sin embargo, la comparación que hace entre los peligros de las armas para los niños y las batidoras en las cocinas no fue convincente.

Robert Muggah, director de investigación del Instituto Igarapé, entrevistado por Reuters, dice que “ningún estudio serio prueba que facilitar el acceso a las armas mejore la seguridad pública, pero existen evidencias de que una regulación responsable reduce los homicidios con armas de fuego de civiles y de policías por igual”.

En las filas de la Policía, algunos temen un aumento de las víctimas civiles en intervenciones rutinarias: los agentes de policía estarán más tensos debido a la mayor probabilidad de enfrentarse a personas armadas. Sin embargo, la Policía brasileña ya es la más violenta del mundo, con más de 5.012 muertos en 2018. En Brasil circulan unas 646.000 armas legales, frente a los ocho millones de armas ilegales.

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Los críticos dicen que el aumento del número de armas en circulación hará más fácil que los delincuentes las roben. El mismo día en que se firmó el decreto, un hombre mataba a su compañera sentimental en un centro comercial con un arma legal que había robado del lugar donde trabajaba.

En 1995, el propio Bolsonaro fue atracado por unos delincuentes que le habían robado el arma. Sin embargo, tuvo suerte, porque según un estudio reciente, las personas a las que se apunta con armas robadas tienen un 56% más de probabilidades de ser asesinadas. Como denuncia el periodista Leonardo Sakamoto en su blog, el Estado reniega de su responsabilidad, y Bolsonaro “reescribe el contrato social que nos impide matarnos unos a otros, restituyendo a los ciudadanos la responsabilidad de garantizar su propia seguridad”. ___________

Traducción: Mariola Moreno