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La Justicia tumba el ERE de Telemadrid

  • El Tribunal Superior de Juticia de Madrid ha declarado "no ajustado a derecho" el expediente por el que fueron despedidos 861 trabajadores
  • A pesar de que amenazó con el cierre si el fallo era favorable a los trabajadores, González dice que la Corporación seguirá funcionando 

Infolibre
Publicada el 09/04/2013 a las 12:55 Actualizada el 09/04/2013 a las 14:57
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El Tribunal Superior de Juticia de Madrid ha declarado el ERE de Telemadrid –por el que fueron despedidos 861 empleados de la Corporación pública– "no ajustado a derecho"Los despedidos recibieron la indemnización mínima que fija la reforma laboral del PP: 20 días de salario por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. Al haber declarado improcedentes los despidos, los empleados tendrán ahora que ser readmitidos o indemnizados con 45 días y 42 mensualidades por los años trabajados hasta el 12 de febrero de 2012 –cuando entró en vigor el nuevo marco laboral– y con 33 años y 24 mensualidades a partir de entonces.

El presidente de la Comunidad, Ignacio González, que amenazó el pasado febrero con el cierre en caso de que el fallo fuera favorable para los trabajadores ha garantizado este martes que Telemadrid seguirá funcionando "ajustado al ERE que se produjo", según informa Europa Press. 

A pesar del fallo del TSJM, el líder del Ejecutivo madrileño ha indicado que lo que hace la sentencia es "dar la razón al consejo de administración de Telemadrid, que ordenó la rescisión de contratos de los trabajadores por las causas alegadas".

En tres demandas colectivas presentadas por los sindicatos CCOO, UGT y CGT, los trabajadores pidieron al juez que considerara "nulos" sus despidos porque, a su juicio, el proceso había estado "plagado de irregularidades". Entre ellas, la "falta de justificación o el carácter no ajustado a derecho del despido colectivo por no haberse acreditado la concurrencia de causa económica indicada en su comunicación". Los trabajadores también acusaban a la empresa pública de "no haber entregado la información básica obligatoria en el período de consulta que marca el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, ni los informes de servicio público de los últimos años, ni las cuentas provisionales del 2012 del ente público y sus dos sociedades, entre otra documentación que marca la ley".

Además, los representantes de los trabajadores critican que, durante el proceso, la dirección "se negó a negociar y a valorar las propuestas de la representación sindical para evitar los despidos" planteadas.
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